16 de septiembre 2020
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Lucía incómodo, nervioso, muy diferente a la versión sólida e imperturbable de sí mismo que había dominado durante las jornadas del juicio en junio y julio. Ahora, a minutos de escuchar su sentencia, el coronel Inocente Orlando Montano Morales parecía un hombre disminuido, abandonado a su suerte. En el centro de esa gran sala de vistas, sin más sostén que su silla de ruedas, escuchó la introducción del magistrado Fernando Muelleres (“Sentencia número 17/2020, en Madrid, a 11 de septiembre de 2020…”) antes de perturbarse. Pareció que se retorcía en su silla. Estiraba el brazo derecho, lo barría sobre la mesa frente a él. Se enderezaba, miraba al suelo, se recostaba en el respaldo, volvía a erguirse, hasta que todo acabó. “Por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, fallamos, que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano a las penas, por cada uno de los cinco delitos, de veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión”, prosiguió Muerelles, y entonces el coronel se balanceó hacia adelante, para lograr que su silla se deslizara y volvió a estirar su brazo derecho, como pidiendo la palabra, como queriendo sujetar el micrófono que estaba dispuesto al centro de la sala, pero ya no había espacio. El juicio por el caso jesuitas había culminado.
Tras escuchar el veredicto, el ex viceministro de Seguridad Pública (1989-1992) se inclinó hacia adelante, se giró hacia su izquierda como buscando a alguien, o quizás para cerciorarse una vez más que estaba solo, que ahí donde pudieron haber estado sentados sus compañeros de armas, también acusados y buscados por la Audiencia Nacional, en realidad no había nadie más. 31 años después, abandonado a su suerte, muy lejos de aquella imagen como el tercer hombre más importante de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, Montano fue condenado solo, cuando en realidad el fallo del caso jesuitas convierte en verdad jurídica la participación de otros militares como autores intelectuales del crimen y redimensiona el protagonismo del expresidente Alfredo Cristiani en este caso. Todos los que no estuvieron junto a Montano han sido protegidos por el sistema de justicia salvadoreño desde aquella madrugada de noviembre de 1989, cuando soldados del Batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes jesuitas, una empleda de la UCA y la hija de esta.
En el último día del juicio, a mediados de julio, Montano había aprovechado su derecho a la última palabra para enaltecer a sus compañeros de La Tandona. “Nunca violamos derechos humanos”, dijo aquella vez. Este viernes, probablemente los habría enaltecido igual, pero nadie le dio la palabra. En cuatro minutos y 40 segundos, la Audiencia había cambiado la historia. La Sala de lo Penal, sección segunda, condenó al que hasta ahora es el único militar salvadoreño al que se le ha demostrado, en un proceso con todas las garantías, su responsabilidad por la masacre de la UCA de noviembre de 1989. Montano ya no es más un coronel acusado, un presunto criminal, alguien que goza de la presunción de inocencia. Todo se ha esfumado. Este hombre de 77 años, suéter color ocre, pantalón y zapatos oscuros, se convirtió, oficialmente, en un culpable, un responsable, un autor mediato.
Pero Montano no es el único. Dice la sentencia que el exviceministro, junto a otros oficiales del Alto Mando, cometieron graves delitos que causaron alarma y conmoción social con el único fin de conservar su poder político, militar y económico. Y además, dice la sentencia, intentaron hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN y que estos eran agentes de una confabulación socialista-comunista “que tenía como fin terminar con los valores aceptados como propios y absolutos por quienes detentaban el poder” y que, por tanto, había que ejecutarlos extrajudicialmente. En los preámbulos del juicio, Montano había intentado diseñar una estrategia de defensa que atara su suerte a la del expresidente Cristiani, contra quien hay sospechas de su participación y encubrimiento en el crimen desde 1989. A Cristiani, la Audiencia lo ubica como parte del poder que tomó decisiones. La audiencia también da como válidos informes de peritos que lo ubican como un protagonista para el que resulta "poco creíble" que no se haya enterado de lo que estaba ocurriendo en la noche y madrugada del 16 de noviembre de 1989. Citando a un testigo clave en el caso, el fallo señala que Cristiani no detuvo el operativo.
