29 de agosto 2020
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Los asaltantes llegaron vestidos de policías y con el rostro cubierto con pasamontañas. Uno de ellos llevaba consigo un fusil AK 47, otros dos portaban escopetas y el cuarto se quedó en una camioneta Toyota Hilux, vigilando afuera del negocio. Revisaron cada rincón del lugar, ataron de pies y manos a los dos trabajadores y se llevaron un botín de cinco millones de córdobas.
Al salir del lugar los asaltantes cerraron la puerta del negocio, captando –sin querer– la atención de los güiriseros que aquel 22 de agosto, como todos los sábados, llegaron a vender el oro que extrajeron de las minas del Caribe Norte de Nicaragua. Los clientes esperaron afuera del local y al cabo de unos 20 minutos forzaron la puerta, encontrando los vestigios del asalto.
Desde aquel día Ángel Báez, dueño del negocio y el dinero robado, ha recorrido –junto con sus trabajadores– todas las montañas de la comarca Santa Bárbara, del municipio de San Isidro, en el departamento de Matagalpa, donde estaba ubicado el acopio del oro. La Policía le ha dicho que “tienen una pista” de los asaltantes, pero no le dan mayores detalles.
El hombre apenas se detiene “para comer”, asegura su cuñada Lesbia Aráuz. Es la primera vez que lo asaltan en 20 años que lleva comprando y vendiendo oro, aunque recuerda que otros colegas suyos han sido asaltados en la zona.
Los días pasan mientras Báez ha perdido –además del dinero– el tiempo y las esperanzas de recuperar lo robado. El asalto a su negocio es solo una muestra del accionar de bandas delincuenciales que operan impunemente en Nicaragua.
Incremento de robos y asesinatos
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es “indudable”, asegura la socióloga e investigadora Elvira Cuadra. Eso se percibe –incluso– en los dos últimos anuarios de la Policía. Ambos documentos muestran como la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100 000 habitantes en el año 2017, a 62 en 2018, y 71 en 2019.
Asimismo, las estadísticas de la Policía dicen que la tasa de homicidios pasó de 7 por cada 100 000 habitantes en el año 2017, a 11 en el 2018, y 8 en el 2019. Este aumento de los delitos es “una tendencia que se mantiene ahora en el 2020”, señala Cuadra.
Para el especialista en Seguridad, Roberto Cajina, las estadísticas de la Policía, aunque muestran un incremento de la actividad delictiva como se percibe en los medios de comunicación, no son datos totalmente creíbles y no permiten tener “un mapa completo” de la actividad delictiva en Nicaragua.
Los anuarios de la Policía “usualmente han sido manipulados… para poder presentar la imagen de un país que es seguro, que se compromete contra los delitos, pero el hecho que en redes sociales y en los medios de comunicación se esté informando constantemente de asaltos y secuestros, es evidencia que si hay un aumento de la inseguridad y de la actividad delictiva”, sostiene Cajina.
Entre enero y junio de 2020, se registraron 131 asesinatos en el país, con un promedio mensual de diecinueve, según el estudio La evolución de la violencia letal en Nicaragua, elaborado por Cuadra. Estas cifras representan un aumento del 338% respecto al primer semestre de 2019, cuando el país acumulaba 26 asesinatos, pero son similares a los datos del segundo semestre de 2019 cuando se comenzaron a registrar asesinatos en las zonas rulares del país.
Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Además, cada semana la Policía presenta a las bandas delincuenciales que supuestamente habrían desarticulado. Los últimos en ser presentados fueron Hader González y Cristian Meneses, capturados por el Ejército de Nicaragua el pasado 13 de agosto, sobre su detención existen tres versiones.
Sin embargo, organismos de derechos humanos indican que los dos detenidos estaban exiliados en Costa Rica y fueron capturados mientras intentaban regresar a Nicaragua de forma irregular. El Ejército los tildó como “delincuentes” y la Policía los presentó como integrantes de una banda delincuencia denominada “El Topo”, dedicada al robo, abigeato, narcotráfico secuestro, extorción y tráfico de armas.
Policía dedicada a reprimir, en lugar de proteger
Esta ola de asaltos, robos y asesinatos en Nicaragua, son el resultado de la impunidad que el régimen de Daniel Ortega garantiza a los paramilitares o parapolicías, la constante liberación de reos comunes, la crisis económica y la desnaturalización de la Policía Nacional, según los analistas nacionales.
La institución policial se dedica “más a las acciones de represión que a sus misiones de protección de los ciudadanos y sus bienes”, critica Cuadra. También, advierte que desde 2018 “hay mayor presencia de armas de fuego y de armas de guerra, particularmente, que están en manos de grupos paramilitares”, continuó.
De forma simultánea, el régimen de Ortega ha excarcelado a 16 146 presos comunes, según un reportaje elaborado por el medio digital La Lupa, quienes analizaron las notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional desde enero de 2018 hasta el 15 de julio de 2020.
Para Cajina, todos estos factores se conjugan en una ecuación sencilla: “A mayor número de delincuentes en la calle mayor número de delitos”.
En el caso de los parapolicías, que fueron armados y dotados de impunidad en 2018, el analista explica que “pasaron de la delincuencia política a la delincuencia común”. En la medida de que, “cuando estaban en la etapa más cruda de la represión ellos recibían dinero a cambio de atacar, golpear, disparar, matar, pero al haber amainado la acción represiva esa gente quedó sin trabajo, por decirlo de alguna manera”. La falta de ingresos los obliga a delinquir.
El cinco de marzo de 2020, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Policía de Nicaragua, por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”. Estas sanciones también le habrían restado capacidad operativa a la institución, señalan los analistas.
Desconfianza de la ciudadanía
En el otro extremo, la población percibe un ambiente de inseguridad similar al de 2018, según la última encuesta de CID Gallup, publicada en mayo 2020. Esta percepción de “aumento del crimen” es más común entre las personas mayores de 25 años, quienes están más expuestos cuando van al trabajo o salen a hacer compras.
La encuesta de CID Gallup también revela que la excarcelación de los reos comunes “creó un ambiente de miedo” especialmente entre los usuarios de transporte público, pero aclara que –en el periodo analizado– la incidencia de la delincuencia fue similar en todos los departamentos de Nicaragua: “hay tanta delincuencia en las áreas urbanas como en el resto del país”, detalla
La percepción ciudadana de un aumento de la delincuencia común contrasta con la disminución de las denuncias registradas en los anuarios de la Policía. Esta situación indica que “la población no tiene confianza” en la institución, saben que “si van a poner la denuncia del robo de un celular, van a perder tiempo y no les van a resolver”, subrayó Cajina.
La desconfianza en la Policía es paralela a la represión del régimen de Ortega. Antes de 2015, la institución gozaba de cierto prestigio y mantenía un esfuerzo de profesionalización, pero después de la matanza de abril de 2018 y la “Operación Limpieza”, Ortega instaló un estado de excepción en septiembre de 2018, cuando la Policía anuló el derecho de reunión y movilización pacífica, al prohibir la celebración de marchas de protesta cívica.
Durante dos años el régimen ha intentado implantar el orden y la “normalidad” al imponer, por las vías de hecho, un estado policial. La impunidad y el abuso de autoridad son evidentes en situaciones como el arresto de la comerciante Tania Isabel González, quien fue cargada y arrastrada por ocho oficiales, únicamente por vender banderas azul y blanco en su negocio ubicado en San Carlos, Río San Juan.
