11 de marzo 2020
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Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la Policía Nacional, además de colocar a la institución en una lista negra de organizaciones criminales internacionales, la convierte en la segunda entidad policial a nivel mundial castigada por este Gobierno por cometer violaciones a los derechos humanos.
En el 2011, el Gobierno norteamericano sancionó a las Fuerzas de Aplicación de la Ley de Irán, a su comandante Ismail Ahmadi Moghadam y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y la Fuerza de Resistencia Basij.
En esa ocasión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que la aplicación de las sanciones ocurrían por que las fuerzas policiales iraníes eran “responsables o cómplices de graves abusos contra los derechos humanos en Irán desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009”.
A la Policía Nacional de Nicaragua, el Tesoro la sancionó la semana pasada, con un argumento similar al señalar a esta de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
Además de la institución policial, en Nicaragua, también se castigó a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
Las sanciones implican que quedan bloqueados todos los bienes que la Policía tenga en Estados Unidos, y que tampoco podrá hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con la institución policial serían castigados por su Gobierno.
La Policía será afectada también “en términos de su gestión administrativa interna”, como en el caso de los pagos de los salarios de los agentes policiales, el pago de multas y el pago del récord policial.
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El detalle de las sanciones
Mientras en Nicaragua el Gobierno del presidente Trump acusó a la Policía Nacional por reprimir y violar los derechos humanos de los nicaragüenses luego de que la dictadura aprobara una reforma al Seguro Social que desembocó en una crisis que está cerca de cumplir dos años, en Irán las fuerzas de seguridad fueron señaladas de coartar las libertades de civiles luego de masivas protestas tras una disputada reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad.
"Casi dos años después de que los valientes ciudadanos de Irán salieran a la calle, la lucha por las libertades civiles y los derechos fundamentales continúa", dijo en ese momento la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.
https://www.confidencial.digital/estas-son-las-consecuencias-de-las-sanciones-a-la-policia-de-nicaragua/
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la Policía Nacional de Irán de ser uno de los principales aparatos de seguridad del Gobierno de Irán para mantener la estabilidad interna y desempeñó un papel clave en la represión del Gobierno contra los manifestantes después de las elecciones de junio de 2009.
Bajo el mando de Ismail Ahmadi Moghadam estuvo involucrada en el ataque a los dormitorios de la Universidad de Teherán, en Teherán, durante el cual más de 100 personas resultaron heridas y posteriormente trasladadas a un área de detención donde sufrieron abusos físicos.
La Policía Iraní, según el Tesoro, operó el notorio centro de detención de Kahrizak, que fue el sitio de graves abusos contra los derechos humanos de los prisioneros detenidos en las protestas poselectorales, incluido el asalto y la agresión, y la privación de las necesidades básicas, como la atención médica, que finalmente causó la muerte de tres detenidos.
En cuanto a las sanciones a la Policía de Ortega, el Gobierno estadounidense agregó que la institución es “una herramienta” del régimen en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
La represión del régimen dejó, entre abril y septiembre de 2018, un total de 325 asesinados confirmados y más de 2000, según datos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, otros 100 000 nicaragüenses han tenido que salir del país para protegerse de la persecución política y la represión.
“(La Policía) es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, según el Departamento del Tesoro.
A la par de las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, emitió en una licencia en la que autoriza a las entidades estadounidenses a una “reducción paulatina de las transacciones relacionadas” con la Policía Nacional, lo que “incluye la gestión de pagos de salarios a sus empleados, hasta el seis de mayo de 2020”.
Este plazo obligará a la Policía a cerrar sus cuentas en los bancos nacionales, que tienen relaciones corresponsales con bancos americanos; que en el caso de Nicaragua son todas las entidades bancarias y financieras.
“Los bancos tienen sus propios mecanismos y reglamentos, ellos pueden enviar cartas a principios de mayo o mañana, y dar otros plazos”, resaltó una fuente, que solicitó el anonimato.