En primer foco, en su relación de hechos probados, la Audiencia también habla de una docena de militares con cargos y puestos específicos que tuvieron alguna participación en el crimen, y de un poder político encabezado por Cristiani que confabuló antes, durante y después del crimen.
El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel por la masacre de los padres jesuitas de la UCA (El Salvador), la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Foto de El Faro: Transmisión de la Audiencia Nacional Española.
Cronología de un crimen probado por la Audiencia Nacional
Alrededor de las 7:00 p.m. del 15 de noviembre de 1989, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos de la Unidad de Comandos del Batallón Atlacatl se encontraba en la Escuela Militar cuando ordenó a ocho hombres que lo acompañaran al Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol), en Santa Tecla. Salieron de la Escuela Militar y al llegar recogieron 15 cajas con uniformes nuevos, “modelo de lujo”, hechos en Estados Unidos y “botas de montaña”. Aquello era un aliciente para los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión programada para más noche. Al regresar a la Escuela Militar, los uniformes los repartieron entre las tropas elegidas previamente. Mientras, a unos kilómetros de distancia, en las instalaciones del Estado Mayor, veinticuatro oficiales de alto rango seguían reunidos debatiendo cómo acelerar la respuesta a la ofensiva guerrillera que cumplía su cuarto día de asedio a la capital. Todos eran los comandantes de unidades destacadas en el departamento de San Salvador.
El ministro Rafael Humberto Larios veía amenazas crecientes: “Hay peligro del país por la acción de la OEA y ONU que van a solicitar un cese de fuego y eso favorecería al FMLN para ganar espacio y tiempo y triunfarán diplomáticamente y sería una libanización del conflicto: San Salvador sería igual a Beirut”, dijo, según apuntes que tomó el director de la Escuela Militar que fueron incorporados al juicio como prueba documental. “Ha llegado el momento de definir la situación que está dada en San Salvador ya que está en juego la supervivencia del país y de la Fuerza Armada, por lo tanto deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN”, agregó. Y por último, dijo que había hecho una propuesta al presidente Cristiani: “Cerremos un día el país al mundo, solucionamos militarmente el problema y al día siguiente, abrimos el país nuevamente al mundo”.
En ese momento, Larios cedió la palabra al resto de comandantes. El comandante general de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, conocido por sus posturas reaccionarias, no defraudó con sus propuestas: “Por 10 años se ha buscado una solución política al conflicto y no se ha logrado; hoy la solución del conflicto tiene que ser militar y después puede dársele la oportunidad de decidir a los políticos. Hay que organizar las defensas civiles para que todo ciudadano pase a defenderse. No debemos tener paños tibios. No debemos permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones”.
Luego replicaron más comandantes. Guillermo Benavides, el director de la Escuela Militar, no anotó sus nombres, pero era claro que se veía venir una noche de cuchillos largos. “Es preferible terminar con nuestros enemigos, antes de que ellos terminen con nosotros”, dijo alguien. Otro replicó: “Matemos el mayor número de terroristas hoy, no importa morir después”. “Si no procedemos con ellos, ellos nos van a asesinar”, dijo otro. Y otro sentenció: “Si nos dan luz verde, se entiende que vamos a afilar los machetes, para proceder como una noche de cuchillos largos”.
Entonces habló el gran líder de La Tandona, el primero de la clase, el jefe del Estado Mayor: el coronel René Emilio Ponce. “Actuemos o no actuemos ahora, siempre nos van a señalar que no respetamos los derechos humanos. Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN, en sus respectivos sectores de responsabilidad. No quiero informes por radio, si no, mañana me dan parte”, dijo.
La sentencia dice que en esa reunión también se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba. El ministro de Defensa, prosigue el fallo, siendo el de mayor antigëdad y con el cargo más alto, resumió las conclusiones de aquella sesión de oficiales. “Compañeros: ¡La decisión de lo que vamos a hacer esta noche, la vamos a tomar todos juntos!, que levante la mano el que no está de acuerdo”, dijo. Nadie levantó la mano. La reunión finalizó con los oficiales tomados de la mano, rezando, y solicitando "iluminación divina". El viceministro de Defensa le pidió al director de la Policía Nacional, Dionisio Machuca, que elevara una plegaria. Este eligió el libro Romanos 13: “De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos”, dice uno de sus pasajes.
