11 de abril 2020
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Esta semana, expertos del sector de la medicina, la economía, la política y la sociedad civil se unen para exigir una acción internacional inmediata y coordinada –en los próximos días- para movilizar los recursos necesarios para enfrentar la crisis del COVID-19, impedir que la actual catástrofe sanitaria se convierta en una de las peores de la historia y evitar una depresión global. Como señala una carta enviada a los líderes del mundo, dado que estamos tan por detrás de la curva del COVID-19, se están perdiendo muchas vidas innecesariamente, se están ignorando otras cuestiones sanitarias y se están devastando sociedades y economías.
Durante la crisis financiera global de 2008, los líderes del G20 trabajaron para coordinar una respuesta global. Y en otras emergencias anteriores –como tsunamis, guerras civiles o epidemias-, coaliciones de países han convocado a conferencias de donantes para generar los recursos necesarios. Hoy, necesitamos ambas cosas: un grupo de trabajo del G20 para coordinar el respaldo internacional y una conferencia de donantes para que ese respaldo sea efectivo.
Hace diez años, la crisis económica inmediata se pudo superar cuando se enfrentó la cuestión de la subcapitalización del sistema bancario global. Esta vez, la crisis económica no terminará hasta que no se resuelva la emergencia sanitaria, y la emergencia sanitaria no terminará si se derrota a la enfermedad en un país solamente. Sólo puede terminar cuando todos los países se recuperen del COVID-19 y se evite que el virus regrese de manera regular.
Todos los sistemas de atención médica y las sociedades –hasta los más sofisticados y los más ricos- se comban bajo la presión causada por el coronavirus. Pero si no hacemos nada en tanto el virus se propaga en ciudades y comunidades más pequeñas en África, Asia y América Latina –que tienen pocos equipos de testeo y sistemas sanitarios frágiles, y donde el distanciamiento social será imposible de lograr-, causará devastación, persistirá y, quizás inevitablemente, alimentará otros brotes a nivel mundial.
La única manera de poner fin a la crisis cuanto antes es hacer lo que no hemos hecho durante años: financiar a las agencias de salud pública, científicas y económicas que se interponen entre nosotros y un desastre global. Los líderes mundiales deberían de inmediato acordar un compromiso inicial de 8.000 millones de dólares -1.000 millones de dólares para que la Organización Mundial de la Salud continúe su trabajo vital durante 2020, y el resto para respaldar a la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias en la coordinación de esfuerzos destinados a desarrollar, fabricar y distribuir dispositivos de diagnóstico, agentes terapéuticos y vacunas efectivos-. Estos avances, con un acceso equitativo para todos los países, son vitales si queremos poner fin a esta pandemia y prevenir futuras tragedias.
También se debe brindar financiamiento para satisfacer la necesidad global de respiradores y equipos de protección personal. En lugar de que cada país, estado o provincia tenga que pelear por una porción de la producción a partir de la capacidad existente, con la competencia inflacionaria de costos que esto generaría, deberíamos aumentar marcadamente la capacidad coordinando la producción y la compra global de esos suministros médicos. Y, si se produce una vacuna, se debe asignar financiamiento suficiente para distribuirla, a través de organizaciones existentes como Gavi, la Alianza para Vacunas, en los países más pobres.
De acuerdo con las estimaciones aún más optimistas del Imperial College, London, habrá 900.000 muertes en Asia y 300.000 en África. Los países en desarrollo no sólo carecen de sistemas de salud modernos; también tienen redes de seguridad social absolutamente inadecuadas. Por lo menos hacen falta 35.000 millones de dólares para distribuir suministros médicos vitales, contratar personal y fortalecer la resiliencia nacional.
Sin embargo, a pesar del peligro inminente, casi el 30% de los países no tienen planes nacionales de preparación y respuesta contra el COVID-19, según la OMS, y sólo la mitad tiene un programa nacional para la prevención y control de infecciones. Muchos no cumplen con estándares adecuados en cuanto al agua, saneamiento e higiene en sus instalaciones de atención médica. Y si bien se calcula que los países más ricos tendrán sólo una séptima parte de las camas de hospitales que necesitan para una atención crítica, los países pobres tendrán muchísimas menos, y muchos no tendrán ninguna.
Los gobiernos nacionales también intentan contrarrestar la degradación de sus economías. Pero, para impedir que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, y para que la recesión de hoy no se convierta en la depresión de mañana, se necesitan urgentemente medidas fiscales, monetarias y comerciales mejor coordinadas.
Los paquetes de estímulo fiscal que hoy se están implementando en algunos países serán mucho más efectivos si se suman todos los países en condiciones de hacerlo. Pero si queremos limitar los despidos masivos (que ya están ocurriendo a un nivel escalofriante), es vital que los bancos implementen rápidamente garantías de préstamos emitidas por el gobierno y ofrezcan el respaldo en efectivo que las empresas y sus trabajadores necesitan.
Los países más pobres necesitan una asistencia económica especial. La comunidad internacional debería empezar por suspender los pagos de deuda de los países en desarrollo de este año, incluidos los 44.000 millones de dólares que debe recibir de África. Pero la realidad es que por lo menos harán falta 150.000 millones de dólares en nuevos fondos para proteger a las economías en desarrollo.
El Banco Mundial puede aumentar el apoyo a los países y a la vez cumplir con su techo de financiación. Pero eso no será suficiente. En 2009, durante la Gran Recesión, el gasto del Banco Mundial pasó de 16.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Hoy se debería garantizar una expansión similar de los recursos disponibles. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que movilizará todos sus recursos disponibles. El FMI debería asignar unos 500.000-600.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs).
No hay mucho tiempo. Lo ideal sería que todo esto se acuerde y se anuncie esta semana, y que el FMI y la Comisión de Desarrollo del Banco Mundial lo confirmaran formalmente cuando se reúnan el 17-19 de abril. Tal vez ésta sea la estrategia de salida más viable que tenemos hoy en el mundo. Si el precio parece alto, las consecuencias de no pagarlo bien podrían ser catastróficas.
