19 de marzo 2020
AA
Share
Human Rights Watch (HRW) celebra como un triunfo las últimas sanciones de Estados Unidos contra la Policía Nacional y tres comisionados generales de esa institución. La organización mundial de defensa de derechos humanos solicitó a la Administración de Donald Trump, en junio de 2019, castigar a varios de los jerarcas policiales que ahora están en la lista negra estadounidense.
Pese a la sensación de triunfo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, advirtió que las sanciones no son inónimo de “justicia”. “(El castigo) es una manera de identificarlos y dejar muy claro la responsabilidad de esta gente en violaciones a derechos humanos. Eventualmente tendrán que responder ante el tribunal de justicia por hechos atroces, en Nicaragua o fuera de Nicaragua”, dijo en una entrevista vía Skype con el programa Esta Noche, que se transmite en el canal de Confidencial en YouTube.
Human Rights Watch propuso a Estados Unidos sancionar individualmente a los integrantes de la cadena de mando de la Policía Nacional: su Jefe Supremo, el presidente Daniel Ortega; la exdirectora Aminta Granera; el actual director y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y los comisionados generales Ramón Avellán, subdirector; Jaime Vanegas, Inspector General; Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote); y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
De esa lista, Estados Unidos sancionó primero a Díaz, luego a Avellán, y recientemente a Pérez Olivas y Urbina. En el último paquete de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua, y a la Policía Nacional como institución.
“Tratados como crimen organizado”
Sobre la sanción a la Policía, Vivanco comentó que tiene como objetivo “tratarlos como una entidad paria, una mafia, una organización propia o típica del crimen organizado, que comete gravísimas violaciones a los derechos fundamentales con total impunidad”.
De Pérez Olivas, aseguró que se trata de “uno de los jerarcas más brutales de la Policía de Nicaragua, que es el responsable por hechos atroces que se han cometido contra personas inocentes, contra disidentes políticos, que incluyen torturas, tratos crueles e inhumanos, y todo tipo de atrocidades con plena impunidad”. EE. UU. lo sancionó por su actuación al frente de la cárcel El Chipote, que —según Estados Unidos— es “una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018”.
Vivanco indicó que HRW incluyó en lista a Urbina porque tienen “evidencia sólida y creíble, que lo vinculaban a gravísimas violaciones”. El Departamento de Tesoro explicó que durante y después de las protestas cívicas de 2018, el comisionado general ha sido señalado —por organizaciones nacionales de derechos humanos— de ser “corresponsable de la masacre” contra los manifestantes.
Documentar y registrar casos
Vivanco subrayó que la justicia, que tanto anhelan los familiares de las víctimas, “es perfectamente posible, no es un sueño, no es una utopía”. Sin embargo, advirtió que dependerá “de la velocidad” con que el país avance hacia un sistema democrático de Gobierno.
“Mientras subsista la dictadura es imposible soñar en investigaciones judiciales, procesamiento y castigo para aquellos que, perteneciendo a la dictadura, han cometido hechos atroces. La responsabilidad no recae en unos cuantos policías, en unos mandos medios, acá la responsabilidad se eleva hasta las alturas del Gobierno dictatorial, incluyendo la señora (Rosario) Murillo y el señor Ortega, que algún día tendrán que responder por estos hechos atroces”, afirmó el funcionario.
Resaltó que “la experiencia histórica demuestra que lo fundamental (para enjuiciar) es continuar documentando casos. Hay que tener unos registros lo más fidedignos posible de lo ocurrido, de los hechos, de los testigos, de los lugares, de las condiciones en que se produjeron esos crímenes”.
Recordó que estas causas contra violadores de derechos humanos se construyen “sobre la base de esa documentación, de esos registros”, tal y como ocurrió frente a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile; de Jorge Rafael Videla y su junta de militar en Argentina; y de Alberto Fujimori en Perú.
Propósito de sanciones
Para Vivanco, la sanción específica a la Policía, es un mensaje que “va directamente dirigido al propio Ortega, porque él es la máxima autoridad de una entidad, que es la principal herramienta de represión, junto a unos ampones armados”, en referencia a los parapoliciales.
El funcionario calificó a los paraestatales como “hordas de delincuentes”, que “tienen licencia para, impunemente, atacar o hasta matar aquellos que consideran son personas peligrosas para el régimen dictatorial de Ortega y Murillo”.
Explicó que las sanciones estadounidenses tienen múltiples propósitos: mostrarle “al régimen que sus abusos no son tolerados por la comunidad internacional, y hay plena claridad respecto a los responsables directos por estos hechos”.
También envían un “mensaje claro” a los violadores de derechos humanos, como a futuras autoridades, de que podrían también caer en estos listados. “La idea es disuadir a otros jerarcas de la Policía, de cometer los mismos delitos porque sufrirían el mismo tratamiento”, agregó.
Con la sanción a los tres comisionados y la Policía, la lista de sancionados por Estados Unidos se elevó a 18 funcionarios —entre ellos Murillo, vicepresidenta y primera dama, y dos hijos de la pareja presidencial: Rafael y Laureano—, y a seis instituciones, entre públicas, entes autónomos y empresas ligadas a la familia Ortega-Murillo.
Sanciones efectivas en Venezuela
Vivanco defendió la efectividad de estas sanciones y señaló que, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, “cada vez que entra en un proceso de negociaciones, lo primero que hace es solicitar que se levanten las sanciones a él y a sus cómplices”.
“(Maduro) se lo solicita reiteradamente tanto a Europa, Canadá, y los Estados Unidos. Le importan realmente mucho (las sanciones), porque en general estamos hablando de corruptos, de gente involucrada en todo tipo de crímenes, que resienten que sus bienes hayan sido congelados”, dijo.
Añadió que “al mismo tiempo lamentan no poder viajar, e incluso algunos de sus familiares directos, cuando están involucrados en este tipo de crímenes, y están incluidos en estas listas”.
En el caso de posibles castigos de la Unión Europea (UE), Vivanco subrayó que “es viable que en Europa se intensifiquen las sanciones individuales contra el régimen de Ortega. Eso ya está muy adelantado, no hay mayor simpatía en Europa por la dictadura de Ortega, y no hay mayores dudas que Ortega representa una dictadura brutal, que ha cometido gravísimas violaciones a los derechos fundamentales”.
