Frauke Decoodt
8 de marzo 2020
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“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8 de marzo” dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafúr celebra este día. Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de las 41 niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala el 8 de marzo de 2017.
Tres años después la tragedia, esta es considerada culpa de los menores por protestar el día anterior, o son estimados delincuentes ya que “por estar ahí, algo habrán hecho mal”. También las madres tienen la culpa porque “abandonaron a sus hijas en el Hogar”. Esta criminalización llegó a su colmo cuando a finales de 2019 las quince niñas sobrevivientes fueron denunciadas por ser las responsables de la muerte de sus compañeras. La estigmatización y criminalización no solamente determinan la búsqueda de justicia después la tragedia, pero también determinó la muerte y vida de las chicas, y de cómo llegaron al Hogar.
Una tragedia anunciada
El día antes del fuego, varios jóvenes protestaron y se escaparon del Hogar Seguro Virgen de Asunción en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la Ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro no era tan seguro como pretendía su nombre, tampoco según la ley que establece su función como casa de albergue para jóvenes en riesgo de sufrir violencia.
Cada domingo y lunes la madre de Yemmi la visitó en el Hogar. Yemmi lloraba mucho, quería irse.“Se quejaba de la comida podrida y maltratos. El último domingo que la vi, me contó que ya no quería tomar el refresco porque temían que les drogaban para tranquilizarlas, que vio como llevaron a una niña en la noche. Este día me dio una carta, y por eso luego la castigaron.” Yemmi no exageró. Entre 2012 y 2016 el procurador de Derechos Humanos registró decenas de denuncias de abusos, entre ellos maltratos, violaciones y trata sexual. Brendy, la tía de Yohanna, entiende porqué las niñas protestaron. “Lo único que estaban pidiendo eran sus derechos. No gozaban ni de toallas sanitarias. Cuando tenían sus reglas sacaban pedazos de las colchones.”
La carta que Yemmi dió a su mama el último domingo que se vieron y por lo cual fue castigada. Ocho días después murió. © Frauke Decoodt.
El 7 de marzo no fue la primera vez que los jóvenes se rebelaron contra los abusos. Excepcional fue que esta vez llegaron, por orden del entonces presidente Jimmy Morales, más de cien policías entrenados para combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad. Golpeados y rociados con gas pimienta los jóvenes capturados tuvieron que esperar durante horas en el frío a las afueras del Hogar. Por no querer mezclar “los buenos” con “los mal portados”, encerraron a los chicos en un auditorio grande y a 56 chicas en un aula de 47 metros cuadrados. Las chicas estaban apostadas ahí desde medianoche, sin acceso al baño, ni a agua potable. Lo que les dieron fueron unas colchonetas de polietileno. Después un día y una noche de desesperación, una compañera les prendió fuego. Rápidamente un mar de llamas llenó la habitación.
Durante nueve minutos la subcomisaria Lucinda Marroquín tuvo la llave, pero no abrió la puerta. Sobrevivientes dicen que les insultó y gritó que se quemen. Veintitrés niñas murieron calcinadas, 18 más en los próximos días. Quince niñas sobrevivieron, con graves lesiones físicas y emocionales. “Nueve minutos”, llora Brendy sentada en el cuarto donde duerme toda la familia. “Ni abrió la puerta cuando escuchó esos gritos aterrorizados de las niñas que se estaban quemando. Nunca lograré entender esto.”
Sobrevivientes denunciados por asesinato
Doce personas, entre ellas policías, empleados del Hogar Seguro, una jueza y altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, enfrentan juicios por los eventos del 7 y 8 marzo. Se les acusa de delitos menores, como maltrato y homicidio culposo, delitos que implican penas de tres a ocho años. El proceso penal apenas avanza. “El mayor obstáculo resulta que dividieron la investigación y enjuiciamiento en tres procesos, según la capacidad de mando y decisión de los sindicados”, explica Esteban Celada, el abogado de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que es querellante adhesiva en el caso y que defiende a tres familias. El proceso también está plagado por otros retrasos y obstáculos. Ya solamente en la última semana de enero 2020 se canceló una audiencia porque un fiscal llegó dos minutos tarde, y la otra, porque olvidaron los permisos de transporte de una sindicada.
Una mujer llega a hacer una ceremonia dentro del altar para las niñas en el Parque Central frente al palacio presidencial. ©-Frauke-Decoodt
Otra estrategia de los abogados de los acusados es culpar a las sobrevivientes y familiares de las fallecidas. Es una campaña que se refleja también a nivel político, mediático y social. Celada habla indignado. “En vez de concebir las niñas como víctimas que sufrieron una cantidad de violencia, las pintan como jóvenes mal portadas y delincuentes que fueron institucionalizadas.” También cuestionan a las familias, en específico a las madres, insinúan que no les importaron sus niñas y por lo cual terminaron bajo custodia del Estado. Celada califica esos discursos cómo muy ofensivos. “Pero lo más perverso de todo esta criminalización es denunciar penalmente a las chicas sobrevivientes como responsables.”