Después vino la reunión más importante. La Audiencia Nacional estableció como hecho probado que parte de los oficiales que habían estado en la reunión general siguieron charlando entre sí en pequeños grupos. René Emilio Ponce, el jefe del Estado Mayor Conjunto, estaba de pie junto con el jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; el coronel jefe de la Primera Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes; el viceministro Zepeda; y el viceministro Montano, cuando dio la orden de asesinar a Ellacuría. De esta segunda reunión, de nuevo, el coronel Benavides hizo un resumen en apuntes posteriores:
Montano, según Benavides, fue quien lo llamó a incorporarse a ese pequeño cónclave: "¿Sabés que el padre Ellacuría está en la UCA?”, le preguntó. Benavides respondió que no, y Montano prosiguió: “Ya regresó de España”, en alusión al viaje que Ellacuría había hecho a Barcelona y Berlín, para recibir un premio de derechos humanos y brindar un discurso en el parlamento, respectivamente. Ponce entonces terció la conversación: “Hay que proceder a su eliminación sin testigos…”, dijo, en referencia a Ellacuría. Benavides señaló que no tenía gente especial para cumplir la misión, que solo tenía una unidad comando del Atlacatl que, según estaba previsto, partiría en breve a otro lugar. Ponce entonces emitió una contra orden al comandante del Batallón, Óscar León Linares. “Hasta mañana mandar a recoger la gente del Atlacatl”, dijo Ponce, y ordenó que fuera el director adjunto de la Escuela Militar, coronel Camilo Hernandez, quien planificara la operación por “su experiencia en esos trabajos”.
Ningún oficial protestó o señaló la ilegalidad de la acción comandada por Ponce, según la resolución. Y por esa razón, la Audiencia ya les otorga el mismo grado de responsabilidad que Montano, es decir, el grado de coautores, porque tuvieron “dominio del hecho” y no hicieron nada para detenerlo, siendo una acción ilegal.
Ponce dio la orden pero no fue el único en aprobarla, dice la sentencia. “Si bien no se tomaba ninguna decisión de importancia sin el conocimiento y la aprobación del Jefe del Estado Mayor, este buscaba consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios 'compadres' de 'la tandona”', reza la resolución. Dentro del grupo de La Tandona, el liderazgo lo ejercía un círculo reducido de oficiales, denominados “los compadres”. Estos eran Montano, Ponce, Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa; y Juan Carlos Carrillo, director de la Guardia Nacional. Todos ellos tenían en común su absoluto rechazo a las negociaciones de paz entre el Gobierno y el FMLN, dice la Audiencia. La Audiencia también certificó como verdad, que también había consensos que se construían entre miembros de varias tandas, pero se respetaba la jerarquía y el tiempo en la institución. Por eso Larios había construido el consenso en la reunión anterior.
En su relación de hechos que da por probados, la sentencia señala que hubo cuatro reuniones a lo largo del día 15 de noviembre. En ellas, señala la participación no solo de Montano sino también de al menos 12 otros militares salvadoreños, a quienes no identifica con nombre y apellido sino solo su cargo. Se trata no solo de soldados del Batallón Atlacatl, sino también de oficiales de inteligencia y oficiales de los Cuerpos de Seguridad.
Una de las pruebas documentales que la Audiencia tomó como insumo para su fallo es un documento que la Comisión de la Verdad usó durante sus investigaciones de los más de 22,000 denuncias de violaciones a derechos humanos. No se trata del informe "De la locura a la esperanza" sino, al parecer, de un documento que alguien más elaboró y entregó como insumo. La Audiencia decidió transcribir íntegramente ese documento por su "importancia y trascendencia". Y en él se enlistan los nombres de unos 35 militares a quienes se les señala alguna participación en los hechos.
