El mal sueño de Bolívar fue una refinería en Nicaragua

Con menos de cuarenta años, el contratista Miguel Ángel Castillo Lara, propietario de la empresa Castillo Max, Oil & Gas, alcanzó la cima de la industria petrolera de Venezuela en 2016, pero su triunfo fue efímero. Un año después el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) lo detuvo durante 90 días para investigarlo por el supuesto pago de sobornos con los que obtuvo contratos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Antes de ese episodio, a Castillo Lara lo habían distinguido en la industria con un premio internacional como “líder del futuro”, ofreció charlas sobre innovación a hombres de negocios y a su empresa no le podía ir mejor. Las operaciones financieras de la misma, que nacieron locales en 2013, dieron un salto en enero de ese 2016 cuando vendió por primera vez fuera de su país seis boyas de amarre al proyecto de la refinería el Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua.

“El sistema fue construido en 20 semanas por un grupo multidisciplinario de venezolanos: ingenieros, electricistas, mecánicos y soldadores. Trabajar en este proyecto se convirtió en una puerta que permitió la entrada de la organización al negocio internacional. La exportación de las boyas demostró la calidad que tienen los trabajos hechos en el país”, expresó la compañía de Castillo Lara en su página web.

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El complejo había sido dimensionado como la gema de las iniciativas de la cooperación venezolana en Centroamérica y el Caribe si se tomaban por ciertas las promesas oficiales: el fallecido presidente Hugo Chávez al asistir en 2007 a la puesta de la primera piedra mencionó una inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares para una obra que incluiría una planta de almacenamiento de combustible, una refinería para cubrir la demanda interna y exportar a países vecinos y un complejo petroquímico.

Todo debía desarrollarse en un plazo de cuatro o cinco años, pero no se hizo. La única idea que finalmente fue aterrizada fue la de la planta de combustible, con sus facilidades marítimas. Originalmente, se había planteado un presupuesto de 283 millones de dólares para la planta de almacenamiento, pero se culminó en 2017 por 227,7 millones de dólares adicionales.

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El negocio fue suficiente para que se interesaran contratistas de Nicaragua, Venezuela, Francia, China y Perú. Entre los que participaron hubo empresas con trayectorias limpias, pero también otras que formaban parte de las contratistas favoritas de Pdvsa, las cuales fueron señaladas de cometer prácticas corruptas en contrataciones con la corporación estatal venezolana, según acusaciones que fueron conocidas tras su participación en Nicaragua.

Una fue la compañía de Castillo Lara, que jamás había realizado una exportación como la contratada y se le investigó por un supuesto fraude en la instalación en Venezuela de equipos semejantes a los vendidos en Nicaragua. La otra fue la gigantesca constructora china CAMC Engineering Ltd. que, dos años después de entregado el complejo nicaragüense, fue señalada en el principado de Andorra, por el pago también de millonarios sobornos por contratos con Pdvsa. En 2016, en pleno desarrollo de la obra en Nicaragua, esta misma empresa se vio involucrada en un escándalo de supuesto tráfico de influencias, en el cual habría participado una novia del expresidente Evo Morales.

Clave en las contrataciones para el complejo petrolero resultó el papel de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), desarrolladora de la obra. La empresa, manejada por los gobiernos de Chávez y Daniel Ortega, se volvió un símbolo de la corrupción por sus intereses en los sectores petrolero, maderero, financiero y de generación de energía, todos al amparo de la cooperación venezolana, administrada localmente por la familia presidencial sin controles institucionales ni transparencia.

El caso es un ejemplo de cómo se manejó la relación binacional con negocios millonarios, empresas amigas y réditos políticos para los presidentes. En 2007, cuando Ortega subió al poder en Nicaragua, firmó con Chávez el acuerdo internacional que sumó el país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que se tradujo en los siguientes nueve años en un generoso crédito petrolero de 3.721 millones de dólares. Este préstamo registrado en las estadísticas del Banco Central nicaragüense abrió una etapa de gobierno caracterizada por la privatización de la cooperación de Estado a Estado que se manejó en la práctica como un presupuesto paralelo al estatal y que terminó beneficiando al círculo cercano al gobernante nicaragüense, según sus críticos.

