19 de agosto 2020
AA
Share
En el banquillo de los acusados Kevin Monzón, el “tik-toker” que parodia a Rosario Murillo, escuchó decepcionado mientras el juez sexto penal local de Managua lo envió a juicio oral, el próximo ocho de septiembre, por el delito de amenazas con arma. En la audiencia, realizada el pasado 17 de agosto, el único testigo de la Fiscalía fue la víctima José de la Cruz Usaga, pero su testimonio fue suficiente para convencer a la autoridad judicial. Un hecho recurrente en Nicaragua.
A Monzón, de 20 años de edad, el juez le mantuvo la medida de casa por cárcel, pero tiene prohibido comunicarse con la víctima y testigo, comparecer en lugares públicos y debe presentarse a firmar periódicamente a los juzgados. Su abogada, Yonarqui Martínez, asegura que este es otro caso de índole político porque Monzón es un activista antigubernamental y advierte que los juicios políticos continúan en Nicaragua a pesar de la pandemia de covid-19.
Martínez, quien ejerce la defensa de 26 de un total de 90 presos políticos que continúan en prisión, explicó que desde que se reportó el primer caso de covid-19 en Nicaragua, en marzo pasado, la justicia nicaragüense ha condenado a 16 de sus defendidos y cada día que pasa "la situación de los presos políticos se agrava". En el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) hay hacinamiento, no hay agua, faltan medicinas y en muchos casos "no dejan entregarles (a los reos) mascarillas y mucho menos alcohol", dijo la abogada.
Lea: 700 días en prisión: los últimos reos políticos de Daniel Ortega
En el caso de Monzón, el joven está convencido de que su proceso judicial está asociado a su activismo político, por lo que –al salir de la audiencia– afirmó: “no me van a callar en las redes sociales”, e instó a quienes lo siguen en las redes a que “no se callen ante la injusticia en contra del pueblo”.
Múltiples audiencias
Para el abogado de presos políticos, Julio Montenegro, la pandemia de covid-19 no ha frenado los procesos judiciales en contra de sus defendidos. Al contrario, a su juicio, “hubo una avanzada de muchos casos” en las últimas cinco semanas y ha tenido que hacer un gran esfuerzo para asistir a múltiples audiencias en el complejo judicial de Managua.
Montenegro tiene a su cargo la defensa de veinte presos políticos, de los cuales ocho están siendo juzgados, once se encuentran en proceso de apelación y uno en casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, monitorea de cerca la situación de un par de personas detenidas que aún no han sido llevadas a los juzgados.
Lea: Preso político aislado en área covid-19 del Hospital Alemán, según familiares
El abogado relató que lo único que ha variado en los juicios contra los presos políticos es que los jueces y trabajadores del Poder Judicial ahora utilizan mascarillas y desinfectan los escritorios con cloro para mitigar el riesgo de contagio de covid-19, pero a los reos los ubican en lugares de uso público donde su máxima protección es “a lo sumo una mascarilla”.
Condenas seguras y penas exageradas
Por otro lado, los procesos judiciales en contra de los presos políticos que se han realizado durante la pandemia están plagados de “irregularidades”. Según los abogados, “las imputaciones tienen un origen dudoso” y una importante cantidad de los procesados habían sido excarcelados con la Ley de Amnistía, pero fueron recapturados.
“Son procesos que terminan con una condena, donde la pena más baja ha sido de cinco años de cárcel por el delito de robo agravado. Aparte de eso, hay penas exageradas de más de 20 años de cárcel”, explicó Montenegro. Las penas también incluyen multas que superan los 30 000 córdobas.
La abogada Martínez coincide en que ninguno de los presos políticos ha sido absuelto por la vía legal. Las autoridades judiciales han determinado "multas exageradas" y penas "intermedias y mayores". Tampoco les conceden beneficios a los que tienen derecho por la ley.
"Yo he tenido privados de libertad por delitos menores a los que la ley dice que la pena puede ser tramitada con una medida cautelar alterna; sin embargo, no les dan la medida cautelar alterna, los mantienen en prisión y los condenan", subrayó Martínez.
Casos excepcionales
Durante la pandemia, los abogados –también– reportan la liberación de los presos políticos: Giovanni Guido, Kevin Castillo y Francisco Hernández Morales, pero "hasta el momento no sabemos con qué condición ni con qué medidas están", dijo Martínez. El grupo fue excarcelado el 14 de julio, días después que el régimen de Ortega anunció la liberación de reos comunes.
Otra situación inusual es lo que sucedió con cinco presos políticos de la isla de Ometepe, quienes estaban acusados por siete delitos y únicamente los declararon culpables por el delito de obstrucción de funciones agravado. "Es algo que a mí me impresionó", dijo Martínez. A este grupo todavía no les comunican la sentencia.
Por otro lado, el preso político Richard Saavedra, quien fue beneficiado con la Ley de Amnistía en 2019 y recapturado meses después, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado. Siendo esta una de las penas más bajas en contra de los presos políticos.
