Una salida democrática para Nicaragua

Nicaragua nos emocionó cuando la visitamos en enero de 2019. Estaban muy recientes los acontecimientos trágicos de abril de 2018. Cientos de muertos en la represión, miles de exiliados, cientos de jóvenes encarcelados, líderes escondidos, radios y televisiones cerradas. Nos emocionaron sus gentes. Solidarios, valerosos, decididos. Un pueblo acostumbrado a luchar y a sufrir. Con convicciones, con orgullo patriótico y con ideales de país. La visita de la delegación del Parlamento Europeo que presidí, tuvo la suerte de verlo todo, de conocer y reunirse con todos, desde las cárceles, al presidente Daniel Ortega, estudiantes y líderes campesinos, madres de presos y de muertos, dirigentes de todos los partidos, universidades, Iglesia.

Dos Nicaragua viven juntas. Un Gobierno legítimo, que teme las protestas, las reprime y restringe las libertades. Una oposición desarticulada en fase de construcción de su unidad, que expresa reivindicaciones de cambio democrático y de libertad. El sandinismo oficialista, heredero de una revolución heroica que mantiene el relato histórico y sostiene un aparato partidario, potente y muy extendido en el territorio y una sociedad nicaragüense mucho más plural, moderna y democrática que quiere un futuro diferente sin monopolios sectarios del poder, con plenitud democrática.

¿Es imposible un acuerdo de salida democrática pactada? A diferencia de Venezuela, donde las cosas son mucho más complejas, en Nicaragua es posible pactar un camino hacia unas elecciones libres y transparentes que abran un futuro común al país. Ese pacto incluye cinco condiciones básicas.

Primera: La fecha electoral

La exigencia de adelanto que esgrimía la oposición, ha sido superada por la realidad. Las elecciones deben celebrarse en 2021, en la fecha prevista para el fin del mandato presidencial actual.

Segunda: Plenas libertades democráticas

Libertades plenas para ejercer la oposición. Desde hoy mismo, el Gobierno debe permitir el ejercicio pleno de las libertades políticas y el respeto absoluto a los Derechos Humanos. Todos los partidos deben ser legalizados y las alianzas electorales permitidas. Ningún obstáculo al derecho de reunión y al trabajo político de los líderes de los partidos. Regreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Ningún preso político. Cese absoluto de la represión, acompañado de un compromiso de paz ciudadana. La paz social y económica del país no debe ser puesta en cuestión por nadie. La oposición debe reiterar su apuesta pacífica por la democracia.

Tercera: Una nueva Ley Electoral

Pactar una nueva Ley Electoral, para lo cual, las recomendaciones de OEA y UE deben ser guías necesarias. El presidente de la nación debe ser elegido por una mayoría clara y suficiente. La segunda vuelta debería ser garantizada en todo caso. La posibilidad de reelección debe ser limitada. En América Latina, este principio forma parte de la convivencia social para una democracia plena. La nueva ley debe ser pactada con la oposición, tanto con la de dentro del Parlamento, como con la de fuera de él.

Cuarta: Observación electoral

El Gobierno debe solicitar la observación electoral internacional. Sendas delegaciones de la OEA y de la Unión Europea podrían garantizar que el resultado electoral corresponde con la voluntad del pueblo nicaragüense. La observación internacional legitima y da estabilidad al futuro institucional del país. Si gana el Frente Sandinista, nadie cuestionará su mayoría. Si gana la oposición, el Frente Sandinista traspasa el poder. Esa es la regla.

Quinta: Memoria y justicia sin revanchas

En cualquier caso, pasadas las elecciones, el Parlamento debería crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en el país a partir de abril de 2018 bajo la premisa de una memoria reconciliada y no repetición, otorgando justicia reparadora a todas las víctimas. Memoria y justicia sin revanchas.

Sobre este esquema, el pacto es posible. Algunas delegaciones internacionales están en condiciones de ayudar a materializarlo y a monitorearlo. El Vaticano, México y España (o la Unión Europea) podrían ser mediadores. Nicaragua necesita esa mediación. Su pueblo la merece.

*Exparlamentario del Partido Socialista Obrero Español en la Unión Europea. Presidió la comisión del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua en enero 2019