En enero de 2019, Albanisa fue sancionada por Estados Unidos, luego del castigo que previamente impuso a Pdvsa, socia mayoritaria de la empresa. Un año antes fue sancionado también Francisco López Centeno, vicepresidente de la compañía registrada en suelo nicaragüense y quien se desempeña desde hace décadas como tesorero de Ortega. Se trata de un personaje criticado en la prensa local por su enriquecimiento, el desvío de fondos de la ayuda a una empresa de sus familiares y gustos inusuales como el de tener un tigre por mascota, el que sus trabajadores solían pasear en los alrededores de su residencia en Managua.

Del lado de Venezuela, los engranajes del negocio los manejaban desde la cúpula de Pdvsa, propietaria del 51 por ciento de las acciones de Albanisa. En un inicio del convenio, el control directo era a través de un primo de Chávez, Asdrúbal, quien incluso presidía Albanisa cuando comenzó el proyecto de la refinería. Hoy es presidente de la petrolera estatal venezolana. Luego fue con Bernardo Álvarez, ya fallecido, quien fue el gran operador venezolano en el Caribe y Centroamérica desde la filial PDV Caribe y con Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y además presidente de Pdvsa; señalado por supuestos actos de corrupción.

Todos forman parte de un inventario de personas de interés identificadas en el proyecto Chavismo INC., que rastreó información en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra un cuadro inédito sobre las relaciones de individuos y entidades vinculados con los gobiernos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

La iniciativa fue producto de una alianza entre Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). En ella participaron periodistas e investigadores de Venezuela, Argentina, Panamá, España, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Así se reunió información que da cuenta de la magnitud de los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.

En el caso de la ayuda venezolana a Nicaragua, la gestión estuvo signada por denuncias de abusos con los fondos. El exdirectivo de Pdvsa, Gustavo Coronel, quien trabajó durante 27 años en esa industria, destaca que el régimen venezolano repartió 90 mil millones de dólares entre ‘amigos’, pero asegura que “en ningún país, con excepción de Cuba, se alcanzó el nivel de derroche y corrupción que ha caracterizado la relación con Nicaragua”.

Por eso, Coronel considera que el acuerdo petrolero nunca estuvo destinado a combatir la pobreza, sino que perseguía que Ortega se sostuviera en el poder y convertir a Chávez en el líder regional de un movimiento antiestadounidense, que fue conocido como el socialismo del siglo XXI y del cual Nicaragua fue uno de sus más destacados protagonistas. “Fue realmente un club cleptocrático”, dice Coronel.

Del sueño a los negocios

Entre los negocios más grandes y poco transparentes figuró el “Supremo Sueño de Bolívar”. A 70 kilómetros de Managua, en el caluroso occidente de Nicaragua, en el poblado de Puerto Sandino, se pueden ver durante junio de este año a cabras pastar cerca de oleoductos. La pandemia ha terminado por vaciar el sitio de los trabajadores que antes frecuentaron la planta de almacenamiento de hidrocarburos Miramar. Este era el sitio donde se levantaría el proyecto de la refinería, del cual Chávez y Ortega pusieron la primera piedra en julio de 2007.

Los datos oficiales de Nicaragua entre 2008 y 2017 arrojan que finalmente se invirtieron 510.5 millones de dólares para los tanques de almacenamiento, muy lejos del proyecto prometido por los gobernantes a los nicaragüenses.

La planta tiene capacidad para almacenar 1.080.000 barriles de combustibles. Supuso una inversión de 472 dólares por barril de acuerdo con cálculos realizados por Chavismo INC., lo que superó, por ejemplo, la relación en el vecino El Salvador donde la planta Shafick Handal con un tercio de la capacidad se terminó con aproximadamente 313 dólares por barril. Proyectos realizados en Dominica y San Vicente y Granadinas lideraron la lista con inversiones cercanas a los 1.000 dólares por barril, superiores a las centroamericanas.

