23 de septiembre 2020
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Corren malos tiempos para los criminales de lesa humanidad. En Madrid han condenado a 133 años de cárcel a unos de los responsables de la masacre en la UCA de El Salvador en 1989; en Koblenz, Alemania, se juzga desde abril, a torturadores sirios; Holanda ha anunciado que acusará al régimen sirio ante la Corte Penal Internacional; han capturado en Francia al dueño de la radio Las Mil Colinas, principal instigador del genocidio en Ruanda; y en San José, Costa Rica, un tribunal de conciencia ha condenado al régimen orteguista por el uso de la violencia sexual como instrumento de tortura en contra de quienes protestaron en la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua.
Todos estos casos están atravesados por un mismo eje: han sido procesos lentos que en la mayoría han requerido muchos años. Pero como afirmara en estas páginas Almudena Bernabéu, calificada por muchos como “la pesadilla de los torturadores y genocidas”, la justicia avanza “pasito a pasito” pero termina alcanzado a los culpables.
En este contexto, hoy sale a la luz pública, el documento “Terminar con los pactos y las amnistías como mecanismos de transición", firmado por la Coalición por la Justicia en Nicaragua. La Coalición está formada por organizaciones de defensoras de derechos humanos de dentro y fuera de Nicaragua, incluida la participación del Centro Guernica para Justicia Internacional, que dirige Bernabéu.
Mediante la revisión de la interrelación entre pactos de élites políticas y las 52 amnistías declaradas en Nicaragua, el documento recorre la historia de nuestro país poniendo atención en los acuerdos políticos a cuyo abrigo se concedieron recíprocamente amnistías los bandos en conflicto para garantizar impunidad a crímenes que ni prescriben ni son amnistiables. Parafraseando a Clausewtiz, se ha recurrido tanto a la amnistía, que esta se ha convertido en la continuación de la guerra por otros medios, al permitir que los causantes de las guerras civiles no sólo quedaran impunes, sino que además con todos los poderes para reiniciar un nuevo conflicto armado.
https://www.confidencial.digital/terminar-con-los-pactos-y-las-amnistias-como-mecanismos-de-transicion/
El documento aboga en sus cinco páginas porque esta vez la salida pacífica de la crisis que padece Nicaragua desde abril de 2018 sea diferente, anteponiendo la justicia a los acuerdos políticos. Es decir, a contracorriente de quienes cada vez con más frecuencia aconsejan recurrir (una vez más) al pragmatismo para ofrecerle a la dictadura garantías de impunidad a cambio de elecciones libres.
Frente a esta posible disyuntiva entre pragmatismo e impunidad, la Coalición por la Justicia en Nicaragua, “recuerda que la justicia tiene que ir de la mano con la política, que la salida negociada de la crisis nicaragüense no puede eludir las responsabilidades internacionales del Estado. De hecho, cabe enfatizar que el deber de encarar la impunidad de las violaciones manifiestas de derechos humanos recae sobre todo en los gobernantes presentes y futuros. La impunidad une al delito con el poder y acarrea la responsabilidad no solo de los perpetradores de la violencia sino de quienes los amparan (ya sea por acción o por omisión). El Estado nicaragüense debe honrar las obligaciones derivadas del derecho internacional y de los derechos humanos; los políticos que buscan un pedazo del poder como resultado de la negociación deben recordar que con el poder viene la responsabilidad de hacer frente al pasado. La impunidad pactada ya no es una opción”.
En sintonía con lo expuesto por el documento, que la justicia vaya de la mano de la política significa que, en dirección contraria a lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez la justicia pierda su papel residual en los planes de reconstrucción nacional, que ocupe el centro de la agenda para la refundación del Estado porque hay demasiadas evidencias de que si a los políticos se les deja el campo libre, la justicia será la primera en ser negociada, y por ende sacrificada, para nuevos repartos del pastel. No se trata de anteponer la una a la otra, sino de conservarla como la contracara de cualquier salida negociada y, aunque resulte redundante, recordar que no hay salidas justas a la crisis actual si la justicia vuelve a quedar marginada.
Esto enlaza con la responsabilidad ineludible de los futuros gobernantes. Las nuevas autoridades no pueden, ni deben, cargar toda la responsabilidad de los delitos al gobierno de los perpetradores si, al igual que ellos, omiten, niegan o rehúyen el deber del Estado garantizar todos los recursos efectivos para que las víctimas accedan a la justicia y a las reparaciones debidas. En síntesis, el potencial nuevo Gobierno no puede comprometerse a garantizar impunidad pequeña o grande sin violentar los compromisos internacionales que el Estado de Nicaragua ha contraído.
Cuando de manera interesada se confunde “lo que está bien con lo que conviene”, las prioridades del cambio político terminan siendo pautadas por el mismo relativismo moral que había guiado el régimen despótico que se pretendía sepultar. Es lo que ha ocurrido tantas veces en nuestra historia con los mismos dolorosos resultados: dictaduras, guerras y pobreza. Sin falla la justicia que es el fiel de la balanza que rige las relaciones sociales, no hay igualdad ni bienestar posibles.
En esta dirección el documento de la Coalición por la Justicia recalca que “no todo vale ni todo puede ser desechado o condenado al olvido. La justicia y la rendición de cuentas en relación con graves violaciones de derechos humanos no son procesos que se pueden inhabilitar mediante una negociación política, por más conveniente que resulte”.
Esta vez no puede ser como las anteriores. A tono con los tiempos que corren, tenemos que ser capaces de quebrar la rueda de la impunidad, incluso si a más de uno -encima o debajo de la mesa de negociación- se le ocurriese pactarla disfrazada de reconciliación nacional. La única salida que puede romper con el pasado empieza por colocar a la justicia en el lugar que le corresponde: en el centro de la vida pública.
