24 de marzo 2020
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que ve con “profunda preocupación los efectos” que la epidemia del covid-19 “podría generar para las y los nicaragüenses de no tomarse medidas urgentes conforme a estándares internacionales de salud”. Este lunes, la vicepresidenta Rosario Murillo reveló que en Nicaragua existen seis casos sospechosos de covid-19, pero se mantiene la cifra de solo dos casos positivos de coronavirus. Mientras, el régimen mantiene su postura de no declarar cuarentena o cerrar las fronteras del país para evitar más contagios.
#Nicaragua 🇳🇮 La @CIDH llama al Estado a liberar a las personas detenidas en el marco de la crisis de #DDHH que persiste en el país y urge a que esa medida alcance especialmente a presos cuyas dolencias estén consideradas dentro del grupo de riesgo para #COVID19. #MESENI #REDESCA
— CIDH - IACHR (@CIDH) March 23, 2020
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH aseguró que las medidas adoptadas por las autoridades hasta el momento serían contradictorias con las recomendaciones para mitigar el contagio del covid-19 realizadas por organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El organismo urgió “a las autoridades a dejar sin efecto convocatorias y realización de marchas multitudinarias o visitas generalizadas a comunidades y personas mayores, prácticas que representan alto riesgo para la salud y la vida de las y los nicaragüenses”.
Minsa ordena cuarentena a medias
La medida preventiva más drástica que el Gobierno ha ordenado fue anunciada este mismo lunes por el Ministerio de Salud (Minsa): “orientar” cuarentena a las personas que llegan de países con “transmisión activa” de Covid-19, en medio de las críticas hacia el presidente Daniel Ortega por no tomar medidas de prevención ante la pandemia.
La ministra de Salud, Carolina Dávila, informó que las autoridades están examinando “a pasajeros que vienen de países con transmisión activa de coronavirus, tomándoles sus datos, y posteriormente orientándoles que deben de quedar resguardados por 14 días siguientes en sus domicilios, cumpliendo con todas las medidas de prevención”.
Con esta decisión, el régimen ablandó su posición frente al aislamiento social, ya que hasta ahora Murillo había reiterado que no establecerían “cuarentena de ningún tipo”. La ministra Dávila dijo que, además de orientar cuarentena, las autoridades preguntan a los viajeros “si han viajado a países con transmisión activa o si han tenido contacto con personas que han viajado”, y que, en caso de que uno presente síntomas, o tenga “nexos epidemiológicos con estas personas, ingresarlo inmediatamente, y activar el protocolo establecido”.
Instan a informar con transparencia
La CIDH también instó al régimen a informar con transparencia a la población ante la epidemia, ya que el secretismo oficial se ha impuesto. Hasta ahora, el Gobierno informa de sospechosos de coronavirus y de un número no preciso de pruebas realizadas. El Minsa tampoco informa aún cuántos ventiladores posee para hacer frente a la pandemia.
La CIDH llamó “al Estado a difundir información completa y veraz sobre prevención, recursos y situación del covid-19 con transparencia, rigor e imparcialidad”. “Solicitamos al Estado abstenerse de perseguir u hostigar a profesionales de la salud en el marco de sus labores y derecho de informar sobre la pandemia covid-19. Son el principal activo del Estado contra el virus, deben ser protegidos y valorados”, recomendó el organismo.
El régimen todavía no ha brindado detalles sobre el protocolo de actuación ante el Covid-19 al que hizo referencia la ministra de salud. Dávila evitó hablar de la cantidad de casos sospechosos que maneja el Minsa, y sostuvo que “hemos realizado pruebas de coronavirus a personas que lo ameritaban, todas han resultado negativas”.
Horas antes de las declaraciones de la ministra, el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, había revelado la realización de unas 200 pruebas de covid-19, lo que contradecía a Murillo, quien sostenía que en Nicaragua únicamente se habían presentado cinco casos sospechosos, dos de los cuales se reportaron como positivos.
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