23 de mayo 2020
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Entre el 21 de diciembre de 2017 y el 22 de mayo de este año, 20 funcionarios aliados al régimen Ortega Murillo han sido sancionados económicamente por el Gobierno de Estados Unidos. Nueve de ellos también están sancionados por Canadá y seis también por la Unión Europea.
Las sanciones consisten, principalmente, en la congelación de activos en territorio estadounidenses, pero también les revocaron las visas y les prohibieron hacer transacciones con los ciudadanos de ese país.
Todas estas sanciones son parte de las medidas que el Gobierno de EE. UU. aplica para que el régimen de Ortega “deje de reprimir a los nicaragüenses, respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y permita las condiciones para restaurar la democracia en Nicaragua”.
En este período, también fueron sancionadas la Policía Nacional de Nicaragua y las empresas: Inversiones Zanzibar, S.A., Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A (El Goliat); la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP) y el Banco Corporativo S.A (BanCorp). Y tras aplicación de estas restricciones, muchos funcionarios orteguistas han sido reubicados de sus cargos.
Los funcionarios sancionados en Nicaragua:
Julio César Avilés | Jefe del Ejército de Nicaragua
Fue sancionado este viernes, 22 de mayo, por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 13851 “Bloqueo de propiedades de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. Al general Avilés, EE.UU. lo señala de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega”.
Además, lo acusan de negarse a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapolíticas” durante y después de los levantamientos políticos que surgieron el 18 de abril de 2018. Asimismo, culpan al Ejército de Nicaragua de proporcionarles las armas para reprimir a la población que se alzó contra la gestión de Ortega y que derivó la muerte de más de 300 personas.
Por su lealtad al régimen, el año pasado el dictador Ortega extendió por cinco años más su mandato en frente de la institución castrense, en la que ya cumplió diez años de permanecer al frente.
Iván Acosta | Ministro de Hacienda y Crédito Público
El actual Ministro de Hacienda fue sancionado junto al general Avilés. A él se le señala de organizar un importante apoyo financiero para el régimen orteguista. También, fue acusado de amenazar personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, que pretendía demandar la liberación de los presos políticos.
Roberto López | Presidente ejecutivo del INSS
Según el Departamento de Tesoro del EE. UU., López dirige "uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno". Por esa causa fue sancionado junto a otros dos funcionarios orteguistas el siete de noviembre de 2019.
“El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al Gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma”, explican.
Asimismo señalan al INSS de propiciar una serie de transacciones de corrupción en nombre del Gobierno de Ortega y de la expropiación de activos privados para beneficio personal o fines políticos. A pesar estas medidas, López conserva su lugar en la dirección de este instituto.
Lumberto Campbell | Presidente interino del CSE
Campbell ha sido presidente interino del CSE desde 2018, cuando el Magistrado Roberto Rivas fue "renunciado" de su cargo tras ser sancionado por Estados Unidos. Sin embargo, el siete de noviembre del 2019, también fue sancionado por el Departamento del Tesoro, pues según argumentan “el CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del Gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”.
Oscar Mojica Obregón | Ministro de Transporte e Infraestructura
El mayor general en retiro, Oscar Mojica, funge desde 2017 como Ministro de Transporte e Infraestructura y a la fecha ha sido sancionado por Estados Unidos y Canadá. Según lo acusó el Departamento de Tesoro de EE. UU., Mojica fue quien promovió la estrategia del régimen de "exilio, cárcel o muerte" para silenciar a la oposición.
Además, que él administra una parte significativa de las finanzas personales de Daniel Ortega, que incluyen plantaciones de café y establecimientos hoteleros. En el Ejército, Mojica tuvo una carrera de más de 35 años y actualmente permanece en su cargo como ministro. Sin embargo, tras ser sancionado el 21 de junio de 2019, pasó a ocupar una figura decorativa nombraron a una secretaria general, quien es la encargada de firmar los documentos de desembolsos nacionales o extranjeros.
Orlando Castillo | Director de Telcor
Fue uno de los tres funcionarios a los que Estados Unidos aplicó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (NHRAA), es decir, la Ley Nica Act fusionada. Esta medida fue aplicada en su contra el 21 de junio de 2019, pues el Gobierno norteamericano considera que Telcor ha sido utilizada por Ortega y Castillo para "silenciar a los medios de comunicación independientes". Esto incluye la confiscación de las oficinas de CONFIDENCIAL y 100 % Noticias.
Al día siguiente de estas sanciones, Canadá anunció que imitarían las medidas tomadas en contra de Castillo y de ocho funcionarios orteguistas más.
"Canadá está imponiendo sanciones contra miembros clave del Gobierno de Nicaragua. Estas sanciones envían un mensaje claro de que no se tolerarán las continuas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno contra su pueblo”, dijeron las autoridades de ese país en un comunicado.
