4 de mayo 2020
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La Unión Europea (UE) sancionó este lunes cuatro de mayo a seis altos funcionario del régimen orteguista, entre ellos el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. La lista de castigados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Los seis funcionarios sancionados por la Unión Europea ya habían sido sancionados por Estados Unidos; además Díaz, Castro y Moncada Lau también fueron sancionados por Canadá.
Las sanciones fueron aprobadas por el Consejo Europeo, integrado por los cancilleres de todos los países de la UE. “Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, según una declaración de Josep Borrell, alto representante de de Política Exterior y Seguridad de la UE.
Estas sanciones, cuyo marco ya había sido aprobado meses atrás por la comunidad europea llegan cuando Ortega ha retomado su crítica contra las sanciones internacionales, ahora apelando a la amenaza de la COVID-19, ante la que su Gobierno continúa sin tomar medidas recomendadas internacionalmente para prevenir los contagios.
Sin avances en democracia
“En los últimos meses, no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua. Ha continuado la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica”, señaló Borrell en su declaración.
Las sanciones llegan como mecanismo de presión para que el régimen Ortega Murillo facilite una salida política democrática a la crisis nacional. La UE demanda que el Gobierno cumpla los acuerdos de marzo 2019 con la Alianza Cívica, que permita el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, y que facilite una reforma electoral, cambios en el Consejo Electoral, y la convocatoria a elecciones libres y transparentes con observación nacional e internacional.
El jefe de la diplomacia europea detalló que esperan “un progreso tangible” en demandas como el “restablecimiento de las libertades políticas y el estado legal de las organizaciones prohibidas de la sociedad civil, el retorno voluntario y seguro de los exiliados y la liberación de los prisioneros políticos restantes”.
Los seis sancionados por la Unión Europea
Las sanciones consisten en la prohibición de viajar y la congelación de activos en cualquier país de la UE. Los seis sancionados son:
Francisco Díaz: El consuegro obediente
El cinco de julio de 2018, la lista de sancionados de Estados Unidos se amplió con otros tres incondicionales del régimen, comenzando con Francisco “Paco” Díaz, entonces jefe de facto de la Policía Nacional, por considerar que “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Ortega lo premió, confirmándolo como máximo jefe policial en agosto de 2018. También está sancionado por el Gobierno de Canadá.
Néstor Moncada Lau: El leal encubridor
Nestor Moncada Lau.
El 27 de noviembre de 2018, junto con Rosario Murillo, Estados Unidos incluyó en las listas de la OFAC a Néstor Moncada Lau, cercano colaborador de la pareja presidencial, asegurando que “ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo” y agregó: “En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual con un menor”.
Ramón Avellán: el rostro de la represión
Daniel Ortega en la delegación policial de Masaya cuando intentó conmemorar el aniversario del Repliegue, en 2018. Presidencia | Confidencial
El comisionado general y subdirector de la Policía Nacional se unió a la lista de sancionados que incluye a su jefe, el primer comisionado Francisco Díaz., el siete de noviembre de 2019. No se espera que le afecte en su actividad diaria, por cuanto su función es más bien operativa, pero ha sido una de las sanciones más celebradas en redes sociales, en castigo por encabezar la sangrienta Operación Limpieza.
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Luis Alberto Pérez Olivas, el carcelero del régimen
El comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas fue sancionado el pasado cinco de marzo, por Estados Unidos, señalado por su actuación al frente de la cárcel El Chipote, que —según Estados Unidos— es “una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018”.
Justo Pastor Urbina
El Departamento de Tesoro también sancionó el pasado cinco de marzo al comisionado general Justo Pastor Urbina, quien ha sido señalado —por organizaciones nacionales de derechos humanos— de ser “corresponsable de la masacre” contra los manifestantes.
Sonia Castro: la ministra de la represión
La ministra de Salud, Sonia Castro, cayó en desagracia luego de ser señalada por haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas. Fue sancionada el 21 de junio de 2019 y destituida el 26 de julio de 2019, y nombrada asesora de la presidencia en temas de salud.
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La queja de Ortega contra las sanciones
La mañana de este lunes cuatro de mayo, Daniel Ortega, aprovechó la Cumbre Virtual del Movimiento de Países No Alineados para insistir al Gobierno de Estados Unidos que quite las sanciones contra Nicaragua, Cuba y Venezuela, a la vez que lo acusó de "terrorista" porque "sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta".
"Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas. Eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar y estaríamos en mejores condiciones para entonces asumir los retos que tiene la humanidad", dijo Ortega, desde su oficina y vivienda en El Carmen, en referencia a la criticada respuesta de su Gobierno a la pandemia de COVID-19.
