EFE
20 de mayo 2020
AA
Share
Los nicaragüenses deberían poder destinar el pago de sus facturas de energía eléctrica y de agua a comprar alimentos y medicamentos, ya que Nicaragua atraviesa su tercer año consecutivo de desaceleración económica, tras haber perdido más de 400 000 empleos desde 2018, promueve la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que ha lanzado la campaña "Moratoria ya", para retrasar el pago de los servicios de energía eléctrica y agua potable mientras dure la pandemia de COVID-19.
"Desde el inicio vimos los efectos, no solo en la vida y la salud de los nicaragüenses, sino también en la situación social y económica, que iba a tener esta pandemia en los sectores más vulnerables", explicó a la dirigente de la Unidad, Violeta Granera.
"La idea es que, tras la moratoria, el pago se haga diferido por varios meses, y para los sectores de más bajos ingresos, haya un subsidio", agregó.
La campaña es lanzada en medio de una ola de quejas sobre el aumento de los cobros de energía por parte de la distribuidora Disnorte-Dissur, que ha hecho que los afectados paguen el triple con respecto a enero, mientras los procesos de reclamos son resueltos a favor de la empresa.
Granera recordó que en Nicaragua "el tema de la energía es un monopolio de la familia gobernante, Alba Generación es un negocio que ha tenido enormes réditos, Disnorte-Dissur es patrimonio de la familia (del presidente Daniel) Ortega, obtenida de forma ilícita, y además está la corrupción, porque mientras los precios internacionales del petróleo han bajado, la factura sigue creciendo".
Instan a denunciar abusos con facturas de servicios básicos
La Unidad Nacional animó a los consumidores a compartir en redes sociales las imágenes de recibos con cobros alterados para dejar en evidencia a Disnorte-Dissur y anunció que recopila firmas de apoyo a la moratoria a través de la web change.org.
Algunos de los firmantes explicaron que dieron su apoyo por la alteración de cobros de la energía eléctrica, para que sean beneficiados los menos favorecidos, para imitar las prácticas de otros países frente a la pandemia, para utilizar el dinero ahorrado en comida, o porque los precios del petróleo están bajos.
La disidencia no ve razones para que el presidente Daniel Ortega, al que llama "dictador", se niegue a una moratoria al pago de los servicios básicos, especialmente cuando su discurso se basa en proteger la economía nacional, así como los ingresos de los pobres, reiteró Granera.
Ortega es criticado, tanto dentro como fuera de Nicaragua, por su manejo de la pandemia de COVID-19, ya que no aplica restricciones para evitar su propagación y promueve actividades de aglomeración, a las que asisten los sandinistas, quienes luego son enviados a realizar visitas casa por casa.
El Gobierno de Ortega admitió este 29 de mayo 254 nuevos casos de covid-19 en Nicaragua, además de los 25 que ya había reportado en semanas anteriores, desde el pasado 18 de marzo. Las contrastan con el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que cuenta al menos 1594 casos y 351 muertes.
