11 de junio 2020
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Al menos 45 de los 86 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en prisión han presentado síntomas de covid-19, según denuncia de la Asociación Víctimas de Abril (AVA), que acusa al mandatario de aprovechar la pandemia de covid-19 para imponer una "guerra biológica" contra los ciudadanos que se han protestado contra el Gobierno desde 2018.
Rodrigo Navarrete, miembro de la Asoaciación y tío del preso político reencarcelado, Jaime Navarrete, insitió en la denuncia de que los carceleros del Sistema Penitenciario Nacional se encargan de que los presos políticos no obtengan las mascarillas, alcohol gel y otros materiales que les llevan sus familiares para protegerse de la covid-19. Esta es la segunda ocasión en que la Asociación hace esta denuncia pública. La primera ocasión fue en mayo pasado, cuando reportaron 37 reos de concieincia con síntomas de covid-19.
AVA basa su acusación en la ausencia de orientaciones de Ortega para detener la propagación del coronavirus SARS-coV-2, que provoca la enfermedad covid-19, así como en la promoción gubernamental de actividades de concentración humana.
“Ahora vemos que se están cumpliendo prácticamente los planes de querer silenciar, a través de esta pandemia, las expresiones sociales, de descontento, es un plan orquestado y macabro”, dijo Navarrete.
Un estado de terror
En una carta pública, AVA argumentó que “el estado de terror implantado por la dictadura no ha logrado acabar con la protesta social ni las demandas de justicia, democracia, libertad y verdad. Por eso, en esta nueva etapa, su estrategia de neutralización del movimiento social se ha transformado en una ‘guerra biológica’, para el exterminio de la lucha sociopolítica en contra de la dictadura”.
Navarrete explicó que el objetivo de Ortega supuestamente se evidencia en que “no ha habido una orientación oficial o medidas, sobre el riesgo o las indicaciones sanitarias de esta pandemia, para la población en general, el Gobierno ha ocultado información y ha estado mintiendo sobre las condiciones del sistema de salud para enfrentarla”.
Las autoridades sostienen que existen 1464 personas contagiadas y 55 fallecidas. El independiente Observatorio Ciudadano covid-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, reportó, hasta la semana pasada, un total de 4217 pacientes y 980 fallecidos.
Ante los reclamos de una estrategia para enfrentar la pandemia, el Gobierno de Ortega insiste en que la tiene, y que se asemeja a la que hasta hace poco sostenía Suecia, sin suspender clases ni establecer ningún tipo de restricciones, y con medidas de prevención social limitadas.
Otros argumentos
Otro argumento de la Asociación Víctimas de Abril es que las autoridades promueven “actividades masivas de contagio entre sus mismas filas y entre la población en general, evidenciando su desprecio por la vida de los nicaragüenses".
Igualmente remarcó que las autoridades permanecen “amenazando y prohibiendo al personal de salud el uso de los materiales de protección en el tratamiento a los pacientes, exponiendo al contagio al personal de primera línea”.
También le acusó de cambiar “las causas de muerte en las actas de defunción”, realizar “entierros exprés a altas horas de la noche”, de negar “el derecho a los familiares de los pacientes a conocer los resultados de las pruebas de covid-19", y echar “al personal de salud que se ha atrevido a denunciar la falta de condiciones de protección”.
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De la misma manera acusó al Gobierno de “negar el ingreso de donaciones de material de protección para personal de salud”, “criminalizar la solidaridad”, desoír los "reiterados llamados por la libertad de los presos políticos”, y “negar la pandemia para evitar adoptar medidas sanitarias y económicas de protección, alivio y ayuda, a los diferentes sectores sociales”.
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