Ortega impone impuestos “ilegales e inmorales” a ventiladores, y mascarillas para prevenir covid-19

El Gobierno de Daniel Ortega está aplicando impuestos a tres equipos médicos vitales que se requieren para hacer frente a la pandemia de la covid-19, cuando --denunció el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)-- se deberían aplicar beneficios fiscales para la prevención del coronavirus.

A los ventiladores o respiradores, claves para pacientes que se agravan con la covid-19, el Gobierno les quitó la exoneración de impuestos a la importación  y les impuso un gravamen igual al de los abanicos de techo o de pedestal.

Las mascarillas quirúrgicas y los oxímetros (que ayudan a medir el nivel del oxígeno en la sangre), son los otros dos productos que están pagando nuevos impuestos, lo que representa una amenaza para la población que urge de estos insumos médicos para hacer frente a la pandemia.

El experto fiscal Julio Francisco Báez, apunta que otros productos básicos para enfrentar la pandemia también siguen pagando impuestos, como el alcohol gel, cloro, termómetros, entre otros.

“Hay una psicosis recaudatoria del Gobierno, que demuestra que no tienen una planificación tributaria ordenada y aplican el tiro por escopeta, es deci,r aplican el cobro donde se pueda, sin importar la salud del pueblo”, apuntó Báez.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, lamentó que el cobro de estos impuestos “está encareciendo la entrada de estos productos” cuando el sector empresarial viene insistiendo desde marzo “que lo que se tiene que dar es una flexibilización fiscal de todo aquello que sirva para combatir la pandemia”.

Impuestos son ilegales

Para el experto fiscal, Julio Francisco Báez, el cobro de estos impuestos es ilegal porque viola varias leyes nacionales, empezando por la Constitución, pero además es “inmoral” porque se cobra a productos necesarios para la salud.

“Es imposible pensar que se equivocaron y que pusieron a los ventiladores médicos en la misma lista que un ventilador común de una casa y se les esté cobrando impuesto a algo que puede salvar vidas”, afirmó.

Báez precisó que estos cobros violan el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que “estarán exentas del pago de toda clase de impuesto los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y prótesis, lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos productos de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan”.

Además violan el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria que establece que estarán exentos de pagar IVA medicamentos, vacunas, oxígeno para uso clínico u hospitalario, equipo e instrumental médico, quirúrgico, optométrico, odontológico y de diagnóstico para la medicina humana.

Este cobro, insiste Báez, viola las mismas leyes aduaneras y contraviene Sistema Arancelario Centroamericano (Sac) aplicable en Nicaragua.

Contravienen a OMA y OMS

El Gobierno también contraviene a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que elaboraron un extenso documento denominado “Referencia para la clasificación en el Sistema Armonizado de los suministros médicos para afrontar la covid-19”, en el que detallan todo lo necesario para combatir el coronavirus.

Algunos productos que el Gobierno de Ortega está gravando con impuestos como el oxímetro y los respiradores médicos se encuentran en esta lista que, aunque no es vinculante para los Gobiernos, es una orientación conjunta de ambas organizaciones mundiales que clasifican estos insumos como necesarios para enfrentar y prevenir el covid-19.

Los jefes de la OMA y la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) emitieron una declaración conjunta el pasado 23 de abril en la que piden una mayor acción en las medidas de facilitación aduanera y comercial, a fin de garantizar una respuesta efectiva a la pandemia de la covid-19.

Nicaragua es miembro de la OMA desde el tres de marzo de 1998.

Por qué cobran impuestos

Los empresarios afirman que el cobro ocurre por la decisión de la Dirección General de Servicios Aduaneros de reclasificar algunas partidas arancelarias, lo que provocó se incorporara en la lista de productos que pagan impuestos a varios que antes estaban exentos del Impuesto de Valor Agregado (IVA).

“Los ventiladores que hoy son fundamentales para salvar vidas. Antes de este cambio, estos estaban registrados bajo una partida donde esos ventiladores no tienen por qué pagar el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ahora están haciendo una reclasificación donde obligan a que ese ventilador se ponga en otra reclasificación arancelaria que te obliga a pagar  impuestos”, explicó Aguerri.

Al respecto, los empresarios señalan que esto obedece a una “necesidad de recaudación tributaria” que “riñe con la propia realidad de salvar vidas que es lo importante en este momento”.

También manifestó que ahora le están aplicando “dudas de valor’’ a las mascarillas quirúrgicas, las que ha incrementado su costo hasta en un 18% en el precio de factura. Esto, afirmó Aguerri, provoca que incluso los mismos médicos, incluyendo los del Ministerio de Salud (Minsa) que deben comprarlas por su cuenta, lo hagan muchísimo más caro.

Médicos advierten “colapso”

Al menos 34 Asociaciones Médicas de Nicaragua emitieron un comunicado el primero de junio en el que advertían que el “aumento exponencial” de casos de covid-19 ha provocado el “colapso” en el sistema de salud pública y privada de Nicaragua que ha provocado: hospitales saturados, falta de camas, falta de medicinas y de productos tan esenciales como el oxígeno.

Este jueves el gremio médico de Nicaragua demandó al Gobierno dar prioridad “al bien común, la salud de la ciudadanía” y exigió que ofrezcan los datos reales de la pandemia de la covid-19 en el país, para contrarrestar su propagación.

En su tercer mensaje público, esta vez sin firmas para evitar acusaciones legales, despidos o amenazas, los médicos expresaron su “profunda preocupación”. En mayo publicaron un llamado de alerta firmado por más de 700 profesionales de la Salud. Al menos 16 médicos han sido despedidos por las autoridades por expresar sus críticas al manejo de la pandemia.

El presidente del Cosep hizo un llamado al Gobierno a ser congruente porque “todo tiene que ir dirigido en función de apoyar a la ciudadanía, en función de que esta situación que se está viviendo en la Aduana se revierta”.

 “Se debe denunciar a nivel internacional”

El experto fiscal Julio Francisco Báez celebró la denuncia del sector empresarial y llamó a elevar la voz tanto nacional como internacionalmente porque “la psicosis recaudatoria” del Gobierno “es una infamia”.

“No es solo un reclamo por impuestos recaudatorios, es la defensa de la vida. Se debe levantar esa bandera para defender la salud de los nicaragüenses”, insistió.

Precisó que se deben hacer denuncias e interponer “cien, mil denuncias” contra esos impuestos.

“Hay responsabilidades penales. El daño que hicieron al cobrar impuestos a productos. Muchas personas pueden haber muerto por falta de esos productos”, alegó.

Baéz indicó que el artículo 455 del Código Penal establece que: “la autoridad, funcionario o empleado público que abusando de su cargo exija o haga pagar derechos, tarifas, aranceles, impuestos contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes o en mayor cantidad a la que señala la ley, será sancionado, sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado, de dos a seis años de prisión, e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público”.

Gobierno de oídos sordos

El pasado 12 de marzo el Cosep pidió al Gobierno beneficios fiscales en los productos que se utilizan para la prevención del virus. También demandó al Gobierno agilizar los procesos de importación y nacionalización de todos estos insumos, especialmente sanitarios.

Una investigación de CONFIDENCIAL reveló recientemente que los nicaragüenses han tenido que pagar siete veces más por una mascarilla quirúrgica regular o por una N95. La razón, además de la alta demanda de los productos de prevención por la pandemia de la covid-19, se debe a la falta de medidas estatales que promuevan la baja, aseguran expertos en defensa de los consumidores.

Más de 23 000 respiradores artificiales han comprado nueve países latinoamericanos desde comienzos de marzo para dotar las unidades de cuidado intensivo de sus hospitales y atender debidamente a los centenares de enfermos graves por Covid-19 que los requieran -o se espera los puedan requerir- a medida que el contagio llegue a sus picos más altos.

La iniciativa periodística transfronteriza Alianza Centinela Covid-19, que está siguiendo cómo los gobiernos responden a la pandemia, examinó 129 contratos de compras públicas de respiradores de uso médico y de transporte en nueve países. Forzados por el afán de prepararse lo antes posible ante una potencial demanda masiva de UCIs debidamente equipadas, todos los gobiernos hicieron sus compras bajo la modalidad de contratación directa, que según la organización Open Contracting Partnership (OCP) eleva el riesgo de irregularidades.

https://www.confidencial.digital/inversiones-y-resultados-desiguales-en-la-compra-de-respiradores-para-covid-19/

Costa Rica y Uruguay fueron más precavidos y salieron más temprano a comprar, antes de que los precios de los aparatos se dispararan debido a la súbita demanda mundial simultánea. Colombia y Perú, que hicieron múltiples pedidos a diversos precios en distintos momentos y otros, como México, que hicieron una inversión proporcionalmente mayor pero obtuvieron al final una cantidad menor de ventiladores.

Guatemala, el país más pobre de los comparados en esta investigación, hizo algunas compras de respiradores muy costosos, incluyendo tres respiradores para niños y bebés recién nacidos a más de 100 000 dólares cada uno, a pesar de que estos dos grupos no están entre la población que más frecuentemente está necesitando de estas máquinas para sobrevivir el virus en otras partes del mundo.

La investigación no encontró datos sobre las compras realizadas por Nicaragua, donde según el Gobierno existen 2590 contagios y 83 muertos, mientras el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registra 6775 contagios sospechosos y 1878 fallecidos, hasta este 24 de junio. Tras 105 días pandemia, sin adoptar medidas de prevención ni decretar una emergencia, el gobierno de Daniel Ortega impuso el impuesto al valor (IVA) del 15% a la importación de ventiladores médicos.

*Alianza Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros  (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con reportería adicional de Televisión Pública de Costa Rica (Canal 13) y el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.