29 de marzo 2020
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La siete movimientos cívicos y partidos políticos que integran la Coalición Nacional solicitaron, mediante una carta, al directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) condicionar la entrega de un donativo de un millón de dólares al Gobierno de Daniel Ortega, previstos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus covid-19.
En la misiva piden a la institución que "enfatice todas las condicionalidades previstas en sus políticas de asistencia financiera para maximizar la posibilidad de que la ayuda otorgada al Gobierno de Nicaragua se use con transparencia" conociendo los antedecentes de corrupción del régimen.
Por eso insisten en que se tomen "todas las previsiones contra su desvío hacia otros fines, en forma disimulada o bajo subterfugios, o para ser usada con criterios políticos o con fines de premiar o castigar a sus clientelas según sus lealtades".
El 16 de marzo el BCIE aprobó una asistencia financiera no reembolsable por hasta ocho millones de dólares a los ocho países de la región centroamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), correspondiendo a cada país un millón de dólares, para atender la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.
Posteriormente, el organismo financiero anunció que apoyará con 1910 millones de dólares un "Plan de Contingencia Regional" para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la economía de la región.
Recursos deben ser bien utilizados
La Coalición Nacional reconoce la necesidad de recursos financieros para hacer frente a la pandemia de covid-19, pero expresa "extrema preocupación" por la forma en que, hasta hoy, ha manejado el régimen la emergencia sanitaria.
En la carta detallan que hasta el momento el Gobierno no ha seguido en forma adecuada las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir, contener y reducir la trasmisión del covid-19, "ni para desarrollar un enfoque multisectorial, que incluya a la sociedad civil, para determinar medidas públicas que desaceleren el contagio, eviten concentraciones humanas y protejan en primer lugar a trabajadores sanitarios".
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Señalan que por el contrario, el régimen de Ortega "convoca a marchas, festivales y actos públicos masivos de marcado tinte político".
Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud de Nicaragua durante la marcha "El amor en los tiempos del covid-19". EFE/Alberto González
"Nicaragua es el único país de la región que no ha considerado la suspensión de clases en escuelas y universidades. Al contrario, amenaza a estudiantes y directores de escuelas con sanciones si no contribuyen a dar apariencia de 'normalidad' en sus centros de estudio", expresan en el escrito.
Las agrupaciones opositoras también indican que se han recibido denuncias de "amenazas contra trabajadores sanitarios para que no usen mascarillas y guantes en sus centros de trabajo" alegando que eso puede "alarmar al público y crear un pánico innecesario".
Las medidas solicitadas
Las tres condiciones solicitadas por la Coalición Nacional al BCIE incluyen "asegurar que los fondos sean utilizados con absoluta transparencia, supervisada y con información pública veraz y actualizada, sobre sus cantidades, usos y destinos, para evitar desvíos hacia el financiamiento de actividades represivas o de programas sociales altamente politizados".
"La información debe ser actualizada ante todos los medios de prensa y en sitios web de acceso público", demandan. Mientras, la rendición de cuentas "deberá ser certificada por una instancia supervisora" del BCIE "que deberá informar mensualmente" sobre la ejecución.
Foto: EFE | Confidencial
Además, solicitan que previo al primer desembolso, el Gobierno haga pública su estrategia ante la pandemia, que incluya los principales lineamientos de las recomendaciones OMS/OPS "para la detección temprana de casos infestados, reducción de la tasa de trasmisión, disposición de sus mejores capacidades para el tratamiento de casos confirmados y para la protección del personal sanitario".
"El Gobierno debe informar, veraz y oportuno, acerca de la evolución de la situación epidemiológica y orientar a la población a través de todos los medios de comunicación, incluyendo los independientes", insisten.
También señalan que deben "decretarse medidas inmediatas para reducir concentraciones como las que se dan en actividades deportivas, sociales y centros de recreación, hasta llegar a su prohibición en momentos extremos, así como la suspensión, total o parcial, de clases en escuelas y universidades, según corresponda en cada etapa de la crisis".
"Se deberá reafirmar que el acceso a la salud es un derecho constitucional que no acepta ningún tipo de discriminación, especialmente, en las actuales condiciones de Nicaragua, ninguna discriminación contra personas críticas al Gobierno", mencionan.
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