21 de mayo 2020
AA
Share
La decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de mantener los desembolsos del préstamo 2073 destinado a la Policía Nacional, incluso después que, a partir de abril de 2018 el cuerpo armado participara directamente en la represión en contra de los ciudadanos que reclamaban democracia, mantuvo oxigenadas las finanzas de la Policía, a la vez que le proveía de recursos que terminarían usándose en contra de los ciudadanos.
El 30 de abril de 2014, el Banco suscribió con la República de Nicaragua, un acuerdo de préstamo por 16.3 millones de dólares, para financiar el proyecto ‘Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para Fortalecer la Seguridad Ciudadana’, que contemplaba la reconstrucción de 15 sucursales, así como la compra de vehículos, muebles y equipos.
El proyecto fue concebido, acordado, aprobado e iniciado mucho antes de la Rebelión de Abril de 2018, y sirvió para financiar la reparación o renovación de una veintena de unidades policiales más, a la vez que mejoraba la operatividad de las fuerzas policiales, al dotarles de medios de transporte, comodidades (colchones y literas) para el personal, y hasta cámaras fotográficas.
La Policía Nacional acostumbra fotografiar a los participantes de las marchas y actividades de protesta, como una forma de controlar a sus líderes, y de poder sustentar casos en su contra, cuando se deciden judicializar a los ciudadanos por razones políticas.
“El proyecto era para beneficiar a las fuerzas policiales de los ocho países del SICA. El problema es que la Policía de Nicaragua no es igual que la del resto de Centroamérica: aquí se desnaturalizó la Policía Nacional”, aseveró el economista Róger Arteaga, exfuncionario del BCIE.
“La Policía Nacional se convirtió en lo que era la Dirección General de la Seguridad del Estado en los años 80 del siglo pasado: la policía secreta que perseguía amenazas políticas internas; el brazo represivo contra la oposición”, aseguró por su parte Roberto Orozco, experto en temas de seguridad y defensa.
Dólares frescos para el Presupuesto
Si bien los recursos estaban destinados para construir edificios y adquirir bienes necesarios para la correcta ejecución de la actividad policial, fuentes consultadas por CONFIDENCIAL no dudan que el desembolso de esos recursos facilitó la labor represiva de la institución armada.
“Los préstamos oxigenan” a las instituciones que los reciben, explica el economista Leonardo Labarca, experto en temas de transparencia presupuestaria.
“Si no hubiera sido por ese préstamo, el Gobierno Central habría tenido que redirigir fondos hacia la Policía Nacional, para reabastecerla y para seguir sustentando su personal, que incluso aumentó en número, porque en 2018 y 2019 graduaron muchos cadetes”, recordó.
Una revisión del presupuesto asignado a ese cuerpo del orden, muestra incrementos promedio sostenidos de 7% en 2018 y 2019, que solo se modera en 2020, año en que, de todos modos, la Policía recibe más fondos que el Poder Judicial entero.
El economista Arteaga, asegura que incluso “ampliaron El Chipote con esos fondos, como parte de la rehabilitación de subestaciones. Aunque no creo que usaran los recursos para comprar armas, está documentado que sí compraron vehículos”, sostuvo.
Arteaga también sustenta la tesis de que, al ingresar al Presupuesto General de la República los dólares destinados a cumplir las obligaciones del Préstamo 2073, permitió que se liberaran recursos para financiar otras actividades, incluyendo las de la Policía Nacional que, de otra forma, se habrían tenido que presupuestar para financiarlos con fondos del Tesoro.
Un economista que ha trabajado para organismos financieros multilaterales, y accedió a hablar con CONFIDENCIAL bajo la premisa de mantener su nombre en el anonimato, recordó que, producto de la Rebelión de Abril “se estaba yendo la plata de los bancos”, de modo que los desembolsos del BCIE –en rigor, de cualquier fuente- permitían un respiro a las finanzas del Gobierno, en un momento en que era bienvenido cualquier dólar que llegara a las arcas del Tesoro.
Al mantener los desembolsos comprometidos “lo que estoy haciendo es financiar tu capacidad de gestión para hacer cosas, porque no eran de libre disponibilidad. De paso, lo que hace es que apoya el discurso de ‘normalidad’, al ayudar a que se siga desarrollando la actividad económica”, explicó el experto.
"Hoy por tí, mañana por mí"
¿Cómo responde el Banco Centroamericano al verse confrontado con los Derechos Humanos en un país socio? Una hipótesis sostiene que el Banco no tiene más opción que actuar como lo hace, porque es prisionero de sus propios estatutos. Otra muy distinta, dice que los Derechos Humanos están por encima de cualquier otra consideración, especialmente las de tipo económico.
Arteaga considera que el Banco no tenía más opción que seguir adelante. No es una posición con la que se sienta muy cómodo, pero como exfuncionario del Banco, no puede obviar que “la administración del BCIE (y eso significa, del presidente para abajo), no podía hacer absolutamente nada para parar los desembolsos”.
El economista recuerda que cuando Estados Unidos comenzó a dictar sanciones en contra de Albanisa, como empresa propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua se reunió con funcionarios de la embajada estadounidense, para entender los alcances de esas sanciones.
Al preguntar específicamente por los préstamos del BCIE, la respuesta fue que tendrían que consultarlo con los bufetes de abogados que se especializan en analizar el entorno nacional y los riesgos inherentes a invertir en Nicaragua, para las empresas extranjeras que buscan invertir en el país.
