6 de marzo 2020
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Las finanzas de la institución policial recibirán un fuerte golpe, como parte de las consecuencias de las sanciones a la Policía Nacional, impuestas este cinco de marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su papel en el “grave abuso de los derechos humanos” en Nicaragua.
Analistas políticos y expertos en seguridad explicaron a CONFIDENCIAL que, entre las consecuencias de las sanciones a la Policía, se restringirán las capacidades “financieras y operativas” de esta.
El politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, comentó que las sanciones “sientan un precedente muy importante contra instituciones de seguridad pública”. La Policía es la primera institución del Estado castigada por Estados Unidos, ya que las cinco anteriores —Albanisa, DNP-Petronic, Bancorp, la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar— eran entes autónomos, privados, o de capital mixto.
“Obliga al sistema financiero nacional e internacional a descontinuar las cuentas financieras y bancarias de la PNN (Policía Nacional de Nicaragua). Esto afecta a funcionarios que están dentro de la nómina del sistema policial”, explicó el politólogo.
Roberto Cajina, experto en temas defensa y seguridad nacional, señaló que el impacto administrativo estará referido “a las complicaciones” que tendrá la institución para pagar a todos sus efectivos, ya que actualmente lo hace mediante tarjetas de débito, que dejarán de funcionar cuando los bancos cierren las cuentas de la Policía.
“Puede preverse que se vuelva al viejo sistema de pago en efectivo, lo que inevitablemente tensionará la administración de la Policía porque creará serios problemas desde Plaza del Sol hasta la última unidad policial, pasando por los distritos en Managua y las delegaciones departamentales y municipales”, subrayó el experto.
Consecuencias de las sanciones en todos los niveles
El momento en que la Policía detiene con violencia a dos jóvenes, cerca de Café Las Flores, en Carretera a Masaya. // Foto: Carlos Herrera
Alertó que el impacto político de las sanciones “está por verse”, pero “es de esperarse que la cúpula policial desarrolle una campaña a todos los niveles al interior de la institución, para convencer, en particular a los mandos medios, de que los responsables de esa sanción no son ellos, sino la oposición al régimen y los mismos Estados Unidos”. Esto para evitar que se desarrolle “un estado de malestar que, de generalizarse, podría llevar a una severa crisis interna que pondría en riesgo la existencia misma de la institución”.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y miembro de la Coalición Nacional , mencionó a un medio nacional que un policía local, un de tránsito y un municipal, “ahora forman parte de una organización criminal, considerada así a nivel internacional”.
Policías reprimen a ciudadanos que se manifestaban en Metrocentro, Managua. En la foto, un oficial acaba de dar un puñetazo a Juan Sebastián Chamorro (de camiseta blanca), quien intentaba auxiliar a la madre de un preso político. // Foto: Carlos Herrera.
“Al ser sindicada internacionalmente como una organización violadora de derechos humanos se les cierran las cuentas bancarias, por lo que se verá obligada a pagar los salarios en efectivo. El fondo de pensiones queda congelado, porque ya no es posible su administración financiera, no podrán invertir en proyectos de viviendas”, dijo Chamorro.
Sin embargo, a pesar de lo declarado por Chamorro, las sanciones a la Policía Nacional no hacen referencia al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDH), que es una entidad autónoma que brinda servicios a distintos sectores, incluyendo los bomberos.
Chamorro añadió que “el hospital de la Policía tenga que ser nacionalizado, trasladado al sistema de salud, administrado por el Ministerio de Salud”.
Tienen hasta mayo
A la par de las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, emitió en una licencia en la que autoriza a las entidades estadounidenses a una “reducción paulatina de las transacciones relacionadas” con la Policía Nacional, lo que “incluye la gestión de pagos de salarios a sus empleados, hasta el 6 de mayo de 2020”.
Este plazo obligará a la Policía a cerrar sus cuentas en los bancos nacionales, que tienen relaciones corresponsales con bancos americanos; que en el caso de Nicaragua son todas la entidades bancarias y financieras.
“Los bancos tienen sus propios mecanismos y reglamentos, ellos pueden enviar cartas a principios de mayo o mañana, y dar otros plazos”, resaltó una fuente, que solicitó el anonimato.
Patrullas policiales con antimotines vigilan las entradas de las universidades UNI y UCA, en Managua. // Foto: Carlos Herrera.
Un analista en temas de seguridad, que pidió reservar su nombre, explicó que las cuentas bancarias de la Policía podrían manejarse directamente desde el Ministerio de Hacienda, o crear “otras figuras institucionales para mantener dichas cuentas”.
