10 de septiembre 2020
AA
Share
El 3 de septiembre El Salvador volvió a hacer noticia en América y más allá. Esta vez no fue por un asesinato masivo ejecutado por pandilleros y tampoco por un hombre aferrado a su pequeña hija, arrastrados por la corriente de un río al intentar huir de la violencia y la miseria hacia Estados Unidos. La conmoción la provocó una investigación publicada por El Faro: “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”, de Carlos Martínez, Óscar Martínez, Sergio Arauz y Efren Lémus.
Las antenas rojas se encendieron en varias embajadas del continente en El Salvador, incluyendo la de Estados Unidos (país en el que la MS-13 figura en la lista de organizaciones terroristas); y en varias redacciones de medios en América y Europa. También en organismos de Derechos Humanos. El correo de esta Defensoría que había permanecido mustio se revitalizó.
¿De qué nos informa ese reportaje de El Faro? Que desde junio de 2019 representantes del Gobierno de Nayib Bukele y los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) en prisión, vienen negociando reducción de homicidios y “apoyo” al partido oficialista “Nuevas Ideas” para las elecciones legislativas de 2021, a cambio de beneficios de diversa índole, incluyendo los carcelarios.
El pacto registró sus primeros logros: se revirtió la decisión de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas (anunciada el 26 de abril pasado como “un plan para reducir los homicidios”) y reblandeció el régimen de máxima seguridad. Si el Gobierno logra con la ayuda de MS-13 el control del Poder Legislativo en las elecciones de febrero de 2021 habrá otros beneficios para los delincuentes. Esa sería la promesa.
¿Qué justifica la alarma roja que se expandió por diversos círculos políticos, diplomáticos y en medios de comunicación nacionales e internacionales? Al menos tres razones. La denuncia efectuada por El Faro no tiene fisura. Las pruebas de que el Gobierno de Bukele está negociando con la MS-13 son documentos oficiales. El Faro no solo exhibe todas las pruebas que sustentan sus dichos, sino que cumple con la obligada fase ética de llamar e insistir por diversas vías a quienes aparecen involucrados para que den su versión.
La segunda, las promesas hechas por funcionarios del Ejecutivo de derogar leyes y otorgar “beneficios” a los pandilleros a cambio de “apoyo” en los barrios para que el Gobierno logre el control del Congreso en las elecciones de febrero de 2021, violenta el Estado de Derecho y debilita aún más la democracia. En agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional declaró organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha 13 y a Barrio 18 y declaró “inadmisible” cualquier negociación con estas organizaciones. Una resolución que obliga a los jueces a aplicar la Ley Contra Actos de Terrorismo a los pandilleros y también a sus financistas.
Y la tercera razón, porque negociar con delincuentes reducción de asesinatos como moneda de cambio de beneficios electorales, pone en riesgo la vida de miles de salvadoreños. Es lo que ocurrió después de que el Gobierno de Mauricio Funes (FMLN) negociara en secreto en 2012 una reducción de homicidios y apoyo electoral de las pandillas para las presidenciales de 2014. Resultado: la cifra de asesinatos bajó dos años, para dar paso a 2015, el año más letal de El Salvador, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El Faro reveló también esa historia de corrupción.
Lo ocurrido alertó a nuestros lectores. Incluso a aquellos que se mostraron impactados por la denuncia de abuso sexual hecha en contra de periodistas de este diario por el sitio web “La Página” (2 de julio pasado) y que han sido desmentidas durante la investigación de la Fiscalía, en un proceso que esta Defensora ha seguido acuciosamente.
“Gracias por su esfuerzo en la búsqueda del rendimiento de cuenta de los bienes del Estado. Mantengan la imparcialidad e idoneidad del periodismo cueste lo que cueste”, nos dice Mario Arévalo.
“La crítica que se les hace -dice Genoveva- es que ustedes no hablan de lo que realmente nos importa y nos afecta. Que solo les interesa denostar una y otra vez al gobierno de Nayib Bukele. Por favor, no dejen de investigar. Los necesitamos. Sin ustedes no hay democracia”.
