12 de mayo 2020
AA
Share
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), instó al Gobierno a actuar “al margen de cualquier cálculo político”, a tenor con la gravedad de la crisis generada por la pandemia de covid-19. Por ello, recomienda aplicar las medidas preventivas, sociales, sanitarias y económicas que haga falta para enfrentar la crisis, salvando las vidas de los médicos y los ciudadanos, mientras se protege la economía.
Desde diversos frentes, dentro y fuera del país, se ha criticado la indolencia y el secretismo con que ha actuado la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por considerar que su discurso de normalidad, no ayuda a frenar los contagios, y pone en riesgo la vida de las personas.
En su defensa, el Cosep argumenta que, mientras los países de la región reportaban entre 792 y 8282 casos, Nicaragua solo reconoce haber detectado 16 contagios, y desde la semana pasada, el Ministerio de Salud (Minsa), dejó de presentar unas cifras que despertaban más incredulidad que certezas.
“El acceso a la información transparente, de manera oportuna, es clave para la prevención, protección y bienestar de la ciudadanía”, asegura el Cosep en su comunicado.
“El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Hay que reconocer la crisis, actuar en consecuencia, y salvar vidas. Nicaragua no podrá acceder a mayores niveles de financiamiento internacional para atender la pandemia, mientras no se declare Estado de Emergencia”, advierten, en referencia al hecho que, mientras los países vecinos han recibido centenares de millones de dólares en ayuda, Ortega suma solo quince millones.
Por ello, recomiendan al régimen que “asuma y aplique con rigor, las medidas que la OMS/OPS están recomendando para enfrentar la pandemia”; que “ejecute campañas de educación intensivas”; cierre escuelas y universidades; cancele “todo tipo de eventos artísticos, deportivos, religiosos o políticos”, y regule adecuadamente el transporte público.
La crisis política es parte del problema
En materia económica, recomiendan que se ofrezcan incentivos fiscales a los productos importados que se necesitan para enfrentar la epidemia; que se agilicen las solicitudes de revisión de precios de los medicamentos que se elaboran localmente, y que se agilicen todos los registros sanitarios.
Otro elemento en que hacen énfasis, es en que se “reasigne recursos a las instituciones de salud para enfrentar la emergencia sanitaria”, además de garantizar “en forma ininterrumpida”, la provisión de agua y energía, y que se suspendan los cortes de ambos servicios básicos.
Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), ambas entidades integrantes de la Coalición Nacional, se han pronunciado públicamente, demandando la implementación de las acciones que sean pertinentes para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas.
La Alianza, por ejemplo, instó a “resolver la crisis política y de Derechos Humanos”, como requisito para acceder a recursos externos, que permitan no solo financiar los esfuerzos que hace el personal de salud para atender a los enfermos, sino también mitigar el ritmo de contagios, y disponer de fondos para ayudar a las familias y las empresas que no podrán sobrevivir a la crisis.
Por su parte, la Unidad dijo en un Mensaje a la Nación, que “a estas alturas, lo que haga el régimen será poco y muy tarde”, a pesar de lo cual insistió en que hay que seguirle exigiendo que apoye a los sectores más vulnerables, y a que actúe con transparencia”, instando a la población a quedarse en casa, y crear redes de solidaridad.
Proteger a los médicos
Adicionalmente, en los últimos días diversas organizaciones han reiterado la necesidad de proteger al personal de salud, reconociendo el heroísmo que demuestran al atender a los infectados sin suficientes medios de protección, lo que implica poner en riesgo sus propias vidas, y las de sus familias.
En su mensaje, la UNAB indica que “el contagio comunitario está en pleno ascenso, y el sistema de salud iniciando a colapsar”, por lo que demandaron al régimen que haga lo necesario para “proteger al personal médico y fortalecer las unidades de salud”.
El Cosep por su parte, recuerda que la OMS ha insistido para que se dé “prioridad a la protección del personal sanitario”, al que se define como “la línea de defensa” ante el covid-19, por lo que le declaran su solidaridad, e insisten en que deben destinarse los recursos necesarios para “enfrentar la emergencia sanitaria, e incrementar sus capacidades, condiciones, equipos, medicinas e insumos médicos indispensables”.
En esa misma línea, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), apoyó las demandas presentadas por más de 540 médicos y especialistas, “donde solicitan la implementación de un plan nacional que permita mitigar la evolución de la pandemia en el país”.
La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), apoyó la labor “abnegada” de los profesionales nicaragüenses de la salud, para quienes demanda “el respeto de sus garantías y derechos en el ejercicio de sus labores, al enfrentar la pandemia”.
La Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), expresó su solidaridad con los profesionales de la salud, “quienes están poniendo en riesgo sus vidas para cuidar y atender a pacientes de covid-19, sin contar con las medidas básicas de protección”, que las autoridades están obligadas a proveer.
Finalmente, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), reconoció “la importante labor” que realiza el gremio médico, y respaldó su demanda al Gobierno, de “garantizar las medidas de protección adecuadas para todo el personal sanitario de los servicios de atención pública”.
