16 de mayo 2020
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Si se mantiene la decisión del Gobierno de no hacer nada para salvar las empresas y el empleo, la caída de la economía nicaragüense será peor de lo que indican las previsiones actuales, que oscilan desde el -4.3% del Banco Mundial, hasta el peor escenario de Funides, que se sitúa en -13.7%.
“No hacer nada significa que se acelerará la caída de la producción y habrá más desempleo. El Gobierno tiene que adoptar políticas que resistan el embate del virus, porque si no lo hace, el PIB caerá más”, dijo Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, (Copades).
Una sopa de números grafica el ánimo de los economistas: desde el citado el -4.3% del BM, al -5.1%, que es el escenario optimista del BCIE; -5.47%, (Copades); el -6.0% del Fondo Monetario Internacional; el -6.5% del EIU, e igual número del escenario optimista de Funides; el -6.7% del escenario pesimista del BCIE, y el -13.7% del escenario pesimista de Funides.
El problema es que, como advirtió Avendaño, “si no se hace nada, esas tasas serán mayores”. Y la administración Ortega prácticamente no está haciendo nada, ni en materia laboral, ni fiscal, monetaria o financiera. Ni tan siquiera sanitaria.
Aunque hay mucho que hacer en materia laboral, (más allá del acuerdo tripartito que ya envió al desempleo a 5768 trabajadores de empresas afiliadas al régimen de zona franca, con otros 36 045 enviados a sus casas con distintas figuras legales, según Sandra Ramos, directora ejecutiva del Movimiento María Elena Cuadra), Avendaño explicó que todo se resume en “defender a las personas, a los asalariados, y más a los que están en el mercado informal”.
“Esta política laboral trasciende no solo el tema de la planilla: incluye también aliviar la carga de las altas tarifas y costos (de la energía eléctrica, por ejemplo), que tienen empresarios y consumidores”, además de impedir la suspensión de los servicios públicos; en especial el agua potable, “y más en este contexto de pandemia, cuando se necesita para evitar contagios”, enlistó.
El economista señala que se debe defender a la población de la especulación y el acaparamiento de productos que puede ocurrir si se agrava la crisis, aclarando que “no hablo de regular precios, que es algo que el gobierno no sabe ni le compete, pero sí de supervisar los precios básicos de la economía”, incluso llevando a la cárcel a quien intente lucrar con la desgracia colectiva.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que también se pronunció al respecto, recomendó “fomentar el teletrabajo, aplicar horarios flexibles, proveer insumos de protección al personal que labora en las empresas, y hacer arreglos para garantizar el distanciamiento físico”.
Siboif y BCN duermen
Ayudar a las empresas, de cualquier tamaño, también apunta en la dirección de proteger el empleo. La idea básica es que, si se ayuda a las empresas a seguir operando –aunque sea a niveles mínimos- de modo que puedan seguir pagando salarios, será más fácil que retomen el rumbo cuando haya pasado el peligro de contagios.
Por el contrario, si se les deja solas, lo más probable es que muchas terminen cerrando, y esas ya no volverán cuando la crisis sanitaria haya remitido.
Un economista que sirvió varios años en una dependencia del Ministerio de Hacienda, opina que el Ejecutivo nicaragüense debería seguir la pauta marcada por sus pares de la región, aplicando políticas de diferimiento en el pago de impuestos, o facilitar su pago en cuotas, como han sugerido antes no solo otros colegas economistas, sino también gremios empresariales.
“Debería dictarse la exención de impuestos para productos de farmacia, sean importados, o de manufactura local, además de otorgar un incentivo temporal, a las empresas que comercializan alimentos, productos farmacéuticos y de aseo personal, para dinamizar su consumo. Es cierto que eso no generaría impuesto al valor agregado, (IVA), pero sí a la renta (IR)”, valoró.
Este experto señaló que “se necesitan alivios fiscales temporales, mientras salimos de la pandemia. Aunque en este momento no haya una gran cantidad de afectados, sí hay gran afectación en la economía”, sentenció.
En materia de política monetaria, Avendaño dijo que le sugeriría al Banco Central de Nicaragua, que siga haciendo lo que está haciendo: nada. A su juicio, el regulador tendrá un papel relevante después que concluya la pandemia, pero no antes.
Donde sí hay trabajo qué hacer, es en el campo de la política financiera, pero la Superintendencia de Bancos (Siboif) “duerme la paz de los justos”, imitando al Banco Central, cuando en realidad tiene trabajo que hacer, comenzando por “readecuar sus normas prudenciales”, explicó el experto.
Pensando en las empresas y las personas naturales que han perdido –o visto severamente disminuida- su capacidad de pago, la Superintendencia debería permitir que se reprogramara el pago de sus préstamos a quien lo solicite y cumpla los requisitos para recibir esa reestructuración. Que demuestren que, si no les desfasan, se van a la quiebra”, condicionó.
Los banqueros, la Superintendencia y el Banco Central deberían analizar la posibilidad de dictar una suspensión de pago por tres meses, prorrogable por tres más, y que los pagos pendientes se trasladen hasta el final del préstamo, para que los prestatarios no se vean obligados a tener que pagar dos cuotas al mes, luego de salir de la crisis, vislumbró Avendaño.
Fuentes para financiar un programa de alivio
Hasta ahora, nadie ha dicho públicamente cuál podría ser el costo de un paquete de alivio y estímulo fiscal. Lo que sí se ha sugerido, es de dónde obtener los recursos para financiarlo, especialmente sabiendo que la comunidad internacional no le dará nada a Ortega.
“Las sanciones financieras internacionales le quitan margen de acción al gobierno”, aunque el rechazo del FMI a la solicitud de un préstamo por 470 millones de dólares, presentado por el régimen, “fue porque no han iniciado ningún plan para enfrentar la crisis”, detalló Avendaño.
Esa complicación, “también se explica por el comportamiento del Gobierno [en el manejo de la crisis sanitaria], que ha sido bastante irresponsable”, sentenció Funides.
Una opción a la que sí puede acudir el Ejecutivo, es “revisar la reforma tributaria del año pasado, para disminuir los costos de las empresas, y permitirles operar bajo este contexto de crisis económica, sin que todavía lleguemos al fondo, lo que quizás ocurra este mismo año”, aseveró el economista e investigador de Expediente Público, Leonardo Labarca.
Aun sabiendo que el agujero fiscal que se está creando “será grande, y las opciones no son gratis”, la Fundación propone financiar las medidas paliativas, comenzando con lo que denominan “reasignación presupuestaria inteligente”.
Al respecto, señalan que, en este momento, “el Gobierno debería estar analizando a qué líneas se le puede retrasar el desembolso de recursos; solicitar nuevos desembolsos humanitarias; y proveer inyecciones de liquidez a la banca privada, usando líneas de financiamiento del BCN”.
Otras opciones disponibles, son “hacer uso de sus fondos en el BCN, valorados en más de 537 millones de dólares; solicitar un préstamo de corto plazo al BCN; y reducir el gasto, que ya está al tope en el gasto corriente, así que tendría que tocar sueldos y salarios, y despedir empleados públicos”, añadió Funides.
