17 de marzo 2020
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Desde abril de 2018, el comisionado general Luis Pérez Olivas aparece más en televisión que su colega Justo Pastor Urbina. Aparece porque es quien presenta a los opositores que han sido detenidos por la Policía, y les imputa las supuestas pruebas de los planes “terroristas” que los ciudadanos —según el régimen— conspiran. El director de Auxilio Judicial suele enumerar en tono severo las “evidencias” encontradas, y le explica a los medios de propaganda gubernamentales el hilo conductor de los “crímenes y delitos”, que van desde “tráfico ilegal de armas, financiamiento al terrorismo, asesinato”, entre otros.
Las “pruebas” del comisionado Pérez Olivas suelen ser presentadas en arcaicas diapositivas de Power Point, que al verlas se asemejan más a aquellas cadenas de correos electrónicos de Hotmail, que a evidencia procesada por el máximo órgano policial de investigación. Con esas “pruebas” decenas de ciudadanos han sido condenados hasta 30 años o más de prisión en juicios políticos.
El capitán Leonardo —cuya identidad reservamos por seguridad— es policía activo en el occidente del país. Él fue llamado varias veces por la DAJ para acudir a El Chipote, en Managua, donde le entregaban expedientes con las “pruebas” para que participara como testigo de los juicios políticos contra opositores. Es decir, para que testificara sobre hechos que no presenció. El capitán Leonardo asistió a varios juicios y tuvo oportunidad de ver cómo se “fabricaban las evidencias”.
“Los investigadores de El Chipote buscan fotos del detenido en WhatsApp o Facebook, las recortan y las ponen en una tabla de reconocimiento del expediente”, narró el capitán. “Cuando tienen el expediente finalizado, agarran dos nombres de policías o investigadores del lugar de donde son los reos para hacer parecer que nosotros armamos el caso”.
Con el expediente ya manufacturado en El Chipote, una copia es enviada a las estaciones policiales de la localidad de origen de los detenidos. Allí, el jefe departamental de la Policía, “junto a dos fiscales”, llaman a los oficiales designados para servir de testigos. De acuerdo al relato del capitán Leonardo, les muestran las fotos de los reos en la tabla de reconocimiento del expediente para que los identifiquen en las audiencias de juicio.
Amaya Coppens, dos veces encarcelada por razones políticas, aseguró que cuando estuvo detenida en El Chipote por el caso de “los aguadores”, todos ellos cuestionaron a los oficiales de la DAJ, porque “plantaban pruebas” en los vehículos en los que transportaban agua para las madres que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel, de Masaya.
Wendy Juárez, también de la banda de “los aguadores”, aseguró que vio en dos ocasiones al comisionado Pérez Olivas: el día que los encerraron en El Chipote, cuando le quitaron su ropa y le pusieron el uniforme de presa política. “Él (Pérez Olivas) era uno de los que estaba dirigiendo la implantación de armas”, afirma Juárez.
Luis Pérez Olivas, bajo órdenes de Marenco
Fuentes policiales señalaron que si bien el comisionado Pérez Olivas administra las pruebas “fabricadas” en la DAJ, y las presenta ante los medios de comunicación, el verdadero encargado de dar las directrices en esta materia es el comisionado Adolfo Marenco y su asistente, el comisionado Aldo Sáenz.
“Adolfo Marenco es el jefe de Pérez Olivas. Él es de Marenco, y su lealtad es lo que lo tiene como jefe de Auxilio Judicial”, dijo una fuente policial, mientras otra fuente, allegada a la institución, agrega que Pérez Olivas sí tiene “buen instinto” para la investigación, pero que en los dos últimos años se ha dedicado a la persecución política.
El comisionado general Luis Pérez Olivas tiene buen trecho recorrido en el escalafón institucional. Fue segundo jefe de la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur, estuvo como jefe de Jinotega, y luego fungió como titular de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM). Sin embargo, en 2016 y en completo sigilo, Pérez Olivas fue ascendido a la Dirección de Auxilio Judicial para reemplazar al comisionado Juan Ramón Gámez, quien, de acuerdo las fuentes policiales, se negó a acatar órdenes del jefe policial y consuegro de la pareja presidencial, el comisionado Francisco Díaz.
En septiembre de 2018, el comandante Ortega ascendió a Pérez Olivas a comisionado general. La promoción ocurrió después que Pérez Olivas presentó abundante “evidencia fabricada” contra centenares de ciudadanos que acabaron recluidos como presos políticos.
Así como el comisionado general Justo Pastor Urbina, cuya frase para el 40 aniversario de la Policía fue la del sueño cumplido de ser escolta de Daniel Ortega, Luis Pérez Olivas también expresó la suya: “Lo más importante para nosotros debe ser el convencimiento y la disposición de ser fieles a la revolución”. Las palabras “disposición” y “fieles” resaltadas en mayúscula.
*Junto a este artículo también se ha publicado el perfil del comisionado general Justo Pastor Urbina, director Operaciones Especiales, también sancionado por Estados Unidos. Ambos jefes son figuras clave en la primera línea de la represión policial de Daniel Ortega en Nicaragua. Te invitamos a leer estos dos contenidos relacionados:
