Peligran 107 millones de córdobas para la Policía Nacional

La sanción estadounidense a la Policía Nacional conlleva un rompecabezas financiero para la institución policial, que —según analistas— podrá solucionar el embrollo: vía pagos en efectivo o a través de otro ente estatal. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de los préstamos externos, ya que estos no pueden ser triangulados.

La mayoría orteguista en la Asamblea Nacional aprobó, en diciembre pasado, un presupuesto de 3 836.24 millones de córdobas para la Policía Nacional. Las fuentes de este dinero son: 3 505 millones de las Rentas del Tesoro; 223.44 millones de la Rentas con Destino Específico —multas de tránsito—; y 107.78 millones de préstamos externos.

La investigadora Dayra Valle y el economista Leonardo Labarca coincidieron en que la Policía Nacional no podrá recibir dinero de préstamos o donaciones en dinero, ya que estos se realizan a través de cuentas bancarias, a las cuales no podrá acceder la institución policial.

La sanción, impuesta la semana pasada, establece el próximo seis de mayo como fecha tope para que los ciudadanos y entidades estadounidenses corten cualquier relación comercial con la Policía. Esta medida también abarca a las empresas nicaragüenses que tienen lazos con las compañías de EE. UU.

Directamente del BCIE

“(La sanción) si los va afectar (a la Policía) en cuanto a conseguir financiamiento de parte de organismo internacionales, como el BCIE, que firma acuerdos para financiar a la Policía Nacional directamente”, dijo Labarca, quien ha elaborado análisis sobre el presupuesto policial.

“Normalmente los convenios de préstamos tienen cláusulas que establecen que las partes —en este caso, la Policía, el BCIE, o cualquier dador de recurso— deben tener ciertas condiciones, y una de ellas es que esté habilitado para hacer transacciones bancarias, porque estos recursos no se dan en efectivo”, explicó Valle, especializada en la fiscalización de contrataciones y ejecución presupuestaria.

El Presupuesto General detalla que los 107.78 millones de córdobas provendrán exclusivamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este ha sido el único organismo multilateral que mantiene su apoyo financiero al régimen orteguista, especialmente a la Policía; pese a los señalamientos nacionales e internacionales de abusos y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Está presupuestado que los préstamos externos se usen para al menos 17 proyectos de construcción y rehabilitación de estaciones de Policía, así como la compra de equipamiento policial. El proyecto con mayor monto —27 105 834 córdobas— es el “reemplazo y equipamiento de la delegación policial en Bluefields”, en el Caribe Sur.

A ese proyecto, le sigue en monto —13 479 155 córdobas— el programa de “investigación e inteligencia policial”, que sería financiado completamente por el BCIE, según detalla el Presupuesto General.

Vista general de la sede del BCIE en Managua. Foto: Carlos Herrera.

“Criterios técnicos y financieros”

Los otros 15 proyectos tienen montos que van desde los 10 000 córdobas hasta los 11 051 286 córdobas, esta última cifra corresponde al proyecto “de construcción del edificio de telemática de la Policía Nacional”.

Para 2019, la Policía Nacional dispuso de 1.06 millones de dólares del BCIE para ejecutar compras de equipamiento policial, vehículos, equipos y mobiliario de oficinas, según una copia del Plan General de Adquisiciones del BCIE.

En mayo de 2019, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo en una entrevista con Confidencial, que ese dinero era parte de un préstamo “aprobado en 2011”, y que la entidad regional, para aprobar créditos, solo toma en cuenta los “aspectos técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales”.

Para Labarca, “el BCIE no debería hacer” ningún desembolso más para la Policía. Sin embargo, advirtió que el régimen podría ocultar que el “dinero de los préstamos va a esa institución”.

Todo pasará por el Ministerio de Hacienda

Los expertos prevén que para ejecutar su presupuesto de gastos — de 3 836.24 millones de córdobas, divididos en: 3 409.98 millones en gasto corriente y 426.25 millones en gasto de capital—, la Policía Nacional utilizará otra institución del Estado, que pueda comprar y contratar a los proveedores.

“Muchos de los proveedores no van a querer tener una relación con la Policía, dado que eso implicará un acuerdo contractual, y uno de los sujetos está sancionado e inhabilitado para realizar ciertas transacciones comerciales con los bancos”, explicó Valle, quien es parte de la organización Transparencia Nicaragua.

Añadió que “(quien compre) podría ser el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o habilitar nuevamente ciertas atribuciones, funciones y competencias que tenía el Ministerio de Gobernación, para que lo haga en lugar de la Policía”, mencionó Valle.

Labarca mencionó además que el Ministerio de Hacienda también juega un papel importante el área de los ingresos, ya que “maneja” los recursos de la Policía, aunque ahora lo haría de una forma total.

Mayores controles

La especialista en fiscalización de contrataciones alertó que la recaudación y pagos en efectivo, así como los tercerizados, implican un mayor control de los recursos, porque sino se puede dar lugar a la “malversación” de fondos públicos.

En una reciente entrevista con el programa Esta Semana, el experto en temas defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, manifestó que “si antes se pagaba vía tarjeta de débito, la primera opción es volver al viejo sistema del pago en efectivo y la recolección de multa también en efectivo. Eso abre las puertas a la corrupción, y sería un elemento que llegaría a profundizar la crisis interna de la Policía”.

Valle recomendó “tener controles de los recursos. Si (los pagos) los hacen en efectivo, cómo van a controlar esos flujos, y si se hace a través de las cuentas de otra institución pública, habría que separar estas cuentas para saber que entra para efectos de la Policía y que entra para la otra institución pública”.

La investigadora advirtió que “será importante el rol que juegue la Contraloría General de la República, con controles internos y externos, tienen que coordinarse con los auditores de la Policía”.