21 de septiembre 2020
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El Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), se apresta a firmar, este martes 22, un documento denominado ‘de consenso nacional’, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones cívicas y políticas, con la excepción de CxL, mientras los gremios del sector empresarial han optado por no firmar, pero si endosar la propuesta.
Hasta este lunes 21 de septiembre, en víspera de la presentación oficial, el GPRE cuenta con el beneplácito de los miembros de la Coalición Nacional (CN): Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el Movimiento Campesino, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD); y cuatro partidos políticos, entre ellos el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Frente Democrático Nicaragüense (FDN), el Partido de Restauración Democrática, Yatama y organizaciones de jóvenes en la AC.
“Lo que se va a hacer es presentar el documento, pero no se firmará en ese momento, porque las firmas están ocurriendo de manera privada e individual. Mientras, sigue el intercambio de posturas y ajustes para sumar a todos los sectores”, explicó José Antonio Peraza, miembro del GPRE.
Tanto el Presidente Nacional del PLC, Miguel Rosales, como el asesor del Frente Democrático Nicaragüense (FDN), José Pallais, confirmaron que esas entidades políticas respaldarán el documento de reformas.
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De la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Peraza dijo saber que “no van a firmar de manera directa, pero están en sintonía con el documento, y lo van a respaldar vía comunicado”, mientras que Ciudadanos por la Libertad (CxL), confirmó a CONFIDENCIAL que no firmarán.
“Estoy esperando la decisión final de mi junta directiva”, aseguró Mario Arana, presidente de AmCham, mientras que Rodolfo Quintana, secretario nacional de CxL, confirmó que no van a firmar, porque “para empezar ni siquiera sabemos qué se va a firmar. No es firmar por firmar”.
A lo largo de los últimos procesos electorales, diversos sectores de la sociedad han unido esfuerzos para impulsar reformas que garanticen la transparencia y justicia de cada elección, sin lograrlo. Esta vez, después de meses de consultas, el GPRE está listo para presentar un documento de 16 puntos, que contiene las reformas que consideran indispensables para llevar un proceso electoral de calidad en 2021.
Coincidencias y desencuentros
Pallais, que es miembro del Comité Nacional de la Coalición, en representación del FDN, destacó que uno de los cambios más importantes a implementar es la elección de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), a los que describió a priori como “profesionales, personas independientes que generen confianza”.
“Esa es la puerta de todos los cambios, porque puede haber una buena ley, pero si no hay ética, responsabilidad y sujeción a la Constitución y las leyes de parte de los funcionarios, esa buena ley no sirve de nada”, ilustró.
También señaló la necesidad de depurar el padrón electoral, porque “hay tres padrones y se supone que casi un millón de nicaragüenses ha fallecido, o tienen doble cédula y no deben estar ahí”. Una vez depurado, “hay que hacerle una auditoría muy profesional”.
Luego, es importante garantizar la transparencia en el proceso de votación, recuento y publicación de resultados, para lo que se requiere, entre otros, “la correcta acreditación y respeto a la estricta fiscalización de los partidos políticos y alianzas electorales”, así como que se permita la observación nacional e internacional, conforme a los estándares mundiales.
“Falta regular por Ley todos los aspectos, para poner fin a la excesiva facultad discrecional del CSE que no ofrece ninguna garantía ni seguridad en cuanto a aplicación de normas; despartidizar las estructuras del CSE para romper el bipartidismo del pacto y ‘ciudadanizarlas’, y que las alianzas electorales puedan tener su propia casilla, denominación, símbolo y bandera”, enlistó.
Si bien Quintana asegura que no conoce el documento que se presentará el martes, la mayor parte de las propuestas de CxL coinciden con las del GPRE –incluyendo temas como el voto de los nicaragüenses en el exterior, y regular el voto de policías y militares- pero hay otras en las que no hay acuerdo.
Algunas de ellas son establecer que se requiera 50% más uno de los votos, para ganar la presidencia; que se constituya un tribunal consuetudinario para los pueblos indígenas; o que no habrá elecciones, si el sistema no permite constituir alianzas en casilla propia.
“Todo eso es peligrosísimo, porque puede llevarnos a decidir que no vamos a participar en las elecciones, solo porque no nos aprobaron esos puntos”, que se pueden soslayar o resolver de otras formas. “Algunos parecen no querer ir a elecciones libres”, argumentó.
Quintana opina que “la comunidad internacional no va a apoyar propuestas disparatadas, y más cuando ellos ya tienen sus propios diagnósticos”, sin obviar que, para fingir que tiene voluntad política, Ortega puede ceder en los temas que no son fundamentales, y negarse a los indispensables, con lo que “habría votaciones, pero no elecciones”.
La demanda de una casilla
La negativa de Ciudadanos por la Libertad a adherirse a una propuesta de reformas electorales, ha sido interpretada por algunos como una defensa de su personería jurídica para ser un ‘vehículo electoral’, bajo las reglas actuales del régimen, siendo que ellos sí tienen la casilla que cualquier alianza requiere para presentarse a elecciones.
“CxL ha presentado objeciones”, explicó José Pallais. “Han defendido, contrario al PLC, que ellos deberían encabezar la alianza electoral en su casilla y con su representante”, detalló.
“El atractivo de cualquier grupo político es la unidad, presentar un proyecto de nación, y candidatos atractivos, pero si las encuestas muestran que no hay intención de voto por ningún partido político, no hay ningún activo de qué hablar. ¿De qué activo estamos hablando cuando cualquier partido político sale con 3% de intención de votos?”, cuestionó.
Quintana rechazó ese análisis, al asegurar que “no tenemos interés en aportar ningún activo a la Coalición, porque no nos vamos a incluir en ella. Desde el principio vimos sus problemas estructurales. Creemos en una gran alianza opositora -que no es la Coalición Nacional- y siete meses de pleitos internos lo ha demostrado”.
“Nuestro principal activo es la organización y la gente: no somos un partido de escritorio, o un manojo de llaves, sino una estructura en todo el país, con varias decenas de miles de personas afiliadas, conectadas y activas”, argumentó.
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