De las contrataciones, poca información proporciona Albanisa. Se sabe, sin embargo, que Pdvsa buscó potenciar la contratación de empresas venezolanas para el proyecto en Nicaragua. Esa función clave la tenía Susana Manzano. Desde la gerencia corporativa de Formación de Capital Nacional y desde el Conglomerado Petrolero Nacional Industrial respaldó iniciativas como la del desconocido Castillo Max, Oil & Gas en 2014 cuando, con un año de fundada, buscaba incursionar en el mundo de los negocios del sector.

Acusado por el pago de sobornos en su país, Castillo Lara se defiende tres años después de las investigaciones en su contra, señalando de persecusión a la exfiscal Luisa Ortega, hoy en el exilio tras enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro. El contratista dijo en una entrevista el pasado 17 de junio que aún no hay un acto conclusivo –remisión a juicio, archivo del caso o sobreseimiento–, pero afirmó que no tiene ninguna restricción de movilidad.

En un trabajo sobre el caso judicial, la periodista Mairbot Petit aseguró que durante su trayectoria Castillo Lara cultivó una “imagen casi perfecta de modelo de emprendimiento e innovación” pero que supuestamente pagaba a funcionarios por los contratos, incluso con apartamentos en la isla de Margarita, en Venezuela, y en Panamá, lo que él niega ahora. Desde el mes siguiente de su detención, según la misma reportera, se dibujó la posibilidad de que él delatara a sus socios para lograr un mejor trato de la fiscalía. Hoy el contratista asegura que por “ética” no hablaría de los otros procesados.

La investigación se abrió oficialmente por peculado doloso, concierto de funcionario con contratistas y asociación para delinquir. En la documentación oficial se involucra a gerentes de Pdvsa de la División Oriente con proveedores locales. Se originó tras una inspección fiscal.

En la indagatoria oficial se establece que supuestamente no se habían cambiado dos boyas en mal estado del Terminal de José Antonio Anzoátegui, ubicado en Venezuela, a más de 500 kilómetros de Caracas, con capacidad para el embarque diario de 350 mil barriles de crudo. Así se acordó en una contratación que hizo Pdvsa al efecto por 51 millones de dólares. La investigación señala que las boyas, marca Bluewater, fueron sobrefacturadas y que además se cobró 25 millones de dólares para instalarlas, lo que presuntamente no pasó.

“Yo fui imputado, pero no pasaron a la etapa de acusación. Según las leyes venezolanas a los 45 días de estar detenido, si la Fiscalía no presentara acusación, se caen todas las medidas. Yo estuve 90 días bajo condición de privación ilegítima de libertad”, dice Castillo Lara.

Según Castillo Lara, él hizo el trabajo en Nicaragua porque fue subcontratado por la consultora venezolana Geohidra. Inscrita desde 1979, la ficha de ésta se encuentra en el registro nacional de contratistas de Caracas. Hasta 2019, los accionistas de la consultora eran Yvone Josefina Salas de Rodríguez, Luciano Lupini Bianchi y Daniel Rodríguez Rodríguez. Entre sus clientes más sobresalientes en cuatro décadas de operación, está la petrolera venezolana y Odebrecht, la gigantesca constructora brasileña investigada desde 2016 por el esquema más grande de corrupción en la región.

La consultora tampoco aceptó explicar su contratación. “Por razones de confidencialidad, solo podemos manifestarnos sobre los contratos suscritos con la autorización de nuestros clientes. En consecuencia, recomendamos se ponga en contacto con las empresas con las cuales firmamos contratos”, adujo Geohidra en un correo el pasado 16 de julio.

En 2015, antes de que se concretara la exportación a Nicaragua, el sindicalista petrolero Eudis Girot había denunciado a Castillo Max Oil & Gas por los supuestos incumplimientos en el contrato para compra e instalación de boyas en el oriente de Venezuela.

La investigación en Andorra

La principal responsable de la construcción de la planta de almacenamiento nicaragüense fue la empresa china CAMC Engineering Ltd., que tiene antecedentes en caso de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos por otras inversiones en el país suramericano.

