19 de septiembre 2020
AA
Share
La Coalición Nacional acordó una propuesta de reformas electorales y constitucionales, elaborada por el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), de cara a las elecciones presidenciales de 2021.
Entre otros puntos, el documento refleja la necesidad de establecer la no reelección en la Constitución Política, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce en la Presidencia.
También plantean que se debe llegar a un proceso de ciudadanización de los organismos electorales como los Consejos Electorales Departamentales (CED), Consejos Electorales Municipales (CEM), Consejos Electorales Regionales (CER) y Juntas Receptoras de Votos (JRV), para que sus miembros sean escogidos mediante un proceso aleatorio “que permita imparcialidad de escogencia”. Esto implica la eliminación del bipartidismo entre los partidos del primero y el segundo lugar, establecidos en la actual Ley Electoral.
Como parte de estos mismos cambios, la Coalición plantea la necesidad de realizar una auditoría y depuración del Padrón Electoral “que sea de conocimiento público”. Esto lo haría el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) mediante un proceso de verificación ciudadana “acompañado de una campaña que motive a la ciudadanía a participar”, y además tendrá que entregar el padrón fotográfico con tiempo a las organizaciones políticas.
Pero para que estos cambios puedan darse en el CSE, las organizaciones que forman parte de la Coalición demandan también un cambio en las actuales magistraturas del Poder Electoral, que actualmente están al servicio del Frente Sandinista.
Los próximos candidatos deberán ser escogidos por criterios de “idoneidad y probidad”, y los candidatos podrán ser presentados por miembros del sector académico, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, según una copia del documento, en poder de CONFIDENCIAL.
Alianzas electorales podrán inscribirse
Otro cambio importante, que se plantea en el documento, es la necesidad de que los partidos políticos puedan decidir de forma autónoma sus alianzas electorales, aunque esto implique la unión con otras organizaciones que tengan o no personería jurídica.
“Quienes integren estas alianzas, decidirán nombre, siglas, bandera, emblema, casilla, representación legal, así como las candidaturas de acuerdo con los estatutos de dicha alianza”, reza el acuerdo.
Esto también beneficiará a todos aquellos que sean excarcelados políticos como consecuencia de la crisis de abril de 2018, pues se plantea que se deberá garantizar su derecho a presentar candidaturas de elección popular.
De igual manera, quieren que todos los partidos, desde su constitución, puedan presentar candidaturas electorales y que se garantice “apertura, flexibilización y una reducción en los requisitos y plazos establecidos actualmente por el Consejo Supremo Electoral.
Elección con el 50% o más
Una forma en que la Coalición plantea que se le puede dar mayor legitimidad a los procesos electorales es devolver la elección de los cargos públicos al 50% o más de los votos, luego que por el pacto Ortega-Alemán de 1998, esto se bajó al 35% para que Ortega pudiera ganar en primera vuelta, y que luego que eliminada en la reforma de 2014.
“Legitimidad de las y los electos, mediante el establecimiento del umbral electoral del 50% más uno de los votos válidos para la elección a la Presidencia, así como, el establecimiento de la segunda vuelta si no se alcanza dicho umbral”, dice el punto 12 del acuerdo.
Pero también eliminan la figura de la diputación automática que se le otorga al candidato presidencial que queda en segundo lugar durante el proceso electoral.
Elecciones en la Costa Caribe
Otro cambio relevante dentro de la propuesta de reformas es que la Costa Caribe ahora celebrará elecciones regionales junto con el resto del país, siendo noviembre de 2021 la fecha de la propuesta actual.
Esto permitiría que se celebre un solo proceso electoral en Nicaragua para la escogencia de presidente y diputados, diputados al Parlamento Centroamericano, Alcaldes y Gobiernos Regionales.
Actualmente, la Costa Caribe celebra sus propias elecciones en un proceso ajeno a los que se realizan en todo el país.
“Incluir un nuevo título en la Ley Electoral, a efecto de cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso YATAMA vs Nicaragua, sobre las elecciones de las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y del Alto Wangki Wihta y Bukawas, considerando en este, la creación del Órgano Electoral Consuetudinario para la celebración de elecciones de autoridades conforme a las costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, agrega el documento.
¿Quiénes serán los firmantes?
Según José Pallaís, miembro del partido Frente Democrático Nicaragüense y de la Coalición Nacional, el acuerdo ahora pasará por un proceso del que se encargará el GPRE, para buscar que a este documento se “adhieran”, otras organizaciones que no están en la Coalición Nacional, aunque no especificaron de qué organizaciones se trata.
“Ya el documento está concluido, se aprobó su redacción final, es muy completo, abarca tanto las propuestas de reforma a la Ley Electoral como las propuestas a la Constitución de la República. Fue consensuado internamente en la Coalición Nacional con el Grupo Promotor de las Reformas Electorales”, dijo Pallais.
La propuesta ha sido suscrita por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, y los partidos PRD, Yatama, PLC, y FDN.
La Alianza Cívica firmó el documento en horas de la tarde de este viernes 18 de septiembre, según informó el doctor Carlos Tünnermann, coordinador de la Alianza Cívica.
“Ya se firmó. Juan Sebastián Chamorro, en su carácter de director ejecutivo, lo firmó esta tarde en presencia de Yader Rosas que es uno de los miembros del Grupo Promotor”, dijo Tünnermann.
CONFIDENCIAL conoció que hasta este viernes se estaba a la espera de que el partido Ciudadanos por la Libertad, y las asociaciones gremiales del sector privado, como Cosep y Amcham, decidan si suscribirán la propuesta. Kitty Monterrey, presidenta de CxL, no respondió a nuestras llamadas telefónicas.
Según las proyecciones de la Coalición Nacional, el documento sería presentado oficialmente a la población el lunes 21 de septiembre, para que el martes 22 sea enviado a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.
Miguel Rosales, representante del Partido Liberal Constitucionalista, expresó que están “esperando a CxL y un par de organizaciones más”, que no especificó.
“La idea sería enviarlo a la OEA que representa el consenso de todas las organizaciones de oposición de Nicaragua, eso es lo que se está atrasando nada más”, explicó Rosales. .
También se llamó a María Antonieta Fiallos, miembro del GPRE, pero se excusó de dar información, pues aseguró que no estaba al tanto del avance del documento por asuntos laborales.
