22 de abril 2020
AA
Share
En su poema Hora Cero Ernesto Cardenal recordó la sangre derramada por los asesinados por Somoza García en abril de 1954; entre ellos Adolfo Báez Bone y Pablo Leal y veinte patriotas más. “Abril en Nicaragua es el mes de la muerte”, clamaba el poeta.
En abril asesinan, a David Tejada en 1968. Luego en el mismo mes, ya en los setenta cayeron Luisa Amanda Espinoza, Enrique Lorente, Carlos Agüero y Juan Alberto Blandón; fueron asesinados los doctores Alejandro Dávila Bolaños y Eduardo Selva, la enfermera Clotilde Moreno, los militantes sandinistas Idania Fernández, Óscar Perezcassar, Edgard Lang Sacasa, Araceli Pérez Darias, Carlitos Jarquín y Roger Deshón.
La sangre derramada por estos luchadores antisomocistas es parte del torrente que ha corrido en Nicaragua desde 2018, esta vez ocasionado por las balas de Daniel Ortega dirigidas contra la juventud desarmada. Solo en el mes de abril de hace dos años fueron más de 44 los muertos asesinados por esta dictadura.
Queremos honrar a estos luchadores recordando a una mujer humilde y valiente que forma parte de este torrente de amor y lucha por la justicia: Lidia Maradiaga Cáceres, asesinada un 22 de abril de 1966 en Santa Rosa del Peñón, León. Tenía 24 años, tres niños de entre dos y seis años, y estaba embarazada.
Lidia, sus hermanos, su compañero de vida y otros pobladores trabajaban en la principal actividad económica del lugar, la mina de yeso “Guadalupe” propiedad de Luis Raúl Cerna Baca. Allí los obreros entregaban su fuerza de trabajo por un mísero salario: un córdoba por cada 120 libras de yeso extraído. No había prestaciones, séptimo día ni vacaciones.
Ante estas condiciones de explotación decidieron organizarse sindicalmente y buscaron al Movimiento Sindical Autónomo de Nicaragua (MOSAN), luego pasaría a llamarse Central de Trabajadores de Nicaragua, CTN). Miguel Maradiaga viajó a Managua y allí los dirigentes nacionales nombraron al Secretario de Asuntos Campesinos, Adolfo Calero, para que viajara al pueblito a asesorarles en la organización.
En la casa de Lidia se realizaban las reuniones y ella se encargaba directamente de animar e invitar a los obreros. Estos afanes no pasaron desapercibidos para los dueños de la yesera y las autoridades somocistas del lugar: el alcalde Humberto Urroz, el juez local Juan Ramón Urrutia, el comandante de la Guardia Nacional (GN), cabo Asimilado Abelino Castillo y los hijos del alcalde, parte del círculo de poder local, uno de ellos yerno del juez y secretario del juzgado. Un quinteto represivo que no desaprovechaba oportunidad para amenazar y hostigar a Lidia, sus hermanos y a los promotores del MOSAN.
La orden de la GN
A su vez, y al ser informado de las actividades sindicales, el jefe departamental de la GN en León, coronel Francisco Rodríguez Somoza, había emitido la orden: “en Santa Rosa del Peñón no se admitiría la presencia de agitadores profesionales”. Calero había denunciado ante la Inspectoría del Trabajo de León las irregularidades que ocurrían en la mina, pero sus denuncias fueron desestimadas. Al contrario, fue citado por el juez local a contestar cargos de subversión formulados por el alcalde. En el mes de marzo de 1966, en las oficinas del juez, Calero fue amenazado de muerte por el hijo del alcalde, Ismael Urroz, quien desenfundó un revolver, obligándolo a salir del pueblo.
Los directivos nacionales del MOSAN mandaron comunicaciones al presidente René Schick y a Anastasio Somoza, informándoles que “la vida de los dirigentes socialcristianos peligraba en Santa Rosa del Peñón”. El sindicato también denunció en los medios la detención arbitraria y los culatazos propinados por la GN contra Miguel H. Maradiaga y Jesús Flores Martínez, presidente y secretario del sindicato, el cinco de abril, a quienes acusaban de ser asaltantes y comunistas.
En este ambiente el nuevo asesor sindical enviado por el MOSAN, Amadeo Vanegas, llegó a Santa Rosa el 21 de abril. Al día siguiente, mientras desayunaba, fue capturado y llevado al comando. El cabo Castillo le dijo: “Tengo órdenes superiores de no dejar que nadie del MOSAN ande agitando en el pueblo. Si Calero se hubiera quedado, ya lo hubiéramos jodido”. Posteriormente Vanegas sería trasladado a Managua.
Lidia Maradiaga llamó a la sede nacional del MOSAN para informar de lo ocurrido. Les dijo que seguiría a los guardias y a Vanegas hasta la carretera para verificar que realmente lo estaban despachando para Managua. Temía que le “dieran agua” (lo ejecutaran).
Sindicalista estaba embarazada
Vanegas fue liberado en un lugar llamado Primer Río. Lidia le dijo que le mandaría a alguien para sacarlo a El Jicaral. Al volver a casa, Lidia hizo el almuerzo para su compañero y lo llevó a la mina de yeso, luego dijo a sus hijos: “ya vuelvo, voy a arriar un ganado”. No volvió. Otros compañeros activistas la encontraron muerta frente al cementerio. Había sido desbaratada a machetazos.
El Comité Ejecutivo del MOSAN viajó a León y luego a Santa Rosa, y se les unieron el presidente del CUUN Duilio Baltodano, Mario Benito Darce Quintanilla y el Dr. Manolo Morales. El coronel Rodríguez Somoza, les afirmó que el cabo Castillo había mal interpretado sus órdenes de no permitir “las actividades de los agitadores comunistas” y no a los dirigentes socialcristianos.
Edgardo Herrera, Secretario del MOSAN, informó a los medios sobre los hechos, así como de las comunicaciones y advertencias hechas al presidente Schick y a Somoza, y responsabilizó a las autoridades locales de lo ocurrido.
Los autores materiales procesados fueron Ismael Urroz Aguirre, de 28 años, y Asunción Pulido Aguirre, de 40 años. Este último dijo que él no tenía nada contra Lidia, que fue Ismael quien lo invitó a esperarla cerca del cementerio. Afirmó que ésta le dijo “sos uno de los cepillos de Castillo”, y que eso le molestó, por lo que le descargó los dos primero machetazos, mientras que Ismael le dio cinco más, además de golpearle la cara con la cacha del machete “porque odiaba a todos los sindicalistas”.
El testigo Salvador Avilés Moran, quien venía de bañarse del río, miró el cadáver de Lidia y observó que su vientre se movía. Un médico dijo que si hubieran avisado a tiempo, el niño pudiera haberse salvado con una cesárea post morten, pues a su madre le faltaban pocos días para dar a luz.
El frío relato de los hechos desmontó los intentos del régimen de representar el crimen como motivado por asuntos pasionales, tal y como había declarado el coronel Rodríguez Somoza y publicado Novedades, el diario somocista, durante varios días. El proceso dejó claro que se trataba de un crimen contra la organización sindical y que habían sobrados antecedentes de amenazas contra los sindicalistas y en particular contra Lidia, a quien ofendían y amenazaban cada vez que iba al pozo comunal, frente al comando, a buscar agua.
Sindicalistas estaban amenazados
La testigo María González de Flores de 55 años, declaró que temprano ese mismo día, al pasar por el comando, Abelino Castillo le había amenazado de muerte: “ya echamos al vago que anda agitando el pueblo! (refiriéndose a Vanegas) Ahora ya podemos llenar la pila con los Maradiaga y con ustedes los del MOSAN, ¡y no vamos a andar gastando tiros!”.
Los abogados sindicales, Francisco Frixione, Manolo Morales y Carol Pallais, que asistieron al proceso, afirmaron que la llegada del cabo Castillo a Santa Rosa era para reprimir los esfuerzos de organización sindical. Francisco Frixione declaraba que “El cabo Castillo tiene antecedentes de muerte y procedimientos no apegados a la ley en la Zona de Occidente, desde Achuapa hasta Santa Rosa. El cabo informaba a sus superiores que los delegados del MOSAN que llegaban a organizar el sindicato y los miembros de la familia Maradiaga, quienes les ayudaban, eran agitadores. Para mantener como verdad tal versión se había aliado con el alcalde y con el juez. Tenía una red de elementos activos para imponer el terror en Santa Rosa. Entre ellos los dos hijos del alcalde”.
Frixione se preguntó, “¿Por qué ese gran celo de las autoridades en favor de los que se benefician con esa mina? ¿Por qué tanto terror contra los sindicalistas?”, contestándose: “La respuesta está en los intereses económicos que ha despertado la mina de yeso, porque todos los mandamases del pueblo se estaban lucrando de ella y no querían que los obreros consiguieran prestaciones”.
El asesinato de Lidia enardeció a todo Santa Rosa. Al humilde entierro asistieron los trabajadores y el pueblo entero. Pero días después Ismael Urroz Aguirre fue sobreseído provisionalmente y desapareció del lugar.
Luis Raúl Cerna Baca, dueño de la mina, se pronunció condenando el atroz crimen, pero siempre quedó en la memoria de los sindicalistas que las acciones de los esbirros somocistas no estaban alejadas de sus intereses materiales y de las condiciones de explotación laboral.
Hoy día, la Yesera Centroamericana Guadalupe continúa siendo una explotación minera a cielo abierto, en Santa Rosa del Peñón. En 1979 la revolución la nacionalizó, al considerar que los dueños habían construido su fortuna en base a una relación estrecha con el régimen somocista. En el año 2005, sin embargo, un fallo judicial ordenó al Estado de Nicaragua pagarles $8.9 millones de dólares de indemnización por las ganancias que habían dejado de percibir. El gobierno, además, les otorgó la misma Yesera Guadalupe en forma de concesión, para la explotación del yeso durante 50 años.
*Relato basado en artículos de La Prensa en sus ediciones del 14 abril (“Sindicato denuncia agresiones”); 24 de abril (“Conmueve crimen sindical”; “Civiles Armados”; “¡No creo que la GN esté implicada en este crimen!”; “Habla sindicalista capturado”); 26 de abril (“Sospechosos detenidos en Santa Rosa”); 29 de abril (“Se contradicen en Declaración”) y 30 de abril de 1966 (“Terror y represión en crimen”). Para los hechos más recientes, las referencias son artículos de La Prensa del 2 de septiembre de 2000 y 16 de abril de 2003.