El fallo reconoce como víctimas no solo a los cinco sacerdotes jesuitas españoles por los que se emitió condena (Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró) sino también por las tres víctimas de nacionalidad salvadoreña que fueron expulsadas de la lista de víctima por Estados Unidos, al momento de la extradición: el sacerdote nacido en Chalchuapa Joaquín López y López, la cocinera de la escuela de teología de la UCA, Julia Elba Ramos, y su hija Celina Mariceth, estudiante de bachillerato comercial, de 16 años. Para 2017, año de la extradición de Montano, la ley española ya solo permitía que los casos en la Audiencia Nacional siguieran adelante si entre las víctimas se encontraban víctimas de nacionalidad española.
“No es creíble que Cristiani no supiera”
El presidente Alfredio Cristiani, durante la transición del 15 al 16 de noviembre, permaneció reunido con miembros del Alto Mando justo después de aquella reunión en la que Ponce había ordenado asesinar a Ellacuría. Estuvo reunido con ellos, desde las 11 p.m. del 15 a las 00:30 a.m. del 16 de noviembre. Después visitó el Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada (COCFA), en las instalaciones del Ministerio de Defensa, donde estuvo junto a su secretario privado, Arturo Tona. El COCFA era el lugar donde invariablemente llegaba toda la información sobre cada acción emprendida por todas las unidades del Ejército.
Ahí el presidente esperó “que se impartieran las nuevas órdenes y regresó a la residencia de su secretario a las 2:33 a.m. aproximadamente”, según se lee de la sentencia. Algunos militares asignados al COFCA esa noche sí escucharon los disparos en la UCA aquella madrugada del 16 de noviembre. “Quedó establecido que en el Estado Mayor se escuchaban perfectamente los disparos y las detonaciones en la UCA, y que los integrantes del Alto Mando estaban presentes en el Estado Mayor”, dice el documento que sirvió de insumo a la Comisión de la Verdad. En otras palabras, la Audiencia da credibilidad a que todos los presentes en el COFCA, Cristiani incluido, habrían escuchado los disparos que provenían de la UCA en la madrugada del 16.
Sobre el papel de Cristiani en el caso, el fallo también confirma lo dicho por el testigo estrella del juicio, el teniente Yusshy René Mendoza. Este oficial estaba asignado a la Escuela Militar y el 15 de noviembre por la noche fue designado para acompañar al Atlacatl en su irrupción a la UCA. El teniente Mendoza narró en el juicio lo que el director de la Escuela le explicó sobre las órdenes recibidas y emanadas por el Alto Mando. Mendoza explicó que el presidente Cristiani podía haber emitido una contraorden si no estaba de acuerdo con la estrategia de asesinar a civiles identificados como cabecillas de la insurgencia. “No hubo contraorden”, dijo Mendoza.
La sentencia, en la sección de hechos probados, también describe otros momentos en los que el presidente participó. Por ejemplo, el fallo cita cuando el Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson, telegrafió el 14 de noviembre al embajador de EE. UU. William Walker, para reprocharle las amenazas que contra Ellacuría y la UCA se vertían en la cadena nacional de radio cuya señal piloto se emitía de la Radio Cuscatlán, controlada por la Fuerza Armada. "[Transmítale] al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad de prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno", decía Aronson en su mensaje.
Cristiani, según la perito del juicio, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, “necesariamente estuvo implicado en el asesinato”. Karl aportó dos informes para el juicio en Madrid. Uno elaborado en 2010 y otro elaborado en 2015, este último más centrado en la figura de Montano. En su primer informe, Karl involucra a Cristiani en los hechos y para ello se basa en diversos elementos: en que las amenazas públicas desde la radio durante los tres días anteriores a los asesinatos fueron retransmitidas no solo en la Radio Cuscatlán, sino también a través del Centro de Información Nacional (CIN) del gobierno.
El 13 de noviembre, añade Karl en el primer informe, Cristiani aprobó la orden de registrar el campus de la UCA. Cristiani explicó en el juicio de 1990-1991 que lo ordenó porque tenía información de que había guerrilleros en la universidad, cosa que resultó falsa.
“El presidente permaneció en las instalaciones y en el Estado Mayor apenas a unos metros de distancia- durante algo más de tres horas- mientras se consumaba el asesinato a una distancia que permitía oír los disparos. Por todo lo expuesto, sostengo que la denegación del Presidente Cristiani de su implicación en estos asesinatos no es creíble”, escribió Karl.