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El plazo de 60 días significa que las sanciones no deberían producir una suspensión automática de los pagos de nómina, en el caso de la Policía. Sin embargo, en el caso de las sanciones a los comisionados generales Olivas y Urbina y el comisionado mayor Valle Valle las sanciones y sus consecuencias sí son inmediatas.
Policía Nacional fuera del entorno internacional
El investigador Manuel Orozco destacó que el cierre de las cuentas “es un golpe moral, político y financiero contra una institución desprestigiada internacionalmente y a la cual el sistema financiero sacara del entorno internacional”.
“Ni los funcionarios ni la institución como tal podrán hacer ningún tipo de transacciones. Entiéndase compra de suministros, comida, botas, uniformes para sus oficiales, comida, etcétera”, explicó la socióloga e investigadora Elvira Cuadra.
Según la investigadora, las sanciones afectarán también los préstamos que instituciones internacionales puedan otorgarle, como es el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que lanzó —a mediados de 2019— una serie de licitaciones para mejorar las capacidades de operación de la Policía, un proyecto aún en desarrollo.
El analista en temas de seguridad, Roberto Cajina, indicó además que la Policía tendrá “serias complicaciones” para acceder a fondos de cooperación de organismos multilaterales para temas de desarrollo, capacitación, equipamiento y construcción de edificios.
Jóvenes se manifiestan en el parqueo del centro comercial Metrocentro, asediados por la Policía del régimen. // Foto: Carlos Herrera.
La exguerrillera sandinista, Dora María Téllez, señaló que la institución policial sufrirá una “deslegitimación” en la región centroamericana. Las Policías del Triángulo del Norte —Honduras, El Salvador y Guatemala—, que reciben fondos para enfrentar a las maras, “se verán forzadas a aislar a la Policía orteguista”, afirmó la fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Elvira Cuadra advirtió que la sanción puede ser una “espada de doble filo”, porque aparte de castigar la labor represiva de la Policía, también afecta fondos destinados para combatir la delincuencia común. “Es un punto de consideración serio de Estados Unidos. Aunque sea un riesgo la delincuencia común, consideran que la violencia política es un tema primordial a castigar”, dijo Cuadra.
Agentes de la Policía Nacional apostados frente a la iglesia San Antonio, en Jinotepe, Carazo, en julio de 2019. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
“Los organismos internacionales y Gobiernos extranjeros que tienen acuerdos de financiamiento con la Policía Orteguista. La compra de armamento, vehículos, motocicletas, escudos, uniformes y demás equipos para la operatividad solo podrán ser en efectivo, aunque en esto tendrían otra dificultad, porque la empresa o país que le provea a la Policía de Nicaragua, será vinculada con violaciones a los derechos humanos”, manifestó Chamorro al medio local.
En un artículo de opinión, el activista político Félix Maradiaga, director del clausurado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), subrayó que “si bien esas sanciones institucionales a la Policía orteguista es algo que se veía venir, es fundamental resaltar que son demoledoras. En primer lugar, son sanciones fuertísimas en materia financiera ya que convierte a la institución policial en una organización altamente tóxica para todo el sistema financiero nicaragüense e internacional”.
“En términos prácticos, se coloca a la Policía orteguista en el mismo nivel de otras organizaciones del crimen organizado que están vetadas de realizar cualquier transacción con entidades bancarias que tengan relaciones con el sistema financiero estadounidense”, agregó.
Sanciones a la Policía son advertencia a otras instituciones
Téllez remarcó que la sanción es un “precedente sumamente serio” para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dado que Estados Unidos “ya comenzó a tocar sus brazos institucionales de poder”.
En más de dos años, Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios del régimen —ya se incluye a los tres recientes: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Alberto Valle—, y seis instituciones, incluida la Policía.
“El mensaje de la sanción de Estados Unidos a la Policía como entidad es muy claro: Ninguna institución del Estado de Nicaragua, incluyendo el Ejército, está fuera de la mira de las sanciones de Washington”, dijo Cajina.
Sin embargo, aclaró que “asegurar que la sanción a la Policía es un mensaje directo o indirecto al Ejército sería caer en el reino de la especulación. Lo más probable es que las autoridades militares estén analizando y evaluando el giro de los acontecimientos con la sanción a la Policía como institución”.
Para otro experto, que pidió el anonimato, la sanción “debería de poner alerta al Ejército Nacional”, ya que ellos tienen “importantes fondos como institución en Estados Unidos”. El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua, tiene millonarias inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York.
*Con colaboración de Wilfredo Miranda y Maynor Salazar.
