23 de julio 2020
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El subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Jon Piechowski, afirmó que continuarán presionando al régimen de Daniel Ortega hasta que garantice elecciones “libres y justas”, ponga fin a la represión y libere a los presos políticos.
Para ello recalcó que harán uso de todas las “herramientas económicas y diplomáticas” para lograr que se restablezca la democracia en Nicaragua, incluyendo la aplicación de sanciones a funcionarios y allegados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El mensaje que queremos dar (con las sanciones adoptadas) es que todo actor político nicaragüense tiene una elección que hacer. Puede optar por apoyar a las voces contundentes democráticas nicaragüenses o puede apoyar un régimen que reprime, que es corrupto en su conducta y que criminaliza actos y hechos que deben estar protegidos como los derechos humanos”, explicó.
El funcionario habló, en una conferencia telefónica desde la capital estadounidense, con un grupo de periodistas en Nicaragua y explicó que no puede especular sobre si vendrán nuevas sanciones para funcionarios militares, judiciales o de otras instituciones.
Sin embargo, insistió que “cada agente del Estado y cada socio de los Ortega-Murillo” tendrá en su poder decidir qué posición tomar ante la demanda del restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
“Un policía, por ejemplo o un soldado tiene la decisión si quiere reprimir a un manifestante o no. O si quiere dejar que ejerza sus derechos, un juez puede respetar la ley o puede detener a alguien arbitrariamente, o sea que estas son las opciones que tienen y nosotros con las sanciones que imponemos, queremos mandar esa señal”, precisó.
Responde al jefe el Ejército
El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, rechazó el pasado 16 de julio las sanciones en su contra adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 22 de mayo de este año “por apoyar al corrupto régimen de Ortega” calificándolas de “injerencistas”.
Avilés, argumentó el Gobierno estadounidense, “está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o ‘parapolíticas’ durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, agrega el texto sobre las sanciones.
Al respecto, Avilés indicó que “bajo ningún punto de vista lo aceptamos nosotros. No nos conducimos por criterios políticos, sino bajo lo establecido en nuestra Constitución y nuestras leyes”.
“Nuestras armas están en estricto control. No hemos entregado armas a nadie, rechazamos esas calumnias. Aprovecho para hacer responsables a los calumniadores de daños físicos y psicológicos que puedan causar a nuestros compañeros y sus familiares. No hay ni un solo caso que en medio de las situaciones de abril (2018) que un miembro del Ejército haya agredido a un nicaragüense. Esa decisión del Departamento del Tesoro es injerencismo” dijo el jefe militar.
Piechowski explicó que cada decisión que toman acerca de sanciones lo hacen “bajo nuestras leyes y reglas”. “Sobre lo que dijo el general (Avilés) lo que puedo decir es que nosotros como país no queremos que nuestro sistema financiero sea cómplice de la represión y la corrupción”, puntualizó.
Sobre sanciones y elecciones
El alto funcionario de EE. UU. aseguró que las sanciones económicas “contra el círculo interno corrupto del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo seguirán vigentes contra quienes apoyan al régimen e impidan la restauración de la democracia en Nicaragua” hasta que el Estado nicaragüense implemente “las acciones y reformas necesarias” que lleven a la realización de unas elecciones libres y justas.
Desde que el 21 de diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, por corrupción, más de 20 funcionarios orteguistas han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta Murillo, y tres de sus hijos: Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo.
Además, nueve de los más de veinte funcionarios sancionados por Estados Unidos también están sancionados por Canadá y seis también por la Unión Europea y el Gobierno de Suiza.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 17 de julio a Juan Carlos Ortega Murillo. Además, castigó a José Mojica Mejía, conocido testaferro de la familia presidencial, y la empresa Difuso Comunicaciones, administrada por los hijos de Ortega y Murillo, y Mundo Digital. Ambas compañías son señaladas de “distribuir propaganda del régimen y lavar dinero”.
Piechowski aseguró que están trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) y “socios internacionales en apoyo a las reformas electorales necesarias para que hayan elecciones libres y justas” en noviembre de 2021 en Nicaragua.
“Solo cuando los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y puedan elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas, podrán abordar los desafíos que tienen por delante, como asegurar la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad”, puntualizó.
El funcionario insistió que Nicaragua “no puede llevar a cabo elecciones libres y justas mientras se acosen y se detengan a periodistas y manifestantes pacíficos”.
“Estados Unidos también insistirá en que rindan cuentas quienes cometieron violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos desde abril de 2018”, afirmó.
