30 de septiembre 2020
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El 13 de julio de 2018, después de dos meses y medio defendiendo presos políticos, la abogada Yonarqui Martínez tuvo que abandonar su hogar. Salió custodiada por su chofer en medio del estruendo de las balas que, a dos kilómetros de distancia, disparaban paramilitares sandinistas contra estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Dejó a sus cuatro hijos en un lugar seguro y dos años después no los ha podido recuperar.
Después de separarse de sus pequeños, Yonarqui inició un periplo por casas de seguridad que aún no termina, y ha tenido que estar a cargo de la defensa de presos políticos al tiempo que ella misma es objeto de amenazas de muerte y ha enfrentado una causa judicial en su contra. Incluso, ha sobrevivido a accidentes "misterioros".
Defender a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega ha implicado “muchos riesgos, renunciar a cosas a las cuales estaba acostumbrada, pero la parte más dura fue haberme separado de mis cuatro hijos”, lamenta. También ha implicado pérdidas financieras porque “defender Derechos Humanos es tener empatía con la gente, pero no es que te va a traer una gran remuneración económica, es más una satisfacción como ser humano”, continúa.
Yonarqui Martínez, de 37 años, tenía claro que su casa no era un lugar seguro. Era vecina del tesorero del Frente Sandinista, Francisco López, y en la calle donde vivía se mantenían hombres armados. En algunas ocasiones hasta “había drones volando” sobre su tejado. “Era una cosa horrible”, rememora.
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Desde que dejó su hogar, la abogada ha estado en 20 domicilios diferentes porque “mi seguridad se ha visto amenazada”, explica. La falta de estabilidad “es terrible” porque –quizá– “tenés dos meses en un lugar y la Policía comienza a asediarte”, señala. Esa situación la ha obligado a mudarse constantemente, conocer nuevas personas y adaptarse a diferentes ambientes.
En este vaivén defendiendo presos políticos no hay día en que Yonarqui no extrañe a sus hijos. Pero el día que salió de su casa, en medio del estruendo de las balas, también fue el inicio de un divorcio tormentoso que ella define como “una batalla legal”, y por seguridad “yo no podía estar con ellos (sus hijos)” porque recibía amenazas de muerte cada vez mayores. Afirma que llegó un momento en que se dijo a sí misma: “La del riesgo soy yo, pero yo no quiero que mi familia sufra las represalias”.
El inicio de Yonarqui Martínez en la defensa de los Derechos Humanos
Antes de defender presos políticos, Yonarqui Martínez litigaba sobre diferentes causas penales y fue asesora legal de varias empresas. Su primer acercamiento a organizaciones defensoras de Derechos Humanos fue en 2014 cuando, asegura, demostró que varias entidades estatales estaban coludidas para condenar a sus defendidos: tres trabajadores de la Alcaldía de Managua.
Los defendidos por Yonarqui eran sindicalistas con más de 20 años laborando en la comuna. Ellos “eran de tendencia liberal y tenían fuero sindical. Entonces, las autoridades municipales como no tenían excusa para correrlos, les inventaban delitos para luego negociar con quien estaba privado de libertad”, rememora.
En esa ocasión, “el abogado de la Alcaldía me dijo que ellos retiraban la acusación en los Juzgados, si ellos (los acusados) renunciado al fuero sindical, que a ellos (la parte acusadora) no les interesaba el caso”, recuerda. Esa situación llevó a Yonarqui Martínez a sentir más empatía por sus defendidos que, señala, “eran golpeados” en el Distrito III de la Policía.
Otro caso, en el que lo único que pudo hacer fue solicitar acompañamiento de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), fue el de una joven que estaba embarazada y debido a “una mala praxis en el Hospital Militar” perdió a su bebé. En ese caso, afirma, “nunca se hizo justicia”. El hospital se negó a brindar información del caso y en la Policía engavetaron el expediente.
Desde entonces la abogada visitaba ocasionalmente la CPDH y pedía acompañamiento de la organización en algunos casos. Fue así que en 2016, acompaño a un grupo de defensores de Derechos Humanos en una marcha del Movimiento Campesino anticanal.
