9 de abril 2020
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, entre febrero y agosto de 2019, el Gobierno de Nicaragua mantuvo un promedio de seis arrestos arbitrarios por día, lo que equivale a 1047 personas detenidas durante ese periodo. La mayoría de los arrestos fueron temporales y prevalecieron durante el desarrollo de la mesa de diálogo y negociación.
El dato que aparece reflejado en el Informe Anual 2019 de la CIDH sirve para explicar el fracaso de la negociación ante la falta de voluntad política del régimen para cumplir los acuerdos, que tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 10 de junio de 2019.
“Desde el inicio de las negociaciones y pese a los acuerdos suscritos, la CIDH recibió abundante información y testimonios sobre la continuación de la represión y la intensificación de las detenciones arbitrarias en todo el país”, dice el documento publicado este miércoles.
Según el organismo en 2019 “se habría normalizado un nuevo patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración”, que fueron realizadas con el objetivo de “amedrentar a líderes sociales o impedir la realización de protestas y manifestaciones sociales”.
✍️🇳🇮 La @CIDH comparte el capítulo IV B. del #InformeAnual2019 en el que se identifica una continuidad de la crisis de #DDHH que atraviesa #Nicaragua desde abril de 2018. #MESENI
📌📄Capítulo IV B.: https://t.co/ReEPpBPBJ4 pic.twitter.com/nrAYVReM4D
— CIDH - IACHR (@CIDH) April 8, 2020
Asimismo, después de la aprobación de la Ley de Amnistía continuaron las “detenciones temporales” principalmente a personas excarceladas. Algunas de estas detenciones habrían ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto después de su participación en eventos internacionales precisó la Comisión.
Las detenciones a los presos políticos excarcelados “serían realizadas con el objetivo de amedrentarlos” por su liderazgo en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Uno de los ejemplos más palpables es el arresto de 21 personas excarceladas, ocurrido el 8 de agosto de 2019, a quienes mantuvieron reencarcelados entre uno y tres días.
En el mes de diciembre, fecha en que culmina el informe, al menos, 160 personas continuaban detenidas. Actualmente la lista de presos políticos es de 70 según la Asociación de Víctimas de Abril.
Criminalización de opositores
La Ley de Amnistía fue un parteaguas en el sistema de justicia nicaragüense. Durante los primeros meses de 2019, antes de su aprobación, la CIDH constató la persistencia de persecución judicial y criminalización contra manifestantes, campesinos, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Luego de la aprobación de la amnistía, las personas que no fueron beneficiadas enfrentaron juicios por delitos comunes como robo, amenazas y portación ilegal de armas en sustitución de las acusaciones “preestablecidas” por la comisión de varios delitos como terrorismo y crimen organizado.
Para la CIDH el “cambio en los patrones de la criminalización contra opositores que, además de dejar en evidencia la completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, tendría por finalidad ocultar que la judicialización de los personas está basada en razones políticas”.
Población participó en piquete exprés para exigir la liberación de todos los presos políticos. Cortesía
El organismo también constató “una variación del patrón de centralización de los procesos penales en Managua”, debido a que las personas detenidas en los departamentos únicamente fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, por periodos cortos para ser sometidos a interrogatorios y, posteriormente, fueron remitidas nuevamente a su lugar de origen para ser procesados por los juzgados competentes. También prevalecieron “patrones sistemáticos de violaciones al debido proceso” en los juicios penales contra los opositores.
Por su parte, el Gobierno de Nicaragua indicó en sus comentarios al informe de la CIDH que los casos judicializados “se tramitaron y resolvieron en los plazos legales” y que el documento “pretende deslegitimar la actuación del Poder Judicial, al hacer afirmaciones politizadas”. Asimismo, el Estado consideró que el informe “no tiene fundamento, está basado en meras especulaciones, sin ninguna verificación y sin rigor científico”.
Piden independencia del Poder Judicial
Aunque el Gobierno de Nicaragua no ha adoptado ninguna de las recomendaciones de la Comisión Interamericana desde la Rebelión de Abril, el organismo reiteró su llamado al Estado a cumplir las recomendaciones formuladas en el informe final de su visita de trabajo al país en 2018, donde –entre otras cosas– urgió garantizar la independencia del Poder Judicial contra todo tipo de presiones políticas para “investigar, procesar y sancionar a quienes vulneran derechos humanos”.
La Comisión considera necesario establecer “un mecanismo de asignación de casos” a través de criterios objetivos. Estos criterios deben “ser públicos y ser suficientemente precisos” para evitar manipulaciones de índole político. Asimismo, recomiendan crear “procedimientos previsibles y criterios objetivos” para la promoción y traslados de los operadoras de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales.
- Lea completo el informe de la CIDH
Asimismo, la CIDH insta al Poder Judicial a “ejercer plenamente su independencia para juzgar a los acusados bajo los más altos estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos” teniendo en cuenta las condiciones de la detención y los delitos que forman parte de la acusación y permitiendo a los acusados ejercer su derecho a la defensa.
Familiares de presos políticos realizan una vigilia, mientras sus parientes eran juzgados. Foto: Carlos Herrera.
Por otro lado, la CIDH recordó que la gravedad de la crisis que atraviesa el país “impone obligaciones especiales” al Gobierno de resolver los conflictos y encauzar un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo. Para ello, “el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”, subraya el documento.
El 19 de noviembre de 2019 una Comisión de Alto Nivel de los Estados Americanos sobre Nicaragua, creada por la Asamblea General de la OEA del 28 de junio de 2019, concluyó que cualquier solución pacífica a la situación en Nicaragua debe incluir: “el fin de la represión; la restauración de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión y libertad de prensa; y un sincero esfuerzo por todas las partes para volver a la mesa de diálogo”.
