29 de junio 2020
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Más de 3000 agricultores del Corredor Seco, en la zona norte de Nicaragua, serán beneficiados con 15 millones de euros provenientes de la Unión Europea (UE) y la Gran Ducado de Luxemburgo. Un aporte económico que busca fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las familias vulnerables frente a la covid-19, así como mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en este país, informó este lunes la delegación de la UE acreditada en Managua.
El financiamiento será utilizado en el fortalecimiento de la gestión del agua y compra de insumos para el cultivo de granos básicos, que garanticen el acceso a alimentos de las poblaciones más desfavorecidas, porque “hoy más que nunca, en medio de los múltiples desafíos que nos plantea esta pandemia a corto, mediano y largo plazo, necesitamos fortalecer el apoyo que hemos venido dando a estas poblaciones”, dijo Pelayo Castro, embajador de la UE en Nicaragua.
Además, la ayuda estará focalizada en la población más vulnerable a través de la merienda escolar, la implementación de medidas sanitarias de seguridad y prevención, distribución de kits de limpieza y la realización de una campaña educativa en colegios y cooperativas.
“Este aporte específico a la seguridad alimentaria, en el marco de los esfuerzos del Equipo Europa para atender la crisis de la covid-19, contribuirá también a fortalecer la provisión de comidas escolares nutritivas a 182 000 niñas y niños en más de 2000 escuelas rurales en Jinotega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte”, explicó Joe Geisbusch, encargado de negocios a.i. de la Embajada de Luxemburgo en Nicaragua.
Los recursos también serán utilizados en la promoción de tecnologías de adaptación al cambio climático y mejores prácticas para la recolección, manejo y aprovechamiento del agua, tanto para la producción como para el consumo, asimismo para la recuperación forestal y el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles.
Recursos manejados por agencias
La ejecución de este financiamiento estará a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y se suman a los recursos ya movilizados por la Unión Europea para luchar contra la crisis del covid-19 en el país, mediante la reorientación de la cartera de proyectos de cooperación existentes, estimada en 35 millones de euros.
Todos estos recursos provenientes de la cooperación de la UE “serán manejados por agencias implementadoras de los Estados Miembros, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, y contratistas a cargo de la implementación de los proyectos”, dice el comunicado de este lunes
➡️La solidaridad no se platica, se practica.
✅Orgulloso de anunciar nuevo proyecto del Equipo Europa🇪🇺 para dar continuidad a nuestro compromiso con los más vulnerables frente a la pandemia. Lo hacemos de la mano del #PMA @WFP_es como socio implementador. #UEporNicaragua https://t.co/10gb55oHQG
— Pelayo Castro 🇪🇺 (@PelayoCastroUE) June 29, 2020
“Es parte de nuestro compromiso con Nicaragua seguir poniendo en práctica todos los procedimientos de control y evaluación para garantizar que nuestra cooperación respeta las normas europeas y se destina efectivamente a las poblaciones más vulnerables que necesitan de nuestra solidaridad”, explicó el Embajador Pelayo Castro.
En el caso del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la UE y sus Estados Miembros "contribuirán con el fortalecimiento de los sistemas de información regional de seguridad alimentaria y nutricional, y el incremento de la capacidad de las instituciones regionales, nacionales y locales para implementar acciones relacionadas con el plan de contingencia de respuesta a los efectos sobre la seguridad alimentaria y nutricional de la pandemia de COVID-19", concluye el comunicado.
Las sanciones de la UE
El pasado cuatro de mayo, la Unión Europea sancionó a seis altos funcionario del régimen de Daniel Ortega, quienes ya habían sido sancionados por Estados Unidos y Canadá. Estas sanciones, cuyo marco ya había sido aprobado meses atrás por la comunidad europea llegan cuando el régimen de Daniel Ortega retomó su crítica contra las sanciones internacionales, ahora apelando a la amenaza de la covid-19, ante la que su Gobierno continúa sin tomar medidas recomendadas internacionalmente para prevenir los contagios.
Las sanciones fueron aprobadas por el Consejo Europeo, integrado por los cancilleres de todos los países de la UE. “Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, según una declaración de Josep Borrell, alto representante de de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea.
“En los últimos meses, no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua. Ha continuado la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica”, señaló Borrell en su declaración.
Las sanciones se dieron como mecanismo de presión para que el régimen Ortega Murillo facilite una salida política democrática a la crisis nacional. La UE demanda que el Gobierno cumpla los acuerdos de marzo 2019 con la Alianza Cívica, que permita el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, y que facilite una reforma electoral, cambios en el Consejo Electoral, y la convocatoria a elecciones libres y transparentes con observación nacional e internacional. Las sanciones no afectan la cooperación de la Unión Europea con el pueblo de Nicaragua.
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