12 de marzo 2020
AA
Share
La reforma integral al sistema de pensiones, debe ser el primer gran tema económico a discutir, después de buscar soluciones a los problemas políticos que aquejan a la nación. La razón es que “la seguridad social es la norma más importante que tiene un país después de la constitución”, opina el experto actuarial, Manuel Israel Ruiz.
“Por lo tanto… debería estar en la agenda como punto número uno, después de los problemas políticos, porque es un tema que atañe a toda la sociedad”, reiteró.
“Yo me figuro una especie de cruzada nacional para que la gente sencilla entienda” los peligros y el funcionamiento de la seguridad social, y luche por esto. Es un imperativo”, opina por su parte el académico Julio Francisco Báez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), convencido de que “el sistema colapsó”.
Julio Francisco Báez y Manuel Israel Ruiz. // Foto: Claudia Tijerino
Báez y Ruiz fueron entrevistados en el programa Esta Noche, que se transmite en línea, donde presentaron el estudio “La Seguridad Social en Nicaragua: Diagnóstico y Recomendaciones para su Reforma”, preparado por el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, uno de los principales expertos de la región en seguridad social, y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh.
Los economistas nicaragüenses Adolfo Acevedo y Sergio Santamaría, y el experto Ruiz colaboraron en la investigación de Mesa-Lago.
La importancia que le atribuyen al sistema de seguridad social nicaragüense, no es antojadiza, en especial si se considera que en el país “hay dos millones de personas vinculadas directamente con el seguro social, por lo tanto, los políticos, los académicos, todos debemos estar claros que el INSS necesita anualmente no menos de 850 millones de dólares para pagar las pensiones en curso de pago y la atención médica”, detalló Ruiz.
A partir de eso, Báez asevera de forma categórica, como lo hizo el profesor Mesa-Lago, que “es imposible que este gobierno, por su ausencia de legitimidad, tome medida alguna. Lo mejor que podría hacer el Gobierno -y podríamos aplaudirle- es no meterse a complicar más las cosas. Demasiado ha hecho en perjuicio de los asegurados y los pensionados”.
Un ejemplo son los resultados de la reforma de febrero 2019, que tuvo al menos, “tres impactos enormes”, que se manifiestan en los perjuicios a los empresarios; aumentó el desempleo, y redujo la cuantía de las pensiones según el análisis de Manuel Israel Ruiz.
De manera específica, señaló que “se desafiliaron un poquito más de 5000 empresas en 2019”. También abandonaron el sistema de pensiones “unos 40 000 trabajadores activos”, además de muchos otros que cotizan al seguro facultativo, cuyo número no precisó. El tercer impacto es que redujo los montos que reciben unos 25 000 a 30 000 pensionados de invalidez, de vejez, y de viudez.
Colapso tras colapso
Solucionar los problemas del seguro social es una tarea imposible para la actual administración, cuyo margen de acción es prácticamente inexistente, según los entrevistados, y le corresponderá al un nuevo gobierno democrático que se instale tras la salida del poder de la dictadura orteguista.
Al pensar en el orden que debe tener el marco normativo de la seguridad social, Báez insiste en recordar que existen unas 500 leyes que tienen incidencia en el sistema, de modo que demoler la vieja institucionalidad y establecer una nueva, debe hacerse con la correspondiente base jurídica.
Otro dato que ilustra ese planteamiento, es que, entre abril de 1990, y febrero de 2019, se han hecho 18 reformas. “Se ha reformado el reglamento en 18 ocasiones, y en las 18 ocasiones, se ha fracasado”, reclama Ruiz.
Si se quiere “desmantelar todo esto”, habría que comenzar “derogando ya la reforma de 2019”, acorde con la recomendación del experto cubano, para rescatar a la entidad a la que Ruiz ve cuatro veces colapsada.
El Instituto “está colapsado jurídicamente, porque se maneja desde 1993 -y fundamentalmente a partir del 2007- de una manera discrecional. A manera de ilustración, no tenemos una ley que regule los derechos y obligaciones de la atención médica. El INSS paga 8000 millones de córdobas, y si digo que está colapsado jurídicamente, es porque todas las prestaciones a los asegurados y pensionados, se hacen de forma discrecional”, aseveró.
“Está colapsado administrativamente, porque los fondos del seguro social se deben manejar actuarialmente, en cuatro grandes paquetes, y se está manejando en uno solo”, argumentó.
El tercer colapso es el de la confianza, dado que “trabajadores y empleadores no se sienten confiados unos para pagar, y otros para tener la seguridad que cuando estén en invalidez, vejez, o muerte, van a recibir una pensión. Hay mucha incertidumbre, y la sociedad pregunta: ¿vale la pena seguir cotizando?”, ilustró.
El cuarto colapso es el de la autonomía administrativa y financiera, cuya prueba más evidente es el déficit que surge con la reforma de 2013, cuando se decide usar los recursos del INSS pagar una pensión reducida, a miles de personas que no completaron el requisito mínimo de cotizar 750 semanas.
“De manera sistemática, entre 2014 al 2019, ha habido déficits, y cada vez son mayores. Si el déficit mejoró en 2019, fue por la gran inyección financiera que el Estado envió al seguro social, pagando cuotas adelantadas de su deuda de 500 millones de dólares”, explicó como preámbulo para asegurar que “se hace necesario edificar un nuevo seguro social en el menor tiempo posible”.
La reforma política y el cambio del INSS
Si bien la voluntad política es el factor que determina si se comienza a corregir el rumbo del INSS, o sigue a la deriva y se estrella, la búsqueda de soluciones para un problema tan apabullante es irónicamente sencilla: obedecer las normas legales existentes.
“Para que aquí haya una reforma, lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizar que se cumpla el Artículo 3 de la Ley, que dice que el INSS es un ente autónomo con autonomía administrativa y financiera. Sin eso, no hay posibilidad alguna de cualquier reforma, y colapsa”, advierte Ruiz.
Lo segundo es que “el Estado debe asumir el financiamiento de las pensiones reducidas, que suman unos 1800 millones de córdobas anualmente. También debe asumir las pensiones especiales no contributivas, que la Ley dice que son a cargo del Estado, pero son asumidas por el INSS”, amplía.
El tercero es que el INSS realmente restituya derechos, como el caso de los pensionados de invalidez, a los que se les están negando sus derechos, igual que a las viudas, y a los jubilados que consiguen un nuevo empleo.