“En este caso, esos bufetes tendrían que analizar y determinar el riesgo que corría el BCIE o cualquier otra entidad que tuviera tratos o efectuara transacciones con los sancionados”, recordó Arteaga.
“De ahí que, cuando les dijimos que pararan los desembolsos dijeron que no podían, porque solo los dueños pueden hacerlo. En este caso, los dueños del Banco, son los directores y los gobernadores”, especificó.
El economista citado antes coincidió con Arteaga, al recordar que “el BCIE no es un banco independiente, sino que depende de los gobiernos centroamericanos que son sus fundadores y principales dueños, así que no hará nada que ponga incómodos a los gobiernos”.
A pesar que la masacre cometida en Nicaragua, fue ampliamente difundida por los medios internacionales de comunicación, y documentada por el sistema interamericano, esta fuente considera que los dueños del Banco “no se van a pelear por algo que no se pase de la raya, y en este caso, ellos consideran que lo político no es tema de discusión en lo financiero”.
“El BCIE es muy diferente de otros multilaterales, que sí incluyen el tema político, y son más transparentes”, añadió recordando que el Banco siguió trabajando con las autoridades que ocuparon la presidencia de Honduras, después del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya que fue puesto en un avión a medianoche, y enviado rumbo a Costa Rica.
“Eso es cosa de ‘hoy por ti, mañana por mí’. Así es como ellos se cuidan la espalda, aseveró.
Debían respetar los Derechos Humanos
Sin embargo, hay razones para señalar que el Banco sí pasó por encima de ley escrita. Incluso de su propia ley, como lo muestra la lectura de la ‘Sección 2.01 Breve Descripción del Proyecto’, del contrato de préstamo 2073, tal como aparece publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional.
En el mismo se lee que “El Proyecto, que es una continuación del que fuera financiado por el BCIE mediante Contrato de Préstamo N°. 1728, está integrado por tres componentes… y tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua”.
Pero no fue así. Mientras Estados Unidos exigía la devolución de varios vehículos entregados a la PN, por suponer que se estaban usando para reprimir a los ciudadanos, el BCIE financiaba la compra de una camioneta doble cabina, trece motos, 17 microbuses tipo panel, un microbús para 25 pasajeros, y otros dos más para 30 pasajeros.
Más allá de lo que dice el contrato de préstamo 2073, instrumento jurídico firmado por el fallecido Silvio Conrado, entonces Director por Nicaragua y representante legal del Banco; Iván Acosta, en su calidad de ministro de Hacienda, y la primera comisionada Aminta Granera, entonces directora general de la Policía Nacional, en calidad de ‘testigo de honor’, la actuación del BCIE también habría ignorado otro documento importante.
“Mucha gente cree que el tema del BCIE tiene que ver con los aportantes de capital. Que como Nicaragua es socio, no le pueden negar un préstamo, pero el Protocolo de Tegucigalpa -que es como la Constitución de Centroamérica- hace énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, la gobernabilidad, la democracia y el Estado de Derecho”, aseguró el abogado Eliseo Núñez.
El jurista y exlegislador recordó que “aunque el BCIE existe antes que se firmara ese documento, no puede estar por encima del Protocolo. El BCIE es el único brazo coercitivo que pudiera tener el sistema centroamericano, por medio de sus fondos, y luce totalmente divorciado de esos principios, porque ellos aducen que sus estatutos son anteriores”, refirió.
Núñez opina que “más adelante, habrá espacio para presentar una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), por incumplimiento de obligaciones, y podría ser que llegaran a declararla ‘deuda odiosa’, y por consiguiente incobrable, porque se hizo a un lado la ética y la moral, así que no crea obligación”.
Cuidando la reputación del Banco
El 23 de marzo pasado, el sitio web del Banco Centroamericano informaba que el “BCIE y Gobierno de la República de Nicaragua acuerdan desobligar préstamo de la Policía”, lo que dio por terminado el proyecto de forma abrupta, y dejó sin ejecutar un total de 7.6 millones de dólares, o sea, 46.6% del total.
“El BCIE trató de hacer flotar a la Policía Nacional a cualquier costo, y hasta que vio la amenaza real de contagiarse, decidió desvincularse. No por algún tipo de principio, o valoración ética, moral o de Derechos Humanos, sino hasta que vio la amenaza real de convertirse en cómplice de acusaciones de lavado”, apuntó el abogado Eliseo Núñez.
“Si el Banco aceptó desvincularse fue por el riesgo. Se dieron cuenta que estaban arriesgando una sanción, y si los sancionan, no podrían efectuar ninguna transacción. Por eso, los directores tuvieron que tomar la decisión y le dijeron a Nicaragua ‘no vamos a sufrir esto por culpa tuya’, aunque el comunicado diga que fue de común acuerdo”, detalló Arteaga.
“El Banco tarda mucho tiempo en tomar ese tipo de decisiones. Mirá el caso de Bertha Cáceres, [la ambientalista hondureña asesinada en marzo de 2016, por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca, en Honduras] tardaron cuatro años para desvincularse del proyecto. En el caso del préstamo para la Policía Nacional pudo haber pesado el tema del riesgo reputacional”, dijo el economista citado antes.
