9 de abril 2020
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó públicamente su “preocupación por la respuesta del Estado de Nicaragua a la pandemia del covid-19”, situación que, en el caso nicaragüense, se ve agravada por “la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país”, desde abril 2018.
La Comisión, y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), cuestionan especialmente que “el Estado no haya implementado medidas de prevención de contagios, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Mencionan, entre otras, “el distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva, manejo de la trazabilidad de los casos de contagio, adquisición y realización de tests, así como las medidas para el manejo, control y prevención de enfermedades infecciosas”.
“La vida, la salud y la integridad de la población debe estar por encima de cualquier consideración partidaria o política”, sentencia la Comisión.
En el comunicado de prensa con el que sentaron su posición, la CIDH y Redesca recuerdan que la OMS “ya manifestó públicamente su preocupación al respecto”, para pasar a hacer un recuento de las actividades ejecutadas desde el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que contradicen las decisiones implementadas por la mayoría de gobiernos del mundo.
✍️🇳🇮 La @CIDH, su #MESENI y @DESCA_CIDH expresan preocupación por la situación de los derechos humanos en #Nicaragua y la respuesta del Estado frente a la pandemia de #COVIDー19.
📌Comunicado de Prensa:🗒️ https://t.co/fOitqcqOBJ pic.twitter.com/i4T69JGCOv
— CIDH - IACHR (@CIDH) April 9, 2020
“Contrario a las recomendaciones especializadas, información pública indica que las autoridades nacionales y locales habrían hecho llamados públicos a la realización de marchas, concentraciones, eventos, festivales, y celebraciones religiosas”, señalan.
Entre las actividades que contradicen las recomendaciones de los expertos, la nota detalla que, el 17 de marzo, el Ministerio de Educación habría convocado a docentes y estudiantes a una marcha masiva en Jinotepe, a la par que solo anunció vacaciones para los estudiantes, del 4 al 20 de abril, y entre el 4 y el 17 de abril para el personal docente y administrativo.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo, y la Comisión Nacional de Zonas Francas, “dispusieron la posibilidad de vacaciones para los funcionarios públicos desde el 4 al 15 de abril próximos; asimismo, se habría indicado que tal disposición puede ser también aplicada por las entidades del sector privado. El Instituto de Turismo habría realizado convocatorias a actividades masivas con motivo del Carnaval de Verano de Carazo celebrado desde el 3 de abril”, detalla.
Añaden que, “a lo anterior se suma la falta de transparencia e información confiable y pormenorizada sobre las medidas de prevención de contagios y contención de la pandemia, así como de aspectos esenciales en la comprensión de la situación general del país”.
Esto impide que la población pueda tomar las decisiones más apropiadas para proteger su salud y su vida, “lo que se torna aún más grave ante los llamados de las autoridades de proseguir con las actividades normales, inclusive en el goce del periodo vacacional”, recalca.
Medidas de autoprotección
La CIDH destaca las respuestas de la sociedad civil organizada, no solo para que las autoridades que encabezan el Estado tomen la crisis en serio y dicten las medidas apropiadas, sino también, cómo los nicaragüenses han tomado sus propias provisiones, ante la realidad de un Estado que niega el riesgo de la pandemia.
Señalan cómo la diócesis de Matagalpa de la Iglesia católica, quiso ejecutar un proyecto de centros de prevención médica del covid-19, que fue prohibido por el Ministerio de Salud, además que “se tuvo noticia de que algunos centros educacionales y empresas privadas ya han dispuesto la suspensión de actividades presenciales, reemplazándolas por modalidades remotas o en línea”.
“Ante los alcances sin precedentes de la pandemia global, la CIDH y su Redesca hacen presente que la falta de adopción de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en salud pública, en relación con el covid-19, podrían poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población”, insiste el texto.
Photo: Carlos Herrera / Confidencial
Si bien el régimen liberó a 1700 reos comunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que “al menos 60 personas permanecen privadas de libertad como represalia a su participación en manifestaciones antigubernamentales”.
Estos ciudadanos han sido acusados de delitos comunes, en procesos arbitrarios e ilegales, y varios presentan factores especiales de riesgo, como edad avanzada o problemas de salud, “más allá de las precarias condiciones penitenciarias en las que se encuentran”, especifica.
A eso se suma que “el abordaje de la crisis sanitaria global por parte del personal penitenciario… ha estado caracterizado por la ausencia de medidas y protocolos específicos de prevención”, en referencia a que, se minimiza la enfermedad al referirse al covid-19 como “un simple resfrío por el que no hay que preocuparse”.
El personal de los paneles rechaza “el ingreso de insumos… tales como alcohol gel, guantes, mascarillas y desinfectantes. Junto con impedir el ingreso, la información aportada desde la sociedad civil indica que dicho material es muchas veces requisado, sin que se indiquen los motivos de tal medida”.
Fortalecer el sistema de salud
El documento también presenta sus preocupaciones al enterarse de “la renuncia en los últimos días, de personal médico altamente calificado debido a la falta de condiciones para enfrentar la pandemia”, ante lo cual, “el Ministerio de Salud estaría reclutando en el último tiempo a estudiantes universitarios del sector salud para llenar las vacantes” dejadas por personal que debió abandonar sus puestos “por despido o persecución”.
“Tanto la Comisión como la Relatoría ven con mucha preocupación la disminución de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública, en parte como consecuencia del despido de más de 400 profesionales y trabajadores de la salud pública ocurrido durante la crisis de derechos humanos”, recuerdan.
También refieren el tema de la estabilidad laboral del personal de salud, que depende de “la preferencia política que manifiesten e incluso puede verse afectada por abstenerse de participar en las redes partidarias oficialistas”, por lo que llaman “urgentemente al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de realizar estas prácticas discriminatorias” y esforzarse para reforzar las capacidades del sistema de salud.
“Con base en la información proporcionada por el Meseni y la Redesca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado al Estado de Nicaragua a reconocer la extrema gravedad de la situación y adoptar de inmediato medidas de atención y contención de la pandemia consistentes con la evidencia científica”.
“Al mismo tiempo, le insta a escuchar los llamados realizados por la sociedad civil, en especial por la Unión Médica Nicaragüense, exhortando públicamente al cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ofreciendo su colaboración al Estado en tareas de apoyo de atención en especial a los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”.
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