1 de julio 2020
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Nicaragua ha sido llevada al matadero por obra de un Gobierno que prefirió la ideología a la ciencia. Una ideología que es un abigarramiento de esoterismo, cálculo político y el menosprecio a la salud de la población por amor al mercado. En días pasados hemos leído en este mismo espacio una muestra del intento del régimen dictatorial de construir la narrativa paralela del negacionismo frente a la tragedia que está viviendo, una vez más, mi país. Bajo el título de "Nicaragua frente a la pandemia", el exembajador de Nicaragua en España y asesor presidencial de Daniel Ortega, Augusto Zamora, ha firmado un escrito plagado de omisiones interesadas y chabacanerías que ilustran de manera inmejorable una política de salud para la propaganda.
Después de trece años en el poder en los que ha destrozado todos los parámetros de la democracia, el Gobierno Ortega, cuando tocaba gestionar un problema mayúsculo que no se podía resolver con el engendro ideológico que lo caracteriza ni con la violencia de sus orcos, ha fracasado estrepitosamente. Pero no por negligencia sino por dejación premeditada de sus obligaciones. Pese a contar con todas las capacidades de atención sanitaria pública señaladas en el "Libro blanco" publicado por la dictadura a finales de mayo, y que el apologista aludido fusila sin citar, el régimen optó por sus acostumbradas performances políticas.
Aunque a inicios de febrero, según el documento referido, el Gobierno Ortega elaboró el "Protocolo de preparación y respuesta del virus coronavirus (Sic)", las acciones promovidas en marzo por la Presidencia de la República contravinieron toda lógica que implicara la contención temprana de una amenaza que ya asolaba tres cuartas partes del mundo. En plena fase de confinamiento, cuando la mayoría de gobiernos decretaba el distanciamiento social, la dictadura organizó eventos de movilización masiva, algunos en plan chulesco como el carnaval "Amor en tiempos del covid-19" (¡Ay de Gabo!), al que se obligó a participar a los servidores públicos, particularmente el personal del Ministerio Salud; y orientó una campaña de visitas casa por casa (4 631 314 según el Libro Blanco) "para prevenir el virus" (pág. 27), menospreciando las advertencias que desaconsejaban las actividades que contribuyeran a esparcir el patógeno. Igualmente organizó fiestas patronales en los municipios, torneos deportivos y, el colmo, procesiones en Semana Santa contraviniendo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua que había decidido no celebrarlas.
Todas estas actuaciones, una por una, estuvieron auspiciadas con fondos públicos con el claro ánimo de privilegiar la ideología frente al criterio de la medicina y a las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud, cuya representante en Managua fue obligada a retractarse por no alinearse con el discurso oficial.
Luego vinieron las medidas punitivas contra la sanidad pública. En la escalada de la transmisión comunitaria, se prohibió el uso de mascarillas y de EPI al personal sanitario dizque, como repite el escriba del orteguismo, "para no alarmar a la población". Más tarde siguieron las destituciones de facultativos de distintas especialidades por haber firmado el comunicado que todas las sociedades médicas emitieron apelando al auto confinamiento de la población en vista de la renuncia a tomar medidas preventivas del Gobierno. Un acto elemental de los profesionales de la salud frente a una política que a medida que recrudeció la pandemia pasó del "sálvese quien pueda", a que "mueran los que tengan que morir". ¿Inmunidad del rebaño?, no, premeditación de sociópatas.
El siguiente escalón fue la represión en contra de los médicos –entre ellos infectólogos y epidemiólogos de larga experiencia- que ilustró como ninguna otra medida el protocolo de actuación de la dictadura: obediencia ciega por encima de cualquier criterio científico. ¿Algún español podría imaginar que el gobierno o una comunidad autónoma destituyesen a médicos en el momento más cruento de la lucha contra la epidemia por el hecho de discrepar públicamente con las decisiones de las autoridades? Esto mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo todos los días en mi país.
Como complemento, desde el inicio de la emergencia mundial, el régimen ha manipulado las cifras de la epidemia en Nicaragua. Con el mismo secretismo y la ausencia de cualquier tipo de control sobre el Ejecutivo, se ha intentado escamotear a la opinión pública todo tipo de dato sobre los efectos del coronavirus, incluso se ha negado a revelar el número de test realizados y sus resultados; ni siquiera se sabe si aplicó los 26,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Enrocado en el negacionismo, el régimen de Ortega ha pasado por varias fases: primero fue la negación del virus ("solo ataca a los blancos y ricos del norte", dijeron sus voceros), luego siguió la minusvaloración de los efectos (hay contagiados y muertos, pero no son tantos) y después el momento conspiranoico motivado por el alto número de altos dirigentes y legos fieles del orteguismo fallecidos. De modo que es estadísticamente erróneo comparar las cifras ofrecidas por la dictadura con las de otros gobiernos centroamericanos.
Justamente para hacer un seguimiento independiente de las versiones oficiales se creó al inicio de la emergencia el Observatorio Ciudadano covid-19, compuesto por organizaciones con mucha experiencia en salud pública y por reputados epidemiólogos, muchos de ellos con raíces en el sandinismo pre orteguista. No son, como afirma el apologista de la dictadura, expertos sobrevenidos; son personas y organizaciones que han mostrado el músculo autónomo de una sociedad civil que se niega a claudicar a pesar de la represión dictatorial. Gracias a los informes contrastados en cada municipio los nicaragüenses tenemos una idea más clara del verdadero impacto de la epidemia en nuestro país.
El otro eslabón de los despropósitos de esta no-política anti coronavirus han sido los entierros clandestinos y las actas de defunción manipuladas. A medianoche y resguardados por policías y paramilitares han sido enterrados centenares de fallecidos. Aquí hay que hacer un alto. Los nicaragüenses no están demandando, como menciona de manera chabacana el ilustre vocero de la dictadura, enterrar a sus muertos con mariachis y charanga. No, lo que se pide es transparencia, el derecho de saber de qué ha muerto el deudo, cuándo murió y dónde lo enterrarán porque no se da esta prerrogativa a las familias. Es un tremendo irrespeto al dolor ajeno afirmar que los dolientes pretendan correrse una juerga a cuenta de los difuntos. Habría que ver qué opinan los habitantes de Chinandega, Masaya, León y Managua de las afirmaciones del excelentísimo propagandista.
Lo mismo con las actas de defunción. Los malabares para ocultar la verdadera dimensión de la epidemia en Nicaragua han llevado al personal sanitario a emitir certificados que han incrementado la incidencia de las neumonías agudas, del tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia respiratoria y la diabetes mellitus, entre otras. En los últimos días corre la expresión que retrata la poca credibilidad de estos certificados: "si te morís fue por neumonía; si te curás es un éxito del Gobierno contra el coronavirus".
La dictadura seguirá negando reconocer que su estrategia de movilización y propaganda ha fracasado, que la inmunidad del rebaño, al igual que en Reino Unido y Suecia ha sido una irresponsabilidad mayúscula, y que la pretensión de convertir a Nicaragua en una singularidad paradigmática para los países en desarrollo ha sido un experimento mortal para mis compatriotas. Una vez más ha quedado demostrado que la ideología en su versión del fanatismo no tiene nada que hacer frente a la ciencia. Si quieren seguir experimentado con sus disparates que lo hagan con gaseosa o que empiecen por sus máximos jerarcas.
Este artículo se publicó originalmente en Público de España. Se reproduce en CONFIDENCIAL con autorización del autor.
