26 de marzo 2020
AA
Share
La reciente reelección de Luis Almagro al frente de la OEA; la postulación de Carlos Trujillo, por parte de Donald Trump, como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental; y la cancelación por parte del BCIE del polémico crédito que había otorgado al Gobierno de Ortega para fortalecer las capacidades de la Policía, revelan que, pesar del coronavirus, hay procesos políticos que siguen su curso.
Abordemos el hecho con repercusión más directa para nuestro país: la decisión del BCIE.
Comencemos por el principio: El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera que pertenece a los Estados que participan en calidad de socios. Se creó a inicios de la década del 60, como parte del proceso de integración económica centroamericana. Los socios fundadores y dueños iniciales del banco fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
A lo largo de los casi sesenta años de existencia, el banco transitó por altibajos, a causa de las crisis económicas y políticas que abatieron la región. Así, tanto por razones políticas como por razones económicas, los países fundadores resolvieron abrirse a la incorporación de nuevos socios. De esta manera se sumaron México, Panamá, España, Colombia, Taiwán, Argentina, Corea, Belice y República Dominicana. Hasta Cuba agarró terminación. Todos estos países son ahora socios del BCIE. Las decisiones operativas las toman representantes de los Gobiernosen un órgano que se conoce como Directorio.
El crédito afectado por la decisión se denomina “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para fortalecer la Seguridad Ciudadana”, ascendía a una suma superior a 16 millones de dólares. Incluía equipo, construcciones, modernización tecnológica. Quedaban más de 7 millones de dólares pendientes de ejecutar. Con la revocación del convenio, esos fondos ya no se desembolsarán.
Obviamente, estamos ante un impacto contundente de las sanciones recientemente aprobadas por el Gobierno norteamericano en contra de la Policía de Ortega, por señalamientos de cometer delitos en contra de la población nicaragüense, entre otros, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
¿Qué razones llevaron a tomar la decisión? Recordemos que toda entidad que realice transacciones con la persona o institución sancionada corre el riesgo de caer en la órbita de las afectaciones contempladas en la Nica Act. Por consiguiente, de continuar el BCIE suministrando fondos a la Policía ponía en riesgo sus operaciones y la financiación a los Gobiernos que se benefician de sus créditos. Además, las entidades internacionales calificadoras de riesgo seguramente castigarían la capacidad crediticia del banco, con el efecto de encarecer o entorpecer la obtención de recursos en los mercados internacionales de capital.
Prefirieron entonces curarse en salud.
Hay dos elementos adicionales que llaman la atención. Primero, que la decisión se hiciera de conocimiento público. Por lo general las relaciones entre las instituciones multilaterales y sus Estados socios se manejan con sigilo. Sin embargo, el BCIE emitió un comunicado oficial para dar a conocer la revocación del crédito. Un anuncio que seguramente el régimen intentó evitar, y no pudo, pues al golpe económico añade un golpe político.
Lo segundo, es la virtual confesión pública del motivo de la cancelación del convenio. La declaración oficial del BCIE indica que la ejecución de los fondos del proyecto se realizó, hasta el momento de la decisión, cumpliendo todas las normas, procedimientos y mecanismos contractuales. Entonces, si se cumplieron las normas, significa que las razones para cancelar el convenio fueron externas al convenio. Solo faltó agregar que las razones son las sanciones norteamericanas.
En resumen: un golpe económico y un golpe político propinado en la principal fuente de recursos externos del régimen.
Pero queda un asunto más. Al escarbar en las bases de datos del BCIE nos encontramos que una parte del crédito estaba destinada a la construcción de estaciones policiales. Y el último reporte de supervisión consigna que algunas obras estaban semiparalizadas, particularmente las obras en Bluefields, a causa, según el reporte, de que el contratista se había quedado sin recursos para continuar la obra. ¿Cómo es eso de que se quedó sin recursos para continuar con la obra? En estas licitaciones los adjudicatorios suscriben una fianza para asegurar el cumplimiento del contrato. ¿Cuál es el nombre y quiénes son los dueños de la empresa constructora que ganó la licitación? ¿Qué medidas tomó la policía frente al incumplimiento?
El hecho recuerda otro, con el Ministerio de Educación: se adjudicó la construcción y reparación de unas escuelas a una empresa “hechiza”, propiedad de allegados al régimen, incluyendo un diputado orteguista. Al final, dejaron las obras a medio hacer y nunca se conocieron las consecuencias que el incumplimiento tuvo para los flamantes constructores.
Queda pendiente además saber el nombre de las empresas que ejecutaron los primeros 9 millones de dólares del crédito. Por supuesto, también el nombre de sus socios.
Finalmente, habrá que ver si los amigos de Ortega en el BCIE compensan por otra vía este recorte de recursos. O si esta decisión representa el inicio del cierre de esta fundamental fuente de recursos del régimen. Pero eso sería ya otra historia.
