Una herencia de Ortega que se siente, pero no se ve

Una de las herencias nefastas que está dejando el régimen de Ortega es la deuda pública. Lamentablemente, la borrasca que nos agobia en el presente impide ver sus implicaciones futuras en toda su gravedad.

Se trata de un asunto relevante y de creciente gravedad que debería recibir mayor atención de organizaciones políticas, sociales y gremiales, y de la ciudadanía en general. Ya está generando efectos perversos que se sienten, pero no se ven. Efectos que provocan perjuicios a todos, y perjudicarán todavía más.

Las consecuencias del endeudamiento público se pagan caro y por años. Una de las mayores cargas que recibió el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, fue, precisamente, la deuda. Reducir aquella deuda representó años de negociaciones y renegociaciones con los acreedores internacionales. Pero, sobre todo, provocó grandes sacrificios para la mayoría de los nicaragüenses. Tal vez para muchos esté en el olvido; mientras, los más jóvenes, probablemente no registren en su memoria los tiempos ingratos de los programas de ajuste estructural.

Los grandes costos sociales que ocasionaron esos programas de ajuste económico fueron tomados por el orteguismo -para entonces en la oposición- como pretextos para organizar paros, tranques, quemas de vehículos, chantajes, asonadas, destrucción de propiedades y hasta muertes, y así mantener o ganar cuotas de poder. Baste recordar el asesinato del jefe policial Saúl Álvarez, muerto de un balazo de arma de guerra, en plena calle, a plena luz del día y ante las cámaras de televisión. Me pregunto dónde estará el video que registra este asesinato, que los nicaragüenses de la época vimos consternados en los noticieros televisivos.

Es una paradoja que Ortega recibiera, cuando retornó al poder en 2007, la herencia benigna de la Iniciativa para los países pobres altamente endeudados, que redujo la deuda externa desde casi doce mil millones de dólares, a 3385 millones de dólares, según un informe del Banco Central. Ortega recibió un país sustancialmente desendeudado y con un servicio de deuda que por años no superó los cien millones de dólares anuales.

¿Cuál es la situación en el presente?

En cuanto a la deuda externa, el último informe del Banco Central corresponde a junio del año pasado. Según ese reporte la deuda externa total de Nicaragua ascendía a 11600 millones de dólares. No sabemos por dónde andará un año después.

En cuanto a la deuda pública, esto es, la deuda que corresponde al Estado, el Banco dio a conocer un informe sobre el primer trimestre del 2020.

Aclaremos mejor la cuestión. La deuda pública es la deuda del Estado con acreedores nacionales y acreedores internacionales. Es la deuda que pagamos los nicaragüenses con los impuestos. Proviene de los créditos que ha recibido el Estado de organismos internacionales y de países, así como la deuda con acreedores privados que adquieren bonos que emite el Banco Central o el Ministerio de Hacienda.

En cambio, la deuda externa total comprende la deuda con acreedores externos, tanto del Estado, como la deuda de empresas privadas nacionales.

De acuerdo con el informe mencionado, el Estado nicaragüense debía a marzo de este año 7300 millones de dólares. En otras palabras, Ortega multiplicó por dos la deuda que recibió al asumir el poder en el 2007. Esta deuda no incluye la deuda con Venezuela porque oficialmente esa es deuda privada de la mafia en el poder.

Más allá del monto, la mayor repercusión son los pagos, que están aumentando año con año, ya que los vencimientos comenzaron a acumularse.

Para que tengamos una idea, en el 2015, los abonos del gobierno a los acreedores externos ascendieron a 159 millones de córdobas. En el 2019, cuatro años después, esos pagos llegaron a 329 millones de dólares, es decir, subieron al doble, y representaron aproximadamente el 14% de los ingresos que recaudó el Estado en concepto de impuestos. Y las perspectivas son que año con año los montos de los abonos seguirán aumentando.

Mientras más se paga a los acreedores externos, menos recursos quedan para educación, salud o infraestructura.

Para no abultar más el asunto no incluimos aquí el monto que se pagó a acreedores privados nacionales.

Pero no vamos a dejar pasar la ocasión sin mencionar que al cerrar el 2019 todavía se debían casi 200 millones de dólares de la deuda proveniente de las piñatas con las propiedades y con las quiebras bancarias. Más de mil millones de dólares nos han costado a los nicaragüenses esos banquetes que sentaron en la misma mesa a las élites económicas y políticas del país, sandinistas y antisandinistas, pues, a fin de cuentas, los rendimientos de los bonos de indemnización, en buena parte, fueron concentrados por unos cuantos vivianes, de lado y lado, y pasaron directo a engordar sus bolsillos.

¿Saben cuánto se pagó en el 2019 por los famosos bonos de indemnización? 45 millones de dólares. Y el primer trimestre del 2020 se pagaron 33 millones de dólares.

Cuántas mejoras en la educación y en el sistema de salud, programas de generación de empleo juvenil, infraestructura productiva, modernización tecnológica de pequeñas y medianas empresas, entre otros avances, que podrían haberse logrado, se fueron por los albañales de los bonos de indemnización. Pero bueno, esto es leche derramada. Lo que tenemos ahora frente a nosotros es la creciente deuda pública. Una espina que se siente, pero no se ve.