29 de julio 2020
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El Gobierno de Daniel Ortega recibió una nueva donación de pruebas para detectar la covid-19, informó este miércoles el Ejecutivo, en medio de reclamos porque cobra 150 dólares por cada test, y porque no los ofrece a los nicaragüenses varados del otro lado de sus fronteras, a quienes exige un certificado de sanidad.
"Taiwán nos está donando reactores rápidos Excelsior Bio-System Incorporation, para los exámenes necesarios para detectar la covid-19. Serán de mucha utilidad para realizar estudios de cero prevalencia en una población determinada", informó la vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
Murillo no informó la cantidad de pruebas donadas por Taiwán, ni especificó el lugar o el uso que les dará el Gobierno de su esposo, el presidente Daniel Ortega.
Hasta ahora Nicaragua ha recibido unas 31 000 pruebas de COVID-19, de las cuales 26 000 fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 5000 por Rusia, según datos oficiales.
Más de 1500 nicaragüenses continúan varados
Este mismo miércoles la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que más de 1500 nicaragüenses están varados en países vecinos e islas del Caribe, tras perder sus medios de vida, y quienes no pueden pagar por la prueba de COVID-19, que exige Ortega para permitirles el ingreso a Nicaragua, siempre que el resultado sea negativo.
La situación más crítica la viven más de 500 nicaragüenses que permanecen a la intemperie en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua desde mediados de julio, así como un grupo de 77 que hoy atravesaron Honduras, tras permanecer 11 días en un puesto fronterizo entre Guatemala y territorio hondureño, según la Unidad Nacional.
Los opositores, que califican de "ofensa" el cobro de 150 dólares por cada examen de covid-19 (facilitado únicamente a quienes viajen al exterior), reclaman a Ortega que destine una parte de las 31 000 pruebas donadas anteriormente por el BCIE y Rusia, a cumplir con el "mandato constitucional" de velar por la salud de los nicaragüenses independientemente del país en que se encuentren, así como de permitirles el ingreso y libre movilidad en su país.
"Queremos seguir alertando de la gravísima situación de 1.000 nicaragüenses en algunas islas del Caribe, particularmente en Islas Caimán, donde están 500, de los cuales 105 han intentado retornar, sin hasta ahora tener éxito", dijo Félix Maradiaga, integrante del Consejo Político de la Unidad, en una teleconferencia de prensa.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega se negó a recibir a sus connacionales a raíz de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, no obstante a partir de julio aceptó el ingreso siempre que garanticen que no tienen la enfermedad y que las autoridades nicaragüenses no incurrirán en ningún gasto de repatriación, en lo que denomina un "proceso ordenado".
"El régimen no sólo viola la Constitución (de Nicaragua), sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la guía sobre el COVID-19 y los derechos de las personas migrantes, emitida por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en abril de este año", señaló la Unidad.
No obstante, en el caso de los nicaragüenses que permanecen en islas del Caribe, estos no son migrantes, sino trabajadores contratados por empresas trasnacionales dedicadas al turismo durante temporadas de varios meses, que luego regresan a Nicaragua, recordó Maradiaga.
Datos del Ministerio de Salud indican que en Nicaragua 116 personas han muerto de covid-19, de un total de 3672 que han sufrido el padecimiento.
Dichos números contrastan con el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 2487 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 8755 casos sospechosos, datos que son avalados por la Unidad Médica Nicaragüense.
El manejo de la pandemia en Nicaragua ha sido motivo de preocupación, tanto en organismos defensores de los derechos humanos dentro del país, como los adscritos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