En septiembre 2019, un cierto abogado, Ludwig Sandoval, interpuso una denuncia en contra de las 15 niñas sobrevivientes, acusándolas de 18 delitos y asesinato, cargo que acarrea una pena de 25 a 50 años de prisión. Sandoval no tiene nada que ver con el caso pero si con el exdirector del Hogar Seguro. La denuncia se dio justo cuando los abogados querellantes buscaban que siete niñas sobrevivientes pudieran por fin dar su testimonio y que ningún sobreviviente debería repetir su historia en tres procesos penales distintos. Según Celada, esta denuncia busca no solamente estigmatizar las niñas pero también callarlas. Añade que para poder entender esta criminalización perversa, se debe contextualizar la estigmatización y la violencia continuada contra las niñas que ha determinado sus vidas, sus llegadas al Hogar, sus muertes y la búsqueda por justicia. “Este caso es un reflejo de Guatemala, un coctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar, estatal, institucional y criminal”.
Secuestrado por el Estado
Yemmi tenía 15 años cuando murió en el fuego. Vivió toda su vida en un barrio empobrecido de la ciudad de Guatemala. Su casa parece un callejón donde se han montado unos ladrillos y láminas. Aun con la cocina fuera de este reducido espacio, apenas hay lugar para el cuarto de baño y dos cuartos con piso de tierra para toda la familia. En el cuarto más grande no caben más que dos camas matrimoniales, donde Yemmi dormía con su madre, tres hermanas y un hermano. El padre murió hace años. Los dos cuartos están llenos de trofeos. A Yemmi la encantaba jugar fútbol. Afuera hay vestidos secando por todos lados. Elsa lava ropa y vende comida para ganarse la vida. Cuando terminó la escuela Yemmi y Carlota, su hermanita de cuatro años menor, ayudaban a su mama a preparar y vender tamales. “Nunca les faltó algo, siempre tuvieron qué comer, aunque era solamente frijol. Si necesitaba un cuaderno yo miraba como podía comprarlo. Siempre fui papá y mamá para todos. ”
Una foto de Yemmi al lado de sus trofeos de futbol. © Frauke Decoodt.
No solamente la extrema pobreza distinguió la vida de Yemmi. También la determinó la violencia que azota Guatemala y el barrio donde creció. Las pandillas y la violencia que generan es una realidad que no se puede negar allí. Tampoco se puede negar la violencia que generan las autoridades que estigmatizan a los jóvenes pobres de esos barrios como posibles pandilleros. Debido a la persecución a varones jóvenes, las pandillas cambian de táctica y encargan a chicas el llevarles armas y drogas. Estando al lado de una amiga que cargaba un arma, Yemmi fue detenida en un retén de policía. No le permitieron llamar a su mamá. El policía que le sacó su teléfono nunca se lo devolvió. El juez mandó a su amiga a un penitenciario juvenil, y a Yemmi al Hogar Seguro. Nunca avisaron a Elsa dónde estaba su hija.
El Estado tendrá el cuidado
Stef Arreaga es periodista guatemalteca y miembro del Colectivo 8 Tijax. Tras escuchar del incendio permaneció días en el hospital y en la morgue, desde entonces acompaña a la mayoría de las familias y sobrevivientes. “El dominador común de todas las 54 niñas que estaban en el incendio es la situación de pobreza extrema. Además, la mayoría vivía en áreas rojas, consideradas muy peligrosas. Otro factor común es que varias niñas vinieron de familias con madres solteras. Las razones por las cuales las chicas llegaron al Hogar fueron distintas, pero ninguna estaba ahí porque cometieron delitos. Unas fueron maltratadas y hasta prostituidas en casa, otras madres las pusieron ahí porque las maras querían recluir a las niñas. También hubo madres que querían que sus niñas pudieran tener una educación, comida, acceso a un médico. Algo que las madres no pudieron darles.” Otras niñas eran como Yohanna quien fue criada por su tía Brendy, porque sus padres se marcharon. “A los 15 años se puso rebelde, quería irse.” explica Brendy en su casa de madera en un municipio de Sololá. “Yohanna llamó al juzgado para llevarla al Hogar.” Stef se pregunta si los jueces que tuvieron que decidir sobre las chicas, habrían tomado la misma decisión si no vinieran de áreas marginales. También le llama la atención que tantas niñas provinieran de familias donde mujeres criaron a las niñas, y la marginalización que esto implica.
Brendy Cuy Urizar con una foto de su sobrina Yohanna. © Frauke Decoodt.
Elsa, quien no puede leer ni escribir y quien casi nunca salió de los alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues, hogares y juzgados, dentro y fuera de la Ciudad de Guatemala. Varias veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había encerrado. Al cabo de un mes la encontró en el Hogar Seguro, después de una sugerencia de un desconocido. “Su pelo tieso, su ropa y cuerpo llenos de manchas. No le dieron ni cosas para bañarse. Estaba toda golpeada por otras chicas y quemada porque la ponían en la cancha como castigo. Le prometí que iba a sacarla de ahí. En la audiencia, el juez dijo que él decide, que el cuidado lo iba a tener él. Pero, ¿qué cuidado? -llora Elsa- si me la entregó muerta.”
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”
Elsa y Brendy lo tienen claro. Fue el Estado que las quemó. “Pero los vecinos y mi familia me dicen que por mi culpa estaba ahí”, lamenta Elsa. “Hasta en el camino a la morgue mi madre y hermana me regañaron que Yemmi era mi responsabilidad.” También a Brendy la miran mal fuera de su pueblo. En las calles de la ciudad más cercana le gritaron asesina. “Ya no vamos por ahí.” Elsa ya tampoco vende sus tamales en el mismo puesto arriba del barrio por miedo a que la vayan a extorsionar. Muchas personas piensan que Elsa, Brendy y las otras familias, recibieron dinero por lo que pasó con sus hijas, les desprestigian alegando que su motivación por estar en juicios, es una indemnización.
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”, dice Elsa. Recientemente recibió amenazas de muerte de unos vecinos y hace un año y medio mataron a su hija Carolina de 13 años. Fue a una tienda al lado y nunca volvió, la decapitaron y la tiraron en un terreno baldío cercano. Elsa dice no tener idea porqué. “Quizás porque pensaron que yo recibí dinero, o quizás porqué Carolina no quería acompañar una persona como hizo su hermana. Aquí en Guatemala, la violencia la agarra contra las niñas.”
Tres años sin justicia
Tanto Elsa y Brendy desesperan en su búsqueda por justicia, como cuando el juez suspende una y otra audiencia. Llegar a estas cuesta dinero y tiempo, algo que varias familias no tienen. “No voy a todas. El día que voy es un día que no trabajo”, explica Elsa. Brendy se indigna que ya son tres años y que todavía no hay justicia. “Sabemos que estamos enfrentando a funcionarios muy altos y poderosos”. Con unos sindicados tardaron dos años para decidir si deberían enfrentar juicio, como la jueza que no cumplió con su deber de averiguar y asegurar la seguridad de los niños y adolescentes el 7 de marzo. Otros acusados tenían estrechos vínculos con el expresidente Jimmy Morales. El también enfrenta querellas en este caso, por haber ordenado la llegada de 100 policías extra. Su inmunidad siempre lo protegió de persecución en este caso. Y sigue gozando de inmunidad, ya que en enero 2020 fue nombrado como diputado en el Parlamento Centroamericano, horas después de la toma de poder por el nuevo presidente.
Brendy Cuy Urizar afuera la casa donde creció su sobrina Yohanna. © Frauke Decoodt.
Celada considera que otra razón por la cual se incrementa la obstaculización de la justicia, es porque dos de los tres procesos penales están a punto de entrar en la etapa final. En esta etapa habrá debate público y se presentarán evidencias. Quizás el 2020 podrá ver condenas en el caso de Hogar Seguro. Sin embargo, Stef Arreaga del colectivo 8 Tijax teme que podrían ser penas leves, ya que no son juzgados por delitos de tortura si no por delitos como el maltrato. Además, unas penas como la de asesinato culposo no son acumulativas; se juzga por todo el grupo, no por los 56 individuos.
Justicia fuera de los tribunales
Para Brendy y Elsa, justicia no es un memorial que el Gobierno instaló en noviembre 2019 a la entrada del Hogar, escribiendo mal los nombres y olvidando de invitar a las familias y sobrevivientes a la inauguración. Justicia para ellas es que se conozca la verdad sobre lo que pasó, que los culpables sean condenados apropiadamente, y que no vuelva a pasar lo que pasó en ningún otro albergue, y a ninguna otra niña.
La casa donde creció Yemmi. Su mama ganá dinero lavando ropa. © Frauke Decoodt.
Queda todavía mucho por hacer. “Siguen pasando esos episodios de motines en otros hogares donde los niños escapan, donde los niñas están pidiendo que les escuchen”, reflexiona el abogado Celada. “Lo malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores de ser escuchados.”
Celada enfatiza que la justicia también se debe buscar fuera de los tribunales, por ejemplo, manteniendo el altar que organizaciones de la sociedad civil e individuos montaron en la Plaza Central de Guatemala. En septiembre 2019, el Gobierno lo quitó. Aunque activistas volvieron a ponerlo, la falta de indignación de la población en general dice mucho según Celada. Revela la estigmatización y criminalización hacia las familias y sobrevivientes. “Si una sociedad es incapaz de tener empatía por un hecho tan grave como este, se normaliza la violencia. Y puede volver a pasar una tragedia como esta del Hogar Seguro.”
Texto original en el blog de la autora.