Una investigación de Reuters explicó que un juez del principado de Andorra indagó en mayo de 2019 el desembolso de cien millones de dólares en sobornos de la constructora china para garantizar el contrato de un proyecto arrocero en Venezuela, en el estado Delta Amacuro. Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa cuando ocurrió la transacción investigada, fue señalado como receptor del soborno de CAMC.

Consultados sobre el punto, los abogados de Salazar no respondieron sobre el punto específicamente pero aclararon lo siguiente: “No existe procedimiento judicial alguno en el que se señale que exista alguna cuenta bancaria vinculada al señor Salazar Carreño que haya recibido fondos provenientes de Pdvsa. No obstante lo anterior, existen afirmaciones hechas en redes sociales y medios de comunicación basados en conjeturas y especulaciones, más no en documentos, testimonios u otros medios de prueba. El señor Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramirez Carreño, sin embargo no hay entre ellos vínculo comercial o financiero alguno así como tampoco hemos visto alguna prueba de ello”.

En descargo a la investigación periodística de la agencia, la compañía china afirmó entonces en un comunicado que “operan en Venezuela respetando la idea de integridad”. En ese país la multinacional china obtuvo más de 3.000 millones de dólares desde 2003, de acuerdo con una investigación de Armando.info.

Para la construcción del complejo en Nicaragua, los chinos firmaron en abril de 2012 tras una licitación un acuerdo por un monto de 233 millones de dólares. Fue hasta meses después que los sandinistas se preocuparon por crear una legislación especial para la realización de la obra.

Según la ley especial para el desarrollo del proyecto en Nicaragua, la obra en general tendría tres fases —los tanques de almacenamiento, un oleoducto interoceánico y un complejo industrial petroquímico—, pero en noviembre de 2017, Albanisa entregó un documento de aceptación final de la obra solo por la primera etapa.

El tesorero de Ortega no respondió a las tres solicitudes de información que le hicimos vía correo electrónico para conversar sobre la cooperación venezolana. Tampoco lo hizo el presidente de la Empresa Portuaria Nacional, Virgilio Silva, quien viajó en enero de 2016 hasta Puerto la Cruz, en Venezuela, para certificar la calidad de las boyas vendidas por Castillo Max, Oil & Gas.

Los auditores venezolanos, que dieron seguimiento a Nicaragua, se mantienen igual en la sombra. Un ejemplo de ellos es Carolina Torras, la contralora de las operaciones que surgieron de los convenios financiados por Alba Caribe, quien solo apareció en un acto público en que Ortega entregó 200 mil cocinas a militantes de su partido el 25 de octubre de 2008.

En sus cuentas de redes sociales, Torras se define como fanática del equipo de fútbol Barcelona, viajera y funcionaria de una empresa llamada Aquahome7, especializada en dar opciones para mejorar la calidad del agua en Venezuela. Ella no respondió a una solicitud hecha para ponerse en contacto. El objetivo era indagar sobre lo que vio en Nicaragua, de lo que nada se supo públicamente.

A la ex comandante guerrillera Dora María Téllez, una excompañera de armas de Ortega en la lucha contra la dictadura de Somoza y hoy una de sus críticas, no le cabe duda la complicidad entre dirigentes venezolanos y nicaragüenses.

“Ortega ha sido incondicional con Venezuela, porque políticamente tiene una deuda: le debe su capital y su sostenibilidad en el poder por la vía de tener esos anclajes económicos”, dice.

La oligarquía sandinista

La compra del hotel Seminole en 2009, adonde residió el exgerente de Albanisa Rafael Paniagua durante un año hasta que reveló la compra de canal 8 con diez millones de dólares de la cooperación –lo que motivó su defenestración– fue una muestra de los múltiples negocios tejidos al amparo del poder. En menos de una década, desde el ascenso de Ortega al poder, se consolidó un importante grupo económico.

“Tienen intereses en la generación de energía, en el comercio, en los servicios, transporte, publicidad, en los medios de comunicación donde (el grupo Ortega Murillo) han erigido un monopolio”, afirma Téllez.

Los escándalos de corrupción pusieron bajo la lupa a la familia presidencial. En estos años de gobierno, Juan Carlos Ortega se puso al mando de canal 8 y controló una empresa de publicidad beneficiada por el Estado.