Los primeros reos políticos defendidos por Yonarqui Martínez
El 23 de abril de 2018, una semana después que inició la Rebelión de Abril, un grupo de mujeres lloraba en la sala de recepción de la CPDH. Yonarqui había llegado a solicitar acompañamiento para un caso y al salir se topó con el grupo. Preguntó qué estaba sucediendo y el asesor legal de CPDH, Pablo Cuevas, le comentó:
“Doctora ellas lloran porque sus hijos están presos, no tienen dinero para el abogado, no tienen como pagar”, recuerda que le dijo Cuevas.
La abogada, Yonarquí Martínez, ha sufrido un par de atentados en contra de su vida. En la foto, durante la defensa de Yubrank Suazo, reo político de Masaya, excarcelado en junio de 2018. Cortesía | Confidencial
La abogada se ofreció a llevar el caso sin costo alguno y más tarde se enteró que sus defendidos serían: Michael Peña González, Fernando Ortega Alonso, Rommel Fabián Guillén, Kevin Martínez Mejía y Juan López Oporta, los primeros cinco presos políticos del régimen de Daniel Ortega. A ellos los acusaban por el asesinato de Roberto García Paladino, un hijo de crianza de Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y vecino suyo.
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Desde aquel día Yonarqui Martínez ha defendido a más de 250 presos políticos, aunque “podrían ser más” porque “ya he perdido la cuenta”, asegura. Los casos se le acumularon durante los primeros meses porque, afirma que pocos abogados se atrevían a defenderlos. “Algunos abogados llegaban a El Chipote, trabajaban uno o dos meses y después –por las amenazas– se desaparecían”, subraya.
Presos políticos sin uñas ni dientes
Cuando Yonarqui entró a los Juzgados de Managua a la audiencia de los detenidos en la marcha Somos un Volcán, el 12 de julio de 2018, se encontró una escena dantesca. Sentados estaban los presos políticos: Edwin Altamirano, quien “sangraba de un balazo en su cintura”; también las hermanas Ana Patricia y Yolanda Sánchez, estaban “golpeadas y con charneles en su piel”; y a Lenin Rojas Contreras le habían arrancado las uñas.
“Yo vi a Lenin en sala y era como un niño arrinconado que escondía sus manos”, relata la abogada. Un instante después, “lo vi a los ojos y él comenzó a llorar”, continúa. Esa imagen, advierte, “jamás se me va olvidar”. Ellos “fueron torturados a más no poder”, porque el régimen “tenía la premisa de que eran personas que habían estado (atrincherados) en la Upoli y si sabían mucho”, prosigue.
Igual de impactante fue para Yonarqui ver a la presa política transgénero, Carolina Gutiérrez (q.e.p.d.), a quien un policía le zafó dos piezas dentales de un golpe en la boca. En ese caso “se miraba la crueldad, saña y violación a los Derechos Humanos”, recuerda.
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También los casos contra menores de edad “me han impactado bastante”, valora la abogada. Casos como el de Jonathan Lira Matuz y Kevin Osorio, que fueron quemados con ácido en sus pies. Estas personas no eran muy conocidas cuando fueron detenidas y “son los que más han sufrido”.
Las amenazas, persecuciones y "accidentes"
Desde que Yonarqui Martínez defiende a los presos políticos recibe constantes amenazas de muerte. La última que recuerda ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando viajó a Jinotega al juicio del opositor Oliver Montenegro, en ese lugar “me dieron persecución los paramilitares”, relata.
También recibe mensaje en su celular en donde “me dicen que me van a dejar desmembrada, que me van a hacer picadillo, que voy a parecer como fulana”, relata la abogada.
Además ha sufrido cuatro incidentes en el cuales han atentado contra su vida. Uno ocurrió en diciembre de 2018, cuando llevó el caso del hijo de la expolicía, María Teófila Aráuz, despedida por escribir en su estado de WhatsApp: “¡Que vivan los estudiantes!”. El hijo de la expolicía murió misteriosamente en un accidente de tránsito. Durante esa defensa, Yonarqui sufrió un atentado en su vehículo. Días antes, había recibido un mensaje, en el cual le amenazaron: “Tu muerte va a ser igual o peor que el hijo de la Teófila”.
Luego, en enero de 2019, la abogada y su asistente fueron asaltados a pocos metros de su casa. También hubo una denuncia en su contra, en la cual la acusan de un supuesto robo contra una empleada del Poder Judicial, pero fue desestimada por el juez Henry Morales. Sin embargo, Yonarqui Martínez se siente afortunada, asegura, "al menos no he caído presa".
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