Más de 2800 trabajadores de zonas francas despedidos por crisis de covid-19

En las últimas semanas han sido despedidos unos 2800 trabajadores de zonas francas, como producto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, y su número seguramente aumentará, según el criterio de líderes gremiales y sindicales del sector.

“Hay 2893 trabajadores despedidos… y en una segunda fase podría haber despidos masivos en las empresas” de zona franca, asegura el sindicalista Pedro Ortega, vaticinio en el que coincide Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec).

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“Eso es cierto. Si una empresa no logra tener alternativas de producción, ni posibilidades de conseguir contratos, ¿qué puede hacer si se mantiene la expectativa de que esa situación no se solucione en tres meses? No hay otra opción”, justificó.

Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas ‘María Elena Cuadra’, difiere ligeramente en el conteo de despidos, y notablemente en su reacción ante la decisión de las empresas adscritas al régimen de de zona franca, por considerar que podrían haber hecho más por los trabajadores.

“Han despedido a 2771 trabajadoras y trabajadores. Les cancelaron el contrato de trabajo, a partir del acuerdo tripartito”, dijo Ramos, contrastando con el hecho que las empresas de zona franca “han recibido beneficios fiscales por más de una década, pero no pueden proteger mejor a sus trabajadores”.

“El salario promedio en esas empresas es de 6399 córdobas mensuales”, detalló.

Reconversión de emergencia

Antes del inicio de la crisis sanitaria, las empresas maquiladoras empleaban unas 123 000 personas. De ellas, más de dos tercios en el sector textil, mientras que 12.4% está empleado en el rubro tabaco; 11.1% trabaja en el área de arneses industriales, y el resto en alimentos, entre otros.

El cierre de los países y los mercados, dejó a las empresas maquiladoras con sus bodegas llenas de materia prima y producto procesado por el que ya habían pagado para su importación y transformación local, sin tener ahora la posibilidad de enviarlo a sus clientes, que están mayoritariamente en Estados Unidos.

García explicó que esa es la razón por la que las empresas se vieron en la necesidad de establecer un acuerdo tripartito que les permitiera sostenerse mientras amaina la tormenta, aunque admite que la situación que había al momento de firmar el documento “se mantiene, y con posibilidades de empeorar”.

Dada esa situación, han sostenido videoconferencias con clientes en Estados Unidos, que están interesados en fabricar gabachas, gorros y mascarillas, en vez de jeans, ropa deportiva, camisetas o ropa interior.

García admite que “tendríamos que hacer pequeñas transformaciones” para cambiar de una línea de producción a otra, y refiere que la contraparte estadounidense pidió nombres de las empresas que tenían capacidad de producción, para contactarlas.

Eso se suma a cuatro empresas que ya se están alistando para fabricar mascarillas, y solo están a la espera de recibir el material para comenzar a procesarlo.

Sondeo de cliente local

A nivel local, reveló que “tenemos un acercamiento del Hospital Militar, que parece necesitar gabachas. Preguntaron quién las produce, pero nada más. En este caso, tendría que haber una exoneración de la DGI para poder vender la producción a nivel local sin impuestos, y una carta del Mific autorizándolo, pero la verdad es que no tenemos una solicitud expresa”, admitió.

Al hacer el contraste entre las distintas formas en que la crisis afecta a los trabajadores y a las empresas, el sindicalista Ortega dijo que “la mayoría de estas empresas internacionales tienen seguros contra desastres naturales, incendios, terremotos. Su capital lo tienen asegurado”, aseveró.

El representante dijo que “se está hablando con más de 90 marcas que se elaboran en Nicaragua para elaborar un fondo social a favor de los trabajadores que serán despedidos, para darles algo adicional” a su liquidación.

Pero García se mostró escéptico al ser consultado al respecto, por considerar que “no vas a encontrar muchos filántropos que quieran poner esa cantidad de dinero. Quizás te den medio millón, o un millón” de dólares para ayudar a los trabajadores cesanteados, lo que sería claramente insuficiente, si se considera que las empresas del sector pagan una planilla de unos 28 millones de dólares mensuales.

“Es muy difícil, y no queremos nada regalado. Tampoco quiero ser pesimista. Es mejor decirles que nos den trabajo. Eso es más posible”, reflexionó antes de insistir en que “estamos diciéndole a nuestros clientes que si necesitan producir gabachas, gorros, etc., estamos con las manos abiertas”, listos para hacerlas.

Si esto no es apoyo, ¿qué es?

Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, es especialmente crítica con los resultados del acuerdo tripartito, que –hasta ahora– ha dejado como resultado que solo estén trabajando 5430 de un total de 82 780 trabajadores de 42 empresas monitoreadas.

Del resto, hay 61 879 mujeres y hombres enviados de vacaciones, en periodos de 15 días a un mes; 9700 despachados a sus casas, bajo la modalidad de permisos especiales; 3000 trabajadores a los que se les aplicó el artículo 38 del Código del Trabajo, (suspensión colectiva por un mes), y 2771 personas más que fueron cesanteadas conforme al artículo 45 del mismo Código del Trabajo.

García no está de acuerdo en el señalamiento contra las empresas, argumentando que “en 2019, cuando no hubo incremento del salario mínimo, solo este sector dio un aumento de 8.25%; cuando este año se decretó 2.63% de aumento salarial, las empresas del sector aprobaron otra vez un 8.25%. Eso es contribuir y asumir costos”.

Recordó que “Gildan está dando -adicional a los seis días de pago por suspensión laboral, el 50% del salario mensual de sus trabajadores, y respetando 100% de salario para los enfermos, las embarazadas, y los mayores de 58 años”.

“Los sindicalistas pretenden que ese trato sea horizontal para todas las empresas de zona franca, pero no todas pueden asumirlo. Algunas tienen deudas que no les han pagado, y simplemente, no pueden asumir. No es porque no quieran: es que no pueden”, reiteró.