El peligro en que se encuentra la democracia en El Salvador es una frase recurrente de los correos. Hay miedo a que no sepa la verdad. Un pequeño recorrido por lo publicado por distintos medios de El Salvador habla de la importancia de develar la corrupción: la otra pandemia
La investigación de Salud con Lupa: “El Salvador: La empresa de un funcionario público vendió protectores faciales al gobierno”, de Cecibel Romero, publicada el 17 de junio. El reportaje de Gato Encerrado: “Ministro Alabí compró $225 mil en botas para médicos a empresa de su familia”, de Carmen Valeria Escobar, publicado el 11 de julio. Dos reportajes de El Faro: “Gobierno compró $344 mil en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia”, de Gabriel Labrador y Nelson Rauda, publicada el 25 de junio; y “Ministerio de Salud compró $3 millones en mascarillas a un vendedor de porcelana y cerámica”, de Sergio Arauz y Jimmy Alvarado, publicada el 30 de junio. Y “El Salvador.com” que se anota con dos investigaciones: “Empleados de viceministro de Ingresos vendieron a gobierno $750,000 en protectores faciales”, de Jorge Beltrán Luna, publicada el 22 de junio; y “Agricultura compró $1.6 millones en alimentos a empresa de Koky Aguilar siendo presidente del FONAES”, también de Beltrán Luna (26 de agosto).
Esquirlas llegan hasta España
El debilitamiento de la democracia en El Salvador repercutió también en España. En una editorial del prestigioso diario El País del 6 de septiembre “Una explicación necesaria”, se lee: “ Las documentadas revelaciones periodísticas de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negoció con la principal banda criminal de su país, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), varios beneficios, incluyendo la modificación de leyes, a cambio de un descenso en la violencia y apoyo en las próximas elecciones, obligan al mandatario a dar amplias explicaciones y a la justicia del país centroamericano a investigar sobre su proceder y aportar la mayor transparencia posible sobre las conversaciones que han mantenido funcionarios de su Gobierno con los pandilleros ”.
Y continúa : “El problema, más allá del método y el precio a cambio de resultado, son las formas y la falta de transparencia. Gobiernos que antecedieron al de Bukele negociaron con las pandillas en una senda similar a la del mandatario, y el fracaso llevó al país a su año más violento”. Y acota : “Si el Gobierno decide que el camino pasa por conversar con los violentos, debe ser transparente y nunca convertirse en rehén de quien pretende socavar al Estado” .
Las pruebas de que el Gobierno de Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 están contenidas en 108 páginas de los libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad de Zacatecoluca e Izalco Fase III. En ellas se constatan decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros entre el 18 de octubre de 2019 (cuatro meses después de que asumiera Bukele) y el viernes 7 de agosto pasado; además de informes de inteligencia que explican lo pactado. En esos registros aparecen los múltiples ingresos a Zacatecoluca e Izalco Fase III, del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y del director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín , acompañados de hombres encapuchados.
Carlos Marroquín conoce bien a los jefes de la MS-13. El 21 de diciembre de 2015, siendo funcionario de la alcaldía de San Salvador que encabezaba Bukele, se juntó con pandilleros en un local de Pizza Hut en San Salvador. Esa reunión fue revelada por El Faro en 2018 y va acompañada de una foto que lo muestra junto al concejal Mario Durán, hoy ministro de Gobernación, candidato a alcalde de la capital por “Nuevas Ideas” y jefe de Marroquín.
¿Por qué importa remitirse a esa cita? Porque uno de los pandilleros que se reunió con Marroquín en 2015 es Edwin Cedillos Rodríguez (“ Renuente”), hoy preso en Zacatecoluca por compra ilegal de decenas de fusiles para su pandilla y la planificación del asesinato de funcionarios públicos. El otro pandillero que participó de esa reunión de 2015 es Michael Hernández Estrada (35 años), “encargado de la línea política” de la Mara Salvatrucha-13. Su apodo: “White de Iberias”. Y uno de los encapuchados que ingresó junto a las autoridades de Gobierno al penal Izalco Fase III el pasado 7 de agosto.
El 2 de julio de 2019, Bukele lanzó la fase II de su plan Control Territorial, con el que prometió acabar con la delincuencia. A su lado estaba Carlos Marroquín, responsable de esa etapa desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Todo indicaba que el plan había dado resultados, pues 2020 exhibe un récord a la baja en homicidios desde los Acuerdos de Paz: entre enero y mayo hubo 519 asesinatos. En el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 1,345 homicidios. Lo que la opinión pública nunca supo fue que en junio de 2019 se había iniciado la negociación secreta que El Faro reveló este 3 de septiembre.
La última revelación de El Faro no es lo único que preocupa a la opinión pública internacional y a lectores de este diario, como veremos a continuación. En la misma editorial del diario El País citada, se lee: “ Bukele llegó a la presidencia en junio del año pasado como un representante de la nueva política, con un lenguaje moderno en las formas y los fondos y como un soplo de aire fresco frente a un sistema de partidos imperante desde que el país centroamericano recuperó la democracia en 1982. Pero en este poco más de un año de mandato ha dado muestras de una deriva autoritaria caracterizada por un abierto enfrentamiento a los poderes Legislativo y Judicial cuyo punto más extremo fue la ocupación militar del Parlamento el pasado mes de febrero. El escándalo ahora conocido daña terriblemente a la Jefatura del Estado y es obligación de Bukele esclarecer completamente los hechos, no solo por su propio futuro personal, sino por el bien de las mismas instituciones de la democracia salvadoreña ”.
La misma preocupación por el debilitamiento de la democracia salvadoreña ha expresado en tres oportunidades en los últimos meses José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El 17 de abril pasado, Vivanco alertó así sobre lo ocurrido en El Salvador: “Agentes de las fuerzas de seguridad encargados de hacer cumplir la cuarentena han detenido a cientos de personas en centros de contención, donde existe un mayor riesgo de propagar el contagio de Covid-19. El 15 de abril de 2020, la Corte Suprema dictó la última de tres sentencias que procuran frenar estos abusos, pero Bukele emitió declaraciones públicas después de cada una de ellas en las cuales desafía a la corte”.
Vivanco interpeló así a la OEA: “El desprecio manifiesto de Bukele por el papel que juega la Corte Suprema en la protección de derechos fundamentales debería encender todas las alarmas para que la OEA adopte medidas urgentes que prevengan un mayor deterioro del Estado de Derecho y la erosión de las instituciones democráticas”.
Hubo otro de nuestros lectores que reaccionó. José nos escribe:
“Quise participar de la denuncia de abuso sexual dentro de El Faro, noticia que apareció en la portada de ‘La Página’ el 2 de julio, con el siguiente comentario, pero fue rechazado: ‘El que esté libre de pecado ... La campaña para denigrar y difamar la misión/función periodística de El Faro está en marcha. ¿El fin justifica los medios, si o no? ¿Quiénes serán los siguientes? Una historia ‘más’ en el contexto de noticias sexuales cuyas víctimas y fuentes son casi siempre anónimas, dicho con el mayor de los respetos por la seguridad e integridad de las víctimas, de las fuentes. Sin embargo, los nombres de los dos acusados ya son del conocimiento del ‘patíbulo público’. ¡se trata de periodistas de El Faro! ¿En función de la ética profesional o ética periodística? Para terminar: El que esté libre de pecado ... La campaña para denigrar y difamar la misión/función periodística de El Faro está en marcha’ (este es un extracto). El fin justifica los medios, ¿sí o no? ¿Quiénes serán los siguientes? ¿El Centro Monseñor Romero? ¿La UCA? ¿Individuos (sexo masculino o femenino) con opiniones críticas o puntos de vista divergentes? Los felicito por su imparcialidad y objetivo trabajo periodístico”.
No opina lo mismo Mario Fernández: “Muy decepcionado de El Faro, de tener un equipo de periodistas abusadores de mujeres o complacientes frente a esas conductas… he visto cómo se acosaba a ciertas señoritas que eran cristianas, todo por estar en contra del aborto. Qué complaciente la postura del resto de compañeros”.
“Sin buen periodismo, no hay democracia. Y sin democracia no hay libertad”, escribe Edwin, quien pide: “No tengan miedo, los van a perseguir, pero esto nos importa a todos”. Algo similar opina Paulo, un estudiante universitario, quien nos mandó esto: “El poder hoy, mañana y siempre debe ser cuestionado/ Y no podemos, ingenuamente, ante tan mal saneamiento/ creer que las decisiones las toman sin discernimiento / cuando todo su proceder es fríamente calculado / Irónicamente, la moda, hoy, es estar desinformado/ Pobrecito mi país, parece estar aún condenado, a ser la burla de muchos y la finca de ‘salvadores’/ Esos que montan circos, para que aplaudan los seguidores” .
* Defensora del Lector de El Faro.
Texto original publicado en El Faro.