Sonia Castro | Ministra de Salud
La doctora Castro fue sancionada por los Estados Unidos el 21 de junio de 2019, por propiciar en el Ministerio de Salud “graves violaciones a los derechos humanos”, al limitar la atención a las víctimas de la represión estatal de 2018. Este actuar provocó la muerte de muchos debido a la falta de atención médica. Uno de los casos más representativos fue la muerte del adolescente, Álvaro Conrado.
La ministra también fue incluida entre los nueve funcionarios que sancionó Canadá el 22 de junio del año pasado y los seis que enlistó la Unión Europea, el cuatro de mayo de 2020. Ante estas medidas, Castro fue destituida como titular del Minsa y pasó a ser "ministra asesora" de la presidencia en temas de salud. La decisión de la dictadura fue expresada en el acuerdo presidencial 108-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Gustavo Porras | Presidente de la Asamblea Nacional
Al presidente de la Asamblea Nacional lo sancionaron los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La primera medida ocurrió el 21 de junio de 2019 y la última, un día después. Según la resolución de EE. UU., "Porras es el operador político de mayor jerarquía del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta, Rosario Murillo", dice el comunicado.
Ante esto, los diputados sandinistas aprobaron una reforma a la Ley 606 o Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la que le quitaron facultades administrativas y de esta forma evitan que ese poder del Estado tenga problemas financieros por las sanciones.
Néstor Moncada Lau | Custodio de la Secretaría General del FSLN
Es uno de los tres funcionarios orteguistas que fueron sancionados tanto por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La primera medida fue la aplicación de la Ley Global Magnitsky ejecutada por EE. UU., en noviembre de 2018. Al año siguiente, el 22 de junio, Canadá lo incluyó en su listado de personajes sancionados y recientemente, el cuatro de mayo, Moncada fue sancionado por la Unión Europea.
Según las acusaciones, Moncada Lau es un colaborar estratégico de la pareja presidencial. Desembolsó "pagos para contrarrestar a los manifestantes y a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresaran su oposición al gobierno de Ortega".
Además, lo señalan de cometer actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. Y según detalla el departamento de Tesoro, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor.
Fidel Moreno | Secretario político del FSLN
Es parte del circulo de máxima confianza del régimen orteguista. Por eso, fue sancionado por Estados Unidos con la ley Global Magniski, el cinco de julio 2018. Según detalló el departamento de Tesoro, "Moreno ha estado personalmente implicado en ordenar ataques contra los manifestantes desde el año 2013, cuando personas mayores y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción en las pensiones de jubilación, fueron violentamente desalojadas de su campamento por miembros de la Juventud Sandinista".
El año pasado, volvió a recibir sanciones internacionales, pero en esa ocasión fue de parte del Gobierno de Canadá. Tras estas sanciones que le impedían firmar documentos, el régimen trasladó las responsabilidades hacia la alcaldesa, Reyna Rueda, quien es la que se encarga de la firma de contratos y cheques.
Rosario Murillo | Vicepresidenta de Nicaragua
En noviembre de 2018, la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos por corrupción, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos y explotación de recursos públicos para beneficio propio.
“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Y aunque todas estas medidas han sido dirigidas a funcionarios orteguistas, el régimen ha tratado de confundir a la población al asegurar que las sanciones son para el país. “Las medidas que han tomado contra el pueblo nicaragüense, no contra personas, son medidas que el pueblo nicaragüense no merece”, insiste Murillo.
Francisco López | Vicepresidente de Albanisa
Cinco días después que a Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, fuera sancionado por Estados Unidos, renunció a sus cargos en las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la Emprensa Nicaragüense de Minas (Eniminas). López, quien también era vicepresidente de Albanisa, fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky.
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó por participar en actos de corrupción, también de conformidad con la O.E. 13818. Las designaciones de hoy son solamente las más recientes de una serie de medidas en curso orientadas a sancionar a los violadores de los derechos humanos y actores corruptos en todo el mundo bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky", dice el comunicado.
Roberto Rivas | Presidente del CSE
Fue el primer funcionario orteguista en ser sancionado por Estados Unidos. Le aplicaron la Ley Global Magnistky el 21 de diciembre de 2017 por cometer fraude y corrupción. Meses después Ortega lo dejó sin funciones y, en mayo, Rivas presentó su renuncia, después de 23 años como magistrado del CSE, y una carrera marcada por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito y los fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista. Ante su partida obligatoria, el régimen le dio el cargo de manera interina al Lumberto Campell.
Sanciones contra los hermanos Ortega Murillo y sus empresas
Bancorp, DNP, El Goliat, Inversiones Zanzibar y la Policía Nacional también fueron sancionada por EE.UU.
