22 de agosto 2020
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Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega que han denunciado la falta de medidas de prevención de la covid-19, en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), han sido golpeados y amenazados por las autoridades penitenciarias en los últimos ocho meses. Siendo esta una práctica recurrente en las cárceles de Nicaragua, denuncian los familiares de los reos.
Al preso político Wilfredo Brenes, quien está preso por segunda ocasión, los custodios del penal lo vigilan todo el tiempo. El pasado 11 de agosto, cuando su hermana Marielos Montalván llegó a visitarlo, cinco custodios del Sistema Penitenciario se quedaron en la jaula escuchando la conversación y transgrediendo el derecho del reo a la privacidad.
Montalván recuerda que, desde que entró al penal, los custodios le hicieron fotografías y durante la reunión con su hermano los “estaban filmando”. La conversación fue “incómoda” debido a la vigilancia. Ella le llevó unos medicamentos para los dolores en el hombro y él apenas pudo contarle que “está bien” y que “hay muchos reos enfermos”.
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Brenes estaba molesto por la presencia de los custodios durante la visita familiar, pero “él no puede reclamar”, asegura su hermana. “Si él reclama o dice algo después lo golpean”, explica.
En una visita anterior, Montalván vio como un custodio del Sistema Penitenciario sacó a su hermano del jaula de visitas. Luego se enteró que lo llevaron a un cuarto donde lo desnudaron, lo obligaron a hacer sentadillas y “le decían que si él se caía lo iban a golpear”, señaló.
Reos enfermos y desprotegidos
Entre los presos político también hay enfermos como Kevin Zamora, quien padece asma e hipertensión, estas enfermedades lo vuelven vulnerable ante el coronavirus. Su padre, Santos Zamora, explica que en la última visita familiar, el pasado 11 de agosto, lo encontraron con una crisis de asma por lo que él fue a comprarle medicamentos y tuvo que “suplicarles” a los custodios para que le permitieran entregarlos.
La visita familiar solo duró 20 minutos porque al preso político “le costaba hablar por el cansancio que tenía”, recuerda su padre. Desde entonces “estamos bastante preocupados porque ahí (en la cárcel) él no tiene quien lo atienda o lo lleve a un médico”, reflexiona Zamora.
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Pese a la vulnerabilidad del preso político Kevin Zamora ante la covid-19, las autoridades de la cárcel no le permiten usar ningún tipo de protección. En la última visita familiar, “se le pasó una mascarilla y fue un gran problema solo por eso”. En represalias los custodios del Sistema Penitenciario los cambiaron de la galería 6 a la galería 4.
Asimismo, la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) denunció que las medidas de prevención de la pandemia en el Sistema Penitenciario Nacional son prácticamente nulas. En las cárceles hay hacinamiento, no hay agua y no se permite el uso de alcohol por ser un producto inflamable.
Continúan las detenciones
Hasta el cinco de agosto el régimen de Ortega acumulaba un centenar de presos políticos, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. No obstante, las detenciones de personas opositoras al Gobierno han continuado en los últimos días.
Entre los detenidos se encuentran los opositores Jean González y Cristian Meneses, quienes fueron capturados por el Ejército de Nicaragua el pasado 13 de agosto. Organismos de derechos humanos indicaron que los dos detenidos estaban exiliados en Costa Rica y fueron capturados mientras intentaban regresar a su país de forma irregular. La versión militar –en cambio– los señala como “delincuentes”.
El portavoz del Ejército, el coronel Álvaro Rivas, sostuvo que los dos detenidos, junto a otros dos individuos que se dieron a la fuga, estaban vestidos de uniforme pinto, portaban pasamontañas, fusiles, pistolas, pertrechos, mochila y uniforme militares. Además, sugirió que estaban involucrados en el asesinato del productor Gregorio Quintero, asesinado en una comunidad de Nueva Guinea, en el Caribe Sur, el pasado 21 de julio.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Unidad de Defensa Jurídica condenaron “las detenciones arbitrarias” y la situación en las cárceles que viven los presos políticos.
“Con suma preocupación se observa la escalada de detenciones como una estrategia perversa del régimen Ortega Murillo, que violenta los derechos humanos, viola la legislación nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos", denunció el Cenidh.
Amenazas a los defensores
Asimismo, el coronel Rivas dijo que al Ejército le "llama mucho la atención aquellas personas que hacen señalamientos sobre nuestra institución y específicamente sobre esta captura", por lo que los instó a "tener mucho cuidado, en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes".
"Además, rechazamos toda la campaña de desprestigio en contra de nuestra institución", agregó el coronel Rivas.
Ante las declaraciones del portavoz militar, la socióloga Elvira Cuadra advirtió que "calificar anticipadamente a los dos detenidos como delincuentes y amenazar a los defensores de derechos humanos es una violación grave".
Por su lado, la abogada Yonarqui Martínez, alertó que el Ejército, al tildar de delincuentes a sospechosos, desconoce el debido proceso y el principio de inocencia de los detenidos, establecidos en la Constitución Política, el Código Procesal Penal y el Pacto de San José.
Para Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, esas declaraciones constituyen una "grave amenaza" y consideró que el Ejército pretende "silenciar las voces que demandan el respeto a los derechos humanos, porque quieren imponer el terror a los opositores".
En tanto, la investigadora Cuadra observó que ni el Ejército ni la Policía han presentado a los detenidos ante las autoridades competentes en el término que establece la Ley, que es de 48 horas.
"En ese sentido fueron sometidos a desaparición forzosa y eso es una violación grave de sus derechos humanos, no importa si estaban cometiendo, o habían cometido, delito o no", señaló Cuadra.
