12 de septiembre 2020
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A petición del Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional reformó la Ley 532, de Generación con Fuentes Renovables, así como la ley creadora de ENEL, para ampliar los plazos de los beneficios fiscales otorgados al sector, y poder renegociar con ellos los Contratos de Compra Venta de Energía, con el fin —justifican— de tratar de disminuir la tarifa de electricidad que pagan los consumidores.
César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, explica que los proyectos renovables tienen financiamiento de la banca internacional, que es la dueña de sus contratos. “Los bancos querían ver si era cierto que habría ampliación de exoneraciones, y dijeron que esperarían a que se aprobara la respectiva ley. El Gobierno ya lo hizo, así que ahora la pelota está en la cancha de los bancos”, aclaró.
Un estudio publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en julio pasado, muestra que Nicaragua es el país de Centroamérica en el que tanto consumidores residenciales como empresarios, pagan los mayores costos por el servicio de energía eléctrica, lo que incide en la capacidad del país para competir con el resto de la región.
“El pago fijo por potencia es la principal fuente de ingresos de la generadora, y es con lo que recupera su capital invertido, obtiene ganancias, y paga el principal e intereses de cualquier deuda en la que haya incurrido para financiar el proyecto”, dijo la Fundación, citando un informe de la Cepal, fechado en 2001.
Zamora, también gerente general de Inkia de Nicaragua, corrige a los autores del estudio al afirmar que ese precio “no solo paga los préstamos, sino que también la nómina, así como los gastos de operación y mantenimiento”.
De paso, explica que “la reforma a las leyes es producto de la necesidad de llegar al precio que el Gobierno quiere, para poder reducir los contratos de las renovables, por lo que se le dijo que la renegociación tenía que ser a valor presente neutro, porque algunos proyectos acaban de comenzar, de modo que por más que les extendás los plazos, no recuperan la inversión”.
Lo que no se sabe es la magnitud de la rebaja posible. “Habría que ver cómo se concreta. ¿Será como el famoso 3% de la vez pasada? Depende de cuán significativa sea esa renegociación”, dijo el abogado César Aróstegui, experto en legislación energética.
Dudas razonables
Al justificar el proyecto, el diputado Wálmaro Gutiérrez, del FSLN, dijo que “esta es una demanda de los sectores: sociales, económicos, y productivos. Difícilmente podés tener un país competitivo con una estructura tarifaria que no te lo hace competitivo”, al defender en el plenario parlamentario, la necesidad de reformar ambas leyes.
Su compañera de bancada, Jenny Martínez, aseguró que “esto impactará de manera directa en la reducción de la tarifa de energía eléctrica, y beneficiará a un millón doscientos mil usuarios” del servicio.
Tres fuentes consultadas por CONFIDENCIAL dudan que extender los plazos de las exoneraciones de impuestos que se ofrecen a las generadoras con renovables, tenga alguna incidencia significativa en la reducción de la tarifa.
“La exoneración es un incentivo fiscal que ayuda a ser más competitivo, lo que —en teoría— disminuye costos, y —en teoría— disminuye precios. El problema es que nuestro mercado energético es muy ineficiente”, detalló el economista Maykell Marenco.
Aróstegui también opina que esta decisión “crea un incentivo que no creo que sirva para nada”.
De forma adicional, Marenco señala que otra de las limitaciones de esta iniciativa, es que trata de disminuir los costos de las generadoras que cobran menos, mientras deja intacta la estructura de costos de las generadoras térmicas, que son las que cobran más.
En esa misma línea, Patricia Rodríguez, consultora en temas de Energía, hizo notar que “hablan de una rebaja sustancial al renegociar los contratos de las renovables, pero a ninguna se le paga potencia”, de modo que colocan el megavatio hora entre 90 a 110 dólares.
En contraste, las térmicas arrancan en 110 dólares. A algunas —como las ‘Che Guevara’ propiedad de la sancionada Albanisa que son las más caras del sistema— se les paga 150 dólares el megavatio, por lo que la experta dice que no sabe por qué hablan de rebaja sustancial, si con solo la rebaja del petróleo se debería generar una disminución del 20% de la tarifa.
Negociarán con todas
Aróstegui hace una lectura más política del tema, al preguntarse “¿por qué están haciendo esto? ¿Qué pretende el régimen al ofrecer ese ‘caramelo’ exclusamente a los generadores con renovables, cuando ellos son dueños de la gran mayoría de la generación térmica? ¿Será un entendimiento político con el gran capital?”, sugiere.
Zamora explica que, en realidad, se están renegociando todos los contratos, no solo los de las renovables, y que si no se les ofrece a las demás, es porque esas empresas no tienen beneficios fiscales.
Al final, “el beneficio de las exoneraciones permite que el precio termine siendo más bajo”, asegura.
Aróstegui insiste en que “llama la atención que la negociación es con el Ministerio de Energía, pero los contratos son firmados entre empresas privadas: Disnorte - Dissur, con el generador correspondiente, pero aquí las distribuidoras no negocian nada, sino que es el MEM, lo que dice claramente que el dueño del MEM es el mismo dueño de Disnorte - Dissur. Es una negociación directa con Ortega empresario y Ortega jefe de Gobierno”.