Terrorismo de Estado
Al final de su sentencia, la Audiencia misma concluye que Cristiani tiene algún grado de participación. “Nos encontramos, por tanto, ante la existencia de un grupo, estable y permanente que, desde las más altas estructuras del poder en El Salvador, compuesto por el propio Presidente de la República, por el Ministro de Defensa, el Viceministro de Defensa, el Viceministro de Seguridad Pública, el Jefe del Estado Mayor y el Subjefe de Estado Mayor, que, con la colaboración y apoyo de los oficiales de alto rango que, pertenecientes a la llamada “Tandona” (…) causaron la alarma, alteración grave de la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz”.
Los magistrados sostienen que el caso de los jesuitas de la UCA es un ejemplo de violencia que se ejerce desde el aparato del Estado, lo que suele denominarse como “terrorismo desde el Estado”. Identifican el origen de la violencia en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, y sostienen que ahí “se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población, y alterar gravemente la paz pública, perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador, cometiendo los crímenes desde el poder y a través de los medios que le suministra el Estado”.
Sobre las razones para ordenar el crimen, el fallo dice que, en general, dentro de las filas del Ejército había oficiales de línea dura que rechazaban cualquier posibilidad de encontrar una salida negociada a la guerra con el FMLN. Entre estos oficiales estaban los miembros de La Tandona, incluyendo Montano. El rechazo, decían, se debía a que una eventual negociación implicaría una depuración de la Fuerza Armada, tal cual era una de las principales exigencias del FMLN.
Montano, de hecho, terminó depurado del Ejército y tuvo que abandonar el Gobierno antes de que este terminara su período, en 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Obtuvo una plaza como agregado militar en la embajada salvadoreña en México.
Vista de un mural dedicado a los jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador. Foto: Rodrigo Sura | EFE
Montano y algunos miembros del Alto Mando “al ver amenazada su situación de poder y de control en los planos militar, político, social y económico del país, y dada la envergadura y éxito que estaba encontrando la ofensiva [del FMLN] decidieron ejecutar a Ellacuría”, reza el fallo.
La animadversión contra él era porque era “la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba” las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. La UCA fue receptáculo de esa animadversión y solo en el año 89, fue víctima de 49 registros por parte de militares, amenazas de muerte y atentado, dice la sentencia.
El “único fin” de La Tandona era perpetuar “sus privilegiadas posiciones”, y por eso “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban como profesores de la UCA, especialmente Ignacio Martín Baró y Segundo Montes Mozo, pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN”, reza la página 51 del fallo.
¿Justicia en El Salvador?
El fallo confirmó, como lo hizo el Tribunal Supremo en 2015, que el juicio ocurrido en El Salvador entre 1990 y 1991 no tuvo las garantías necesarias de independencia e imparcialidad. “No existió una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido, ni un proceso imparcial y objetivo”, dice la Audiencia Nacional.
Los magistrados apuntaron diversos indicios por los cuales creen que el juicio salvadoreño (por el que se castigó a Guillermo Benavides y a Yusshy Mendoza en 1991 a 30 años) no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables, sino más bien su sustracción a la justicia. “Existieron dilaciones de la Comisión Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos, parte de los cuales así pudieron ser destruidos; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha comisión; la renuncia de los Fiscales del caso porque el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa, y les separaba de su previo trabajo conjunto y en equipo o no les permitía interrogar a determinados testigos militares importantes; las presiones externas durante el desarrollo del juicio oral, o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado”, escribió la Audiencia.
Según dijo el teniente Mendoza en el juicio, las investigaciones fueron truncadas casi desde el inicio a través de asesores jurídicos contratados para ese fin, entre ellos el abogado del Ejército (y hoy diputado) Rodolfo Parker que, según Mendoza, habría sustraído su declaración inicial. Mendoza relató que cuando declaró ante la comisión apareció Parker, entonces asesor jurídico de la Comisión de Honor del Ejército. “De repente llega el abogado Rodolfo Parker, como que pone atención a lo que yo estaba declarando y dice: ‘No, no, no… esas declaraciones no pueden ir así...". Según Mendoza, Parker le pidió cambiar la declaración para no vincular a ningún miembro del Alto Mando.