Rafael Ortega, DNP, El Goliat y Zanzibar
El 12 de diciembre de 2019 fue sancionado por Estados Unidos el primogénito de la pareja presidencial, Rafael Ortega. A él se le acusó de usar las empresas Inversiones Zanzibar, Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat) y DNP, que también fueron sancionadas ese día, para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega.
"Rafael usa Inversiones Zanzibar para ocultar la transferencia de las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo como empresa de fachada para la compra de gasolineras en un intento por ocultar que la verdadera dueña de dichas gasolineras es DNP. Esta es una cadena de gasolineras controlada por la familia Ortega que fue adquirida con fondos públicos y luego transferida a la familia Ortega", dice la resolución.
Dos días después de la imposición de estas sanciones. El Gobierno nacionalizó de forma exprés a DNP.
Medidas contra Laureano Ortega y Bancorp
El 17 de abril de 2019, Laureano Ortega se convirtió en el primer hijo de la pareja presidencial en ser sancionado. Ese mismo día, el Departaemnto de Tesoro de EE.UU. aplicó las mismas sanciones para el Banco Corporativo SA (BanCorp), por considerar que son parte de la red de corrupción del régimen.
“El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente", dijo subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
El 22 de junio de ese mismo año, Laureano también fue incluido en la lista de funcionarios nicaragüenses que sancionó el Gobierno de Canadá.
Policía Nacional sancionada
Justo Pastor Urbina, jefe de la DOEP; Luis Alberto Pérez Olivas, director de la DAJ, y Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de la Policía Nacional. // Composición: Confidencial
El cinco de marzo de 2020, el departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisionados que sirvieron al régimen para reprimir a la población que se alzó contra Ortega en 2018. Sumando como total, cinco líderes de la policía con medidas restrictivas.
El Gobierno de Estados Unidos acusa a la Policía de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.También señala a la institución de ser “una herramienta” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Luis Pérez Olivas | Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)
El comisionado general, Luis Pérez es uno de los funcionarios de la Policía Nacional que fue sancionado doblemente por su gestión en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, donde según las denuncias de los presos políticos fueron torturados física y psicológicamente.
La primera sanción fue impuesta por EE. UU. y ocurrió el cinco de marzo de 2020. Un mes después la Unión Europea lo incluyó en la lista de seis funcionarios que fueron declarados "non gratos" en los países europeos y que además congelaron los activos que tuvieran en cualquiera de esas naciones.
“Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, dijo Josep Borrell, alto representante de de Política Exterior y Seguridad de la UE.
Justo Pastor Urbina | Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP)
Al igual que el comisionado general de la DAJ, Urbina tiene dobles sanciones. Una por Estados Unidos, impuesta el cinco de marzo pasado, y otra por la Unión Europea, oficializada el cuatro de mayo de 2020. A él lo señalan de ser el "corresponsable de la masacre" de los manifestantes nicaragüenses que se alzaron contra Ortega en 2018.
Urbina tiene un fuerte nexo con Ortega, pues fue su escolta en los años ochenta. Y desde 2017, fue elevado como jefe de la DOEP. Sin embargo, fue hasta abril de 2018 que enfatizó su mando al recrudecer la actuación del cuerpo antimotín de Nicaragua.
Juan Valle Valle | Jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua
El comisionado mayor, Juan Valle Valle fue sancionado por “ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional de Nicaragua, una entidad que en forma directa o a través de sus integrantes ha cometido graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.
Valle es el responsable del asedio a los opositores en Managua. Como jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua, dirige personalmente los operativos policiales para asediar, intimidar e impedir cualquier intento de protesta cívica en la capital.
Francisco Díaz| Jefe de la Policía Nacional
El cinco de julio de 2018, la lista de sancionados de Estados Unidos se amplió con otros tres incondicionales del régimen, comenzando con Francisco “Paco” Díaz, entonces jefe de facto de la Policía Nacional, por considerar que “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Ortega lo premió, confirmándolo como máximo jefe policial en agosto de 2018. También está sancionado por el Gobierno de Canadá.
Ramón Antonio Avellán | Subdirector de la Policía Nacional
Durante los meses de protestas más fuertes, el comisionado general, Ramón Avellán fue señalado de ser el líder de la brutal represión que sufrieron los ciudadanos de Masaya. Por eso, el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó el siete de noviembre del año pasado.
“Avellan llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellán dirigió la “Operación Limpieza” en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó”, indican.
Las sanciones se replicaron por la Unión Europea el cuatro de mayo pasado. En cambio, de parte del régimen fue premiado al elevarlo a subdirector de la Policía Nacional.
