3 de septiembre 2020
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Fuentes vinculadas al Registro Mercantil confirmaron a CONFIDENCIAL que este dos de septiembre, Día del Ejército de Nicaragua, se registró la millonaria compra del 25% de las acciones del Banco de Finanzas (BDF), que estaban en poder del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), y su traspaso al Grupo ASSA.
“La transacción ya está asentada en el Registro”, aseguró la fuente, unas horas antes de que el presidente Daniel Ortega y el general Julio César Avilés, comparecieran en la celebración oficial el 41 aniversario del Ejército en la Plaza de la Revolución, sin hacer ninguna referencia a los negocios de la institución militar.
Con esta operación, que fue previamente autorizada por la Superintendencia de Bancos, el Grupo ASSA, que lidera el empresario panameño Stanley Motta, consolida su posición como dueño mayoritario del BDF, pasando a controlar 80% de las acciones del banco.
Con la salida del Ejército, el restante 20% se mantiene en manos de diversos grupos de accionistas individuales, entre los que se encuentran los directivos del Banco, Juan Bautista Sacasa y Mario Cardenal.
Con un patrimonio estimado en 75 millones de dólares, la compraventa de las acciones del IPSM en el BDF (un 25% del total), se estima en unos 19 millones de dólares que pasarán a engrosar las arcas del Grupo de Negocios del Ejército.
El IPSM tiene inversiones en la Bolsa de Valores Internacional de Nueva York, así como en el sector inmobiliario, turismo, comercio, construcción, y otros, de forma directa y en alianza con inversionistas nacionales y regionales.
Sin embargo, a raíz de la crisis política que estalló en 2018, y tras el alineamiento del Ejército de Nicaragua con el régimen dictatorial de Ortega, y los señalamientos de complicidad por su negativa a desarmar a los paramilitares, el IPSM se convirtió en un “socio incómodo” para algunos inversionistas extranjeros, temerosos del efecto de las sanciones internacionales de Estados Unidos.
La sanción al General Avilés
El pasado 22 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó al Jefe del Ejército, general Julio César Avilés, aduciendo que “está alineado políticamente con el presidente Ortega, y se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o ‘parapolicías’ durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, agregó el Gobierno de Estados Unidos.
Once días después de la sanción al general Avilés, el Ejecutivo y la institución armada, maniobraron para liberar al Jefe del Ejército de sus responsabilidades legales, a fin de proteger al brazo inversionista de la institución militar del efecto de “contagio financiero”, derivado de la sanción del Tesoro contra el alto militar, que ostentaba el cargo de presidente del IPSM.
El dos de junio se hicieron cambios legales en el IPSM, para incorporar al jefe de la Dirección Logística, el de la Dirección de Finanzas, y al jefe de la Secretaría General, con la función de sustituir a cualquiera de los titulares militares del Instituto.
ASSA busca protección
“La decisión del empresario Stanley Motta de comprar las acciones del IPSM en el BDF, es una forma de sacar al Ejército del negocio, para proteger al Banco y las inversiones de ASSA en Nicaragua”, indicó un analista de negocios en Panamá.
La fuente explicó que la sanción del Tesoro de Estados Unidos contra el general Avilés, que hasta junio de este año era presidente del IPSM, ya ha provocado un “alto costo reputacional” para todos los socios del Ejército en diversas inversiones, pero esto resulta más sensible en el negocio financiero.
“ASSA está advirtiendo el riesgo de que las sanciones individuales se extiendan a la institución” y como grupo regional que tiene inversiones e intereses en negocios en Estados Unidos, seguramente “decidieron protegerse”, dijo la fuente panameña.
Un analista financiero que trabajó para el BDF en Managua recordó que antes de 2018, Motta intentó vender sus acciones del BDF a varios grupos financieros, pero la crisis política provocada por el Gobierno echó por la borda la operación.
“Probablemente los de ASSA eventualmente querrán venderlo, pero nadie iba a comprar ese banco mientras perteneciera al Ejército, con riesgo de sanción, por eso como requisito para poder venderlo a futuro había que sacar al Ejército”, comentó la fuente.
Las cifras del Banco
Al 31 de diciembre 2018, el BDF tenía activos por 681.9 millones de dólares, que se habían reducido a 582.7 millones al 31 de marzo de 2020, según el Informe de Fitch Ratings de junio pasado, que le otorgó una calificación Estable, debido, básicamente, a su relación accionaria con el Grupo ASSA.
Las inversiones el Grupo ASSA en Nicaragua, que ademas del BDF incluyen la compañía de seguros ASSA, representaban el 27% de las ganancias del grupo, solo detrás de Panamá, que generó el 50% de las ganancias del Grupo.
BDF es el cuarto banco del país, tanto por su tamaño, como por las utilidades reportadas. A junio del 2019, destinaba 194.3 millones de dólares (42% del total) de su cartera crediticia, para financiar hipotecas, ocupando el primer lugar en este rubro, dentro de la banca nacional.
