“Daniel Ortega es el capitalista más grande de Nicaragua”

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó el discurso del presidente del Daniel Ortega, en el que se  niega a brindar medidas de protección social a la población, como la suspensión de pagos de servicios públicos por tres meses y una moratoria en el pago de los impuestos generales, directos e indirectos, y municipales, para aliviar a las familias y empresas que promueven el distanciamiento social ante el coronavirus.

El economista Mario Arana, coordinador de la Comisión Internacional de la Alianza, opinó que las apariciones de Ortega son “para volver a justificar su postura ante la pandemia; esta vez, con la diferencia de añadir una arenga para eliminar las sanciones”. “Ortega está claro que no puede desembolsar recursos externos frescos, pues está bloqueado por razones políticas.”, dijo Arana,

Ortega siempre vuelve al pasado

El abogado José Pallais, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianz dijo que el rechazo a las demandas de la Alianza, evidencia la incapacidad del mandatario para gobernar. “No tiene propuestas, ni encuentra soluciones. Está paralizado, y por eso recurre al lenguaje antiimperialista”, aseveró.

Su colega el ex diputado Eliseo Núñez, opina que “el gobernante no sabe solucionar problemas complejos, y lo que le plantea la Alianza es un problema complejo que no sabe resolver”.

Arana insiste en lo anacrónico del discurso de Ortega, al decir que “politiza las demandas y las ubica como parte de un conflicto entre ricos y pobres, y para ello recurre a esa vieja manipulación, que ya no funciona en el mundo moderno”.

El rico que critica a los ricos

Arana considera que el ataque constante contra el sector privado pretende poner a los ciudadanos en contra del empresariado organizado “que representa una fuerza política formidable, pero el sector privado ya decidió que, con Ortega, el país no va para ningún lado, porque no le ofrece ningún futuro a Nicaragua”.

“El mandatario (Daniel Ortega) olvida a propósito que es él es el capitalista más grande del país, y que su círculo de poder tiene muchas empresas en el área de combustibles y energía, donde aplican políticas de explotación a la población, sin ayudar a los ciudadanos y usuarios”, complementó Pallais.

Núñez asegura que Ortega “tiene la concepción de que el Estado es su propiedad, y cree que antes le dio parte del botín al sector privado, y lo traicionaron” cuando se rompió el consenso. Lo mismo hizo con la Policía, el Ejército y muchos de sus seguidores, pero ellos se mantienen fieles a él”, detalló. “Lo suyo es una reacción casi instintiva: tiene miedo, pero también resentimiento, y busca venganza”, aseveró.

Pocas opciones reales para presionar

Pallais adelantó que “la oposición seguirá denunciando, y mostrando cómo el resto de la región responde con medidas estándar, mientras Nicaragua es la excepción”.

“Miles de desempleados no encuentran ayuda mientras observan cómo los gobiernos de la región ensayan maneras de apoyar a sus ciudadanos; el sector informal tampoco ve que haya un gobierno dispuesto a tenderle la mano, y todo eso incrementará la reacción negativa y el descontento de la población”, confió.

Para Arana “la manera de presionar es la resistencia. Seguimos poniendo en evidencia la incapacidad de Ortega para gobernar y generar riqueza”.

El economista insistió en la necesidad de que la solución sea cívica, pacífica y electoral, “y no por la vía de la desestabilización, como proponen algunos”, a la vez que insistía en que Ortega “no se atreva a tratar de seguir gobernando vía represión”.

Finalmente, Núñez observó que la posibilidad real de acabar pacíficamente con esta dictadura “está en la capacidad de organizarte. La organización - no solo en lo electoral- es lo único que da capacidad de enfrentar al régimen”, sentenció.

Conseguir protección para todos

“Estamos demandando medidas sociales y económicas, que atañen a pensionados del INSS, empleados públicos, personal sanitario” y que se cierren las escuelas, detalló Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, al hablar en el programa Esta Noche, que se transmite en línea.

Las ‘Demandas’, incluyen dictar una moratoria en el pago de impuestos, pero también en el cobro y conexión de los servicios domiciliares de agua y electricidad; a la vez que llaman a mostrarse solidarias, a las empresas privadas que prestan servicios de telecomunicaciones, para que no suspendan a los ciudadanos, los servicios de telefonía e Internet.

A partir de “lo que se ha hecho en todas partes del mundo donde hay gobiernos responsables”, la Alianza demanda una reforma del Presupuesto General de la República, para identificar las partidas presupuestarias que pueden modificarse o redirigirse para financiar el incremento del gasto en salud, o para llevar alivio económico a la población.

Adicionalmente, habría que atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –incluyendo la transparencia en el manejo de la crisis, y hasta la liberación de los presos políticos- como prerrequisito para tener acceso a los fondos creados por toda la comunidad financiera global para apoyar a los países en esta calamidad.

Chamorro explicó que los dos reguladores del sistema financiero nacional (la Siboif y la Conami), tendrían que autorizar a bancos y financieras para que dicten una moratoria que beneficie a sus clientes, sin afectar su record crediticio.

“Para nosotros, es fundamental encontrar todos los mecanismos para flexibilizar y evitar el despido de la gente, para que los trabajadores puedan conservar sus plazas de trabajo”, dijo Chamorro, admitiendo que eso implica que “los empresarios tengan que asumir parte de los costos para que los empleados no se vayan”.

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