10 de marzo 2020
Nicaragua necesita derogar la reforma a la Seguridad Social de febrero 2019, poner en orden el “galimatías legal” al que tienen que enfrentarse quienes tratan de navegar en el sistema, y darle verdadera independencia y absoluta transparencia a la administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), si se quiere comenzar a poner orden.
Es la opinión del economista cubano Carmelo Mesa-Lago (86 años), uno de los principales expertos de la región Seguridad Social y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, que presentó el Estudio "La Seguridad Social en Nicaragua", en un evento organizado por el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), y la Fundación Coen.
Mesa-Lagos es autor de varios libros, entre estos: Las reformas de pensiones en América Latina y su Impacto en los principios de la Seguridad Social (Santiago de Chile, 2004) y Reassemblig Social Security: A Survey of Pension and Healthcare Reforms in Latin America (Oxford University Press, 2008). Para realizar el estudio sobre Nicaragua, el especialista contó con la colaboración de cuatro expertos nicaragüenses: Manuel Israel Ruiz, Adolfo Acevedo Vogl, Sergio Santamaría, y Julio Francisco Báez, con quienes pudo reconstruir 63 años de historia del INSS, para determinar cómo es que esa entidad está en quiebra técnica, menos de ocho años después de haber acumulado una reserva superior a los 15 000 millones de córdobas.
- Puede descargar, en este enlace, el estudio completo: La Seguridad Social en Nicaragua
Pese a que hay muchas formas de analizarlo, y muchas aristas para entenderlo, un elemento sirve para resumir la tragedia financiera que envuelve al INSS, y con ello a unos dos millones de ciudadanos a los que afecta de forma directa o indirecta: el aumento de sus gastos, que a partir de 2012 fue progresivamente más alto que el de sus ingresos.
El INSS inyecta 785 millones de dólares anuales a la economía nacional: 585 millones en trece mensualidades de 45 millones cada una, más 200 millones que paga a las instituciones proveedoras de servicios de salud (IPSS, antes EMP).
2012 el último año en que las finanzas del INSS pudieron acumular un superávit, que fue de 385.7 millones de córdobas (16.4 millones de dólares al tipo de cambio promedio). A partir de ese momento, la curva se desploma, con un déficit de -192.1 millones de córdobas, hasta -4738.9 millones en 2018.
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Los números empeoran cada año, al punto que se calcula que en 2020 el déficit del INSS superará los 8772 millones de córdobas.
El texto de Mesa-Lagos muestra que estudios actuariales previos calculaban que el déficit comenzaba hasta en 2017, y las reservas se agotaban tan tarde como 2024. Ninguno de ellos suponía que, en 2013, se tomaba la decisión de comenzar a pagar pensiones reducidas a aquellos asegurados que no habían sido capaces de completar el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a una pensión básica.
Hacer funcionar al sistema
Como explica Acevedo, el problema no fue que se entregaran esas pensiones reducidas, sino que se cargaran a las reservas del Instituto, al punto que, si el primer año, eso significó una erogación superior a los 22 000 millones de córdobas, ese gasto adicional creció año con año, hasta que en 2018 se acercó a los 55 000 millones de córdobas.
“El Estado debe asumir las pensiones reducidas y las especiales”, insiste Ruiz, especialmente después de ver cómo, producto del déficit cada vez mayor, “hay 18 000 pensionados de vejez sin atención médica, y muchas maestras que iban a recibir una pensión de más de 8000 córdobas, y ahora solo pueden aspirar a recibir 5500 córdobas”, gracias a la reforma de febrero 2019.
Recordando que el sistema de Seguridad Social del país es hijo del tipo de economía del que procede, el economista Sergio Santamaría recuerda que también es necesario “definir el modelo de desarrollo del país”, mientras a la par suya, Acevedo recuerda que se necesita crear empleos de alta productividad, que permitan mantener el sistema, a pesar del aumento de los pensionados, en un contexto de reducción de la población económicamente activa.
Santamaría también aboga por “reducir los gastos del INSS para que haya fondos para pagar las pensiones”, aunque reconoce que “en el cortísimo plazo, no hay posibilidades de que disminuya la tendencia creciente de déficits del Instituto”.
Cobrar sería otra idea, y no solo el remanente de la deuda de 500 millones de dólares, que recomiendan sea pagada aceleradamente, sino también a las municipalidades y empresas que están en mora con la entidad, además de reducir su gasto administrativo, que no debería superar el 6.5% de sus ingresos, pero supera el 12%.
Comparto con todos el más reciente estudio publicado en Nicaragua sobre Seguridad Social, escrito por un sabio en la materia. Demuestra que hemos tocado fondo y debemos actuar.
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— Julio Francisco Báez Cortés (@kikobaezc) March 9, 2020
Ese alto costo se explica, no solo porque la plantilla pasó de 1208 a 4060 personas entre 2006 y 2017, sino porque el número de empleados del INSS que ganaban 20 000 córdobas a más, pasó de representar el 12% al 65% del total en ese periodo.
En comparación, solo el 8.6% de los asegurados, que son quienes mantienen a esa enorme burocracia, superaba ese ingreso mensual, explicó Mesa-Lagos.
Al finalizar el evento, Báez Cortés, presidente ejecutivo del Iniet, resumió los hallazgos del estudio diciendo que “la Seguridad Social no está herida: el sistema colapsó. Lo que queda es que nos levantemos”.