5 de marzo 2020
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El departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, así como a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
Con estas sanciones a la Policía Nacional, los tres comisionados se suman a la lista de altos oficiales sancionados por Estados Unidos: el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, y el primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Institución.
El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, escribió en Twitter que “las sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua y tres comisionados apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de (Daniel) Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua”.
Añade que “continuaremos promoviendo la responsabilidad del régimen por los abusos de los Derechos humanos”.
Today’s sanctions on the Nicaraguan National Police and three commissioners take aim at one of the main tools the Ortega regime uses to violently repress the people of #Nicaragua. We will continue to promote accountability of the regime for #HumanRights abuses.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 5, 2020
Sanciones por represión
Las sanciones a la Policía Nacional han sido impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Gobierno de Estados Unidos acusa a la Policía de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
También señala a la institución de ser “una herramienta” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
La represión del régimen dejó entre abril y septiembre de 2018 un total de 325 asesinados confirmados y más de 2000, según datos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, otros 100 000 nicaragüenses han tenido que salir del país para protegerse de la percusión política y la represión.
“(La Policía) es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, según el Departamento del Tesoro.
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¿Quiénes son los tres altos mandos sancionados?
Las sanciones individuales implican que quedan