18 de julio 2020
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Cuatro Relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y del sistema interamericano de Derechos Humanos de la OEA, enviaron una carta al canciller Denis Moncada, en la que expresan su “profunda preocupación”, por las agresiones, encarcelamientos, confiscaciones y bloqueos del Gobierno en contra de los periodistas y los medios de comunicación independientes de Nicaragua.
Los Relatores cuestionaron al Estado de Nicaragua por su falta de respuesta ante la escalada de acciones represivas que se arreciaron a partir de la Rebelión de Abril, incluyendo el asesinato del periodista Ángel Gahona, director del telenoticiero ‘El Meridiano’; la quema de Radio Darío, en León; el secuestro policial de las instalaciones de Confidencial y 100% Noticias; el juicio político y enccarcelamiento durante seis meses de Miguel Mora y Lucía Pineda; el bloqueo aduanereo contra los periódicos; la agresión a periodistas, y el cierre de medios de comunicación departamentales, que llevaron al exilio a más de 70 comunicadores.
David Kaye, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de la ONU y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, de la OEA, encabezan la declaración que también suscriben la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU.
En la comunicación, enviada el 12 de marzo, le piden a Moncada información sobre las investigaciones –y sus resultados, si estuvieran disponibles- de “las alegaciones de violaciones de derechos humanos” contra el periodismo y los periodistas independientes, y que expliquen los motivos por los que esas investigaciones no se hubieran realizado, o no estuvieran concluidas.
Los relatores especiales demandan que se les proporcione información sobre el estado de los procesos administrativos o judiciales para examinar la devolución de los bienes confiscados a Confidencial y 100% Noticias, así como por la retención de papel, tinta y otras materias primas del Diario La Prensa, y “sobre la situación procesal de Miguel Mora y Lucía Pineda, y sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en ambos casos”.
No más de 60 días
Si bien el documento fue redactado y enviado en los primeros días de mayo pasado, no es sino hasta que transcurrieron dos meses que vio la luz, conforme a lo que se señala en el texto mismo, en el que también se indica que se haría público a través de su sitio web, y en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Es por eso que también pide información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para “garantizar la libertad de expresión, la libre circulación de ideas, y el acceso irrestricto a la información de interés público”, sin distinción alguna, así como “las medidas adoptadas para garantizar que defensores y defensoras de derechos humanos puedan realizar su legítimo trabajo en un entorno seguro y propicio, sin temor a intimidación o represalias”.
Al detallar las agresiones contra los medios de comunicación, los relatores especiales nombrados por el sistema de Naciones Unidas, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), detallan la quema de Radio Darío, y las consecuentes agresiones a su propietario, Aníbal Toruño, así como a su personal, que trabaja en un ambiente de asedio constante.
Según se refleja en la carta misma, la Policía Nacional –que es quien en realidad implementa la mayor parte de las acciones de asedio contra Toruño y su equipo- no estaría realizando investigación alguna, en parte amparados en la Ley de Amnistía, o en que, supuestamente, los colegas de Radio Darío no habrían interpuesto denuncia alguna, ni realizado llamadas de emergencia ante los uniformados.
También señalan que Confidencial y 100% Noticias, cuyas salas de redacción fueron confiscadas ilegalmente en diciembre de 2018, siguen estando así, sin que las autoridades hayan respondido a los recursos legales y administrativos (que incluyen recursos de amparo) interpuestos por los representantes de ambos medios de comunicación ante la Corte Suprema de Justicia.
Recordando la detención de Mora y Pineda, a la que le siguió una demanda por ocho millones de córdobas, y el bloqueo de su canal en YouTube; las medidas cautelares que hubo que dictar en beneficio de Carlos Fernando Chamorro y el equipo de Confidencial, así como la retención por parte de la Dirección General de Servicios Aduaneros, del papel y la tinta de La Prensa, recuerdan al Gobierno que “debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión… y abstenerse de ejercer presiones indebidas” para tratar de acallar a los medios.