Tres hijos más de Ortega –Camila, Luciana y Maurice–empezaron a dirigir canal 13, del que se desconoce de dónde provinieron los fondos para fundarlo. La esposa entonces del mayor de los vástagos Rafael Ortega, Yadira Leets Marín, administró una red de gasolineras que resultó un negocio redondo: la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo.

A nivel institucional, Albanisa llegó a tener el 25.4 por ciento de la capacidad instalada en energía de todo el país para el año 2015. Se trata de un esquema de negocios que mezcla los intereses políticos, financieros y familiares de los Ortega y que es considerado por Estados Unidos como ilícito en términos generales. Tres hijos del gobernante –Rafael y Laureano además de Juan Carlos– han sido sancionados, igual que el Banco Corporativo donde estuvieron los fondos venezolanos.

Manuel Coronel Kautz, un diplomático recordado por llamar diabla a una embajadora cuando él fungió como vicecanciller, está al frente de la Empresa Nicaragüense de Petróleo, un cargo en que fue nombrado después que el tesorero de Ortega también fue castigado por los estadounidenses. Él defiende la administración de la ayuda.

“La cooperación venezolana es una bendición para Nicaragua. Es un invento eso de la (formación de una nueva) oligarquía, totalmente absurdo, (la ayuda) se ha usado para el bien del país”, dijo Coronel Kautz.

Sin embargo, la voracidad para hacer negocios fue notable desde un principio. El experto en hidrocarburos César Arévalo tiene presente cuando fue funcionario de la ESSO y presionaron a esa compañía —usando el poder judicial y el de las instituciones— a partir de la investigación de dos derrames y una acusación penal por supuesta defraudación fiscal. El objetivo era hacerse al final del día con el control de las importaciones petroleras.

“En ese momento (inicios del gobierno) querían arrinconar a la ESSO para llegar a una negociación fructífera. En septiembre de ese año llegaron a un acuerdo de que Albanisa iba a ser el suplidor de petróleo y derivados de la ESSO”, explica Arévalo.

Sumaron después en 2009 el negocio de las gasolineras administrada por la nuera de Ortega y adquirida con fondos venezolanos para al final estructurar un duopolio con Puma Energy desde 2012, lo que les ha permitido ganar 45 millones de dólares en sobreprecios de la venta de combustibles hasta 2019, afirma Arévalo. Chavismo INC. envió una consulta a Puma sobre el tema, pero no respondieron.

Las consecuencias de la administración de los fondos venezolanos preocupan al economista Adelmo Sandino que señala que, aunque en su informe de febrero de 2020 la misión del Fondo Monetario Internacional cataloga como de bajo riesgo la absorción de la deuda de Albanisa, “cuyo saldo a finales del 2021 estima en 2.5 mil millones de dólares, equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto, su reconocimiento generaría un alto impacto desestabilizador en las finanzas públicas que se extendería por muchos años”.

“Si bien una parte de este crédito se utilizó para financiar una serie de programas de tipo social de corte universal (como los subsidios al transporte, energía, bonos salariales, entre otros), poco impacto económico duradero tuvieron sobre la economía en su conjunto. Las promesas de grandes proyectos de infraestructura nunca se materializaron y pronto fue evidente que el grueso de la cooperación se usó para fines lucrativos en un ambiente de opacidad y nula rendición de cuentas”, explica Sandino.

A finales de abril de 2019, tras el cierre de operaciones del Banco Corporativo a causa de las sanciones estadounidenses, otra gran interrogante surgió sobre los fideicomisos que la entidad le administró a Caruna, R.L, la cooperativa sandinista a través de la cual se manejaron los fondos venezolanos. Se trataba de 2.407 millones de dólares, de acuerdo a la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), centro de pensamiento del sector privado, que publicó una nota explicativa en marzo de 2018 citando a la firma de auditoría Grant Thorton.

Los fideicomisos eran por 1.540 millones de dólares para la recuperación crediticia institucional, 432 millones en casos privados, 3 millones corresponden a un programa de vivienda y luego dos fideicomisos más “en concepto de administración y recuperación de fondos”: uno por 176 millones y el otro por 259 millones de dólares.