Consultado por El Faro, el 8 de julio, el diputado Parker dijo que rechazaba la versión de Mendoza: “Eso es absolutamente falso, yo era asesor de la Comisión de Honor. Nunca fui abogado, consultor ni nada de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos”. La Comisión de Honor era una instancia militar creada para investigar administrativamente los delitos del fuero militar. Parker fue nombrado como asesor de dicha comisión aunque después de unos días de trabajo fue comisionado a apoyar también a la Comisión Investigadora. Parker dijo a este periódico que la Comisión de Honor trabajó durante siete días, entrevistando oficiales. “Una vez la Comisión de Honor tuvo una noción de lo que realmente había ocurrido, entonces encomendé a la CIHD: ‘Tomen las declaraciones porque tenemos todos los indicios de que esto ocurrió de esta manera’”. A partir de ahí, según el hoy diputado, ni él ni nadie de la Comisión de Honor tuvo contacto con los oficiales. “¿Cómo iba a participar en la toma de declaraciones? ¿A titulo de qué? Nunca participé con ningún oficial, con ninguno de los miembros de la unidad, en la toma de declaraciones. No tuve contacto físico ni sé en qué salón les tomaron las declaraciones”, dijo.
Parker ha sido blanco de críticas por parte del Ejecutivo salvadoreño. “Sos un vil criminal”, llegó a escribirle el presidente Bukele al diputado Parker, en redes sociales. El ministro de Defensa Francis Merino Monroy, durante una interpelación en la Asamblea Legislativa hace unas semanas, también increpó a Parker por el papel que, según el juicio de Madrid, tuvo en el caso. No obstante, fue la administración Bukele la que en julio de 2019, a un mes de haber tomado posesión, homenajeó a un militar acusado de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa.
Tras el juicio de Madrid, la discusión parece centrarse en si es posible enjuiciar el caso en El Salvador. “Los hechos se han descrito tal cual ocurrieron, ahí [en el fallo] están los nombres de los responsables. Eso obliga moralmente a la sociedad a seguir el proceso aquí”, dijo Andreu Oliva, rector de la UCA, en una conferencia de prensa ofrecida el mismo viernes del fallo.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dirigida por un jesuita que fue compañero de los sacerdotes asesinados, José María Tojeira, ha pedido a los tribunales salvadoreños que se reabra un caso que ellos plantearon en el año 2000 y que fue archivado por el juez argumentando la prescripción del plazo para investigar. A finales de 2017, el año en el que la Sala de lo Constitucional eliminó la amnistía para crímenes de guerra, el Idhuca y luego la Fiscalía pidieron la reapertura del caso pero los defensores de los militares acusados han interpuesto diversas apelaciones y el caso está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia las resuelva.
Benjamín Cuéllar, exdirector del IDHUCA y a quien le tocó bregar contra viento y marea en los años 90 y 2000 con el caso, dice que la condena contra Montano es también "una condena histórica, moral y política de sus compañeros de La Tandona". Cuéllar fue de las personas que, ante la imposibilidad de conseguir justicia en El Salvador, elevó el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Audiencia Nacional. En esto, se alió con Almudena Bernabéu (ahora querellante particular del Guernica Center) y Manuel Ollé (de la Asociación Pro Derechos Humanos de España).
“Es una medida de justicia para alentar lo que algunos jueces y fiscales valientes en El Salvador están haciendo. Además hay consideraciones de coautoría que describen las actividades criminales de La Tandona y eso es positivo. Hay muchos elementos que ojalá puedan contribuir a algunos de los procesos para que se reabran o para los que ya están abiertos”, dijo a El Faro, la abogada Bernabéu.
“No se ha intentado sustituir la justicia salvadoreña sino de complementarla en aquellas obligaciones internacionales que tienen todos los tribunales nacionales cuando se comete un crimen de estas características. Ojalá El Salvador a partir de este momento reinicie los juicios que quedaron frustrados como consecuencia de la impunidad”, opinó Manuel Ollé, a la Radio del País Vasco, el lugar de donde era originario el padre Ignacio Ellacuría.
Texto original publicado en el El Faro
