18 de marzo 2020
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El riesgo es el producto de la combinación de dos variables, una de ellas es la amenaza y la otra la vulnerabilidad. Ante la pandemia todos los países están en riesgo y en el caso de Nicaragua el mismo puede ser de mayores proporciones. De interactuar la pandemia con los altos niveles de vulnerabilidad que vive hoy el país por la crisis política y de violaciones a derechos humanos anunciaría un riesgo con un impacto de grandes proporciones. A más vulnerabilidad institucional con una amenaza o evento como la pandemia del coronavirus el riesgo es mucho mayor.
En cualquier país, aún sin la actual crisis de Nicaragua, lidiar con el coronavirus tiene un alto nivel de complejidad. Esto lo estamos viendo en países como Italia, España, Estados Unidos y Costa Rica.
Enfrentar una pandemia de esta magnitud con más de 200 000 personas contagiadas a la fecha y 8000 personas fallecidas a nivel mundial, requiere de un gobierno responsable y apela a una institucionalidad fuerte, con un actuar basado en la ciencia y la ética y con capacidad de cumplir el rol para el cual fue creada.
Para emergencias como esta, Nicaragua cuenta según su marco jurídico con un Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred) que tiene como fin reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo de sufrir un desastre. Si Nicaragua fuese un país gobernado por personas responsables y claras de su papel, en cuanto se tuvo conocimiento de la presencia de esta pandemia, hubiésemos estado ante una comparecencia pública inmediata del presidente de la nación junto al Sinapred en pleno, dándonos a conocer el Plan Contingente para enfrentar semejante pandemia.
Lamentablemente nada de esto ha ocurrido, muy por el contrario lo que hemos escuchado son discursos vacíos de contenido de la vicepresidenta de facto del país, aunado a un presidente de la república que brilla por ausente.
Nicaragua está ante una situación de desprotección estatal, es un Estado fallido e inexistente. Si el riesgo es la combinación entre amenaza y vulnerabilidad, la población nicaragüense ya no solo enfrenta la amenaza del coronavirus, sino también de una institucionalidad centralizada en la pareja y familia presidencial de facto que es una amenaza en sí misma para la seguridad humana y que combinada con la vulnerabilidad política, económica, social y cultural en la que han sumido al país se convierte en un riesgo de proporciones inimaginables.
El mundo ve con asombro cómo este régimen en plena expansión del virus haya convocado al funcionariado de Estado y adeptos a una marcha masiva el pasado 14 de marzo denominada “Amor en tiempos del Covid-19”, contraviniendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Solo en este país puede verse tal espectáculo, donde el funcionariado de Estado en vez de estar centrado en la prevención para evitar la presencia del coronavirus, se les obligue a participar en una parafernalia grupal exponiendo no solo a sus asistentes, sino a toda la población, en una actitud totalmente irresponsable y falta de todo sentido común.
Y no solo eso, ese mismo día celebraban en el medio digital del régimen la llegada del Crucero Amadeus a Puerto Corinto, cuyos visitantes fueron recibidos por la niñez nicaragüense vestida con trajes de folklore, exponiendo a quienes el Estado debe proteger. Todo para aparentar una normalidad inexistente.
En realidad no es de extrañarse por ese comportamiento si el partido FSLN, y la familia presidencial están señalados de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
De no asumir una actitud consecuente con las medidas que está tomando la comunidad mundial, estaríamos asomándonos a un segundo episodio de crímenes de lesa humanidad cometidos por este régimen al exponer no solo a la población nicaragüense, sino también a sus países vecinos a una propagación sin precedentes de un virus cuya característica es su elevada capacidad de transmisión.
Estamos a tiempo de evitar otra tragedia peor que la del volcán Casita, cuando el expresidente Arnoldo Alemán calificó el huracán Mitch como “simples lluvias” y que derivó en un deslave que sepultó a más de mil personas. Además de habérsele acusado por lavado de dinero y corrupción en el uso de la ayuda solidaria en ese contexto.
Lo anterior explica por qué el pueblo que resiste demanda un cambio, no solo de personas en el poder, sino de sistema político y económico para que no haya repetición de estos hechos. Seguramente en estos momentos el régimen planea acciones maquiavélicas no para salvar a la población, sino para aprovechar esta emergencia para seguir desmontando la resistencia que desde abril pide a gritos su renuncia. Cuando hay vidas de por medio, como dice el lenguaje popular “para luego es tarde”.
*La autora es licenciada en Ciencias Sociales, máster en Integración y Desarrollo Regional, tiene entre otros, estudios especializados en Gestión del Riesgo y Reducción de Vulnerabilidades y fue partícipe junto con otros actores de la creación de la Ley 337.