“Con el recrudecimiento de las sanciones a Pdvsa por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó bajo el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante y de sus lacayos. Corrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público en registro clandestino”, escribió el economista y exdiputado Enrique Sáenz en un artículo de Confidencial para ahondar sobre el caso de Bancorp.

Las relaciones con el sector privado

Para Ortega, otro objetivo político fue mejorar las relaciones con el sector privado. La ayuda venezolana permitió a empresarios hacer negocios con Venezuela con el envío de productos alimenticios por 2.409 millones de dólares entre 2009 y 2017. Los principales productos fueron carne, azúcar, ganado en pie, frijoles, leche, entre otros, los cuales fueron comprados por Albanisa.

Enrique Zamora Llanes, expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y de los grandes miembros del sector privado nacional, afirma que siempre demandaron un Tratado de Libre Comercio con Venezuela más que una relación basada en la voluntad política del país suramericano.

“Por la misma situación política de Venezuela y el deterioro acelerado de su economía, sumado a la muerte de Chávez, fue debilitando las relaciones económicas con sus aliados políticos y aumentando la confrontación con Venezuela-Estados Unidos hasta llegar a las sanciones de este último a empresas venezolanas petroleras en Estados Unidos”, recuerda Zamora Llanes.

El envío de productos alimenticios a través de otra compañía del poderoso grupo —Alba Alimentos de Nicaragua, S.A. (Albalinisa)— fue tanto que la empresa se convirtió en líder exportador del país en 2015, ocho años después del acuerdo de Chávez con Ortega.

Los documentos firmados con Venezuela, revisados para este reportaje, indican que estos alimentos eran aceptados como un mecanismo de compensación por la factura petrolera. Hasta en este tema, hubo denuncias de compra a sobreprecios como reveló la investigación de Petrofraude, liderada por Connectas con una alianza de medios de la región, en que se documentó la compra de respaldos diplomáticos del chavismo en la región. A las inconsistencias además en los datos de exportación e importación hay que sumar la triangulación de productos, que enviaban como nicaragüenses a Venezuela cuando los conseguían en otros sitios de la región como mostró en su momento Confidencial.

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Albalinisa nunca se pronunció sobre lo que ocurría en ese sentido. Todo lo contrario. Las autoridades de ambos países mantuvieron en público una unidad sin fisura. El 11 de abril de 2018, Adán Chávez, un hermano del fallecido Hugo Chávez, fue declarado hijo dilecto de las ciudades de Masaya y Matagalpa bajo control sandinista. En su discurso se presentó como hijo de Bolívar y Sandino.

En 2018, cuando miles de ciudadanos pidieron la renuncia a Ortega, Maduro apoyó a su aliado político. La crisis económica interna venezolana terminó de cerrar la llave de los petrodólares, con los cuales Ortega fomentó el populismo y el culto a su personalidad.

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Claudia Marieta Medina, una abogada de 58 años, residente en Somoto a 218 kilómetros al norte de Managua, es quizás una buena manera de entender lo que pasó. Ella era socia de la cooperativa Caruna R.L, en la cual solía solicitar créditos a intereses bajos de fondos de la cooperación, luego vino la crisis y ya no pudo retirar los fondos que tenía acumulados en su libreta.

Decenas de clientes en todo el país pidieron como ella en 2019 su dinero ante el cierre de las sucursales de la cooperativa en el norte, occidente y el caribe de Nicaragua. La ayuda venezolana, que permitió enriquecerse a la élite de ambas naciones, mostró entonces el peor rostro: la afectación de los más pobres.

(Con la colaboración de Lisseth Boon desde Caracas).

*La investigación "El mal sueño de Bolívar fue una refinería" es parte de la investigación Chavismo INC, que revela los engranajes del capitalismo bolivariano sobre el flujo de más de 30 000 millones de dólares originados del erario venezolano. La investigación colaborativa incluye una serie de reportajes que abarcan una decena de países, y ha sido producida por Transparencia Venezuela, Alianza Rebelde Investiga y Connectas. Visitá el sitio oficial de la investigación en https://chavismoinc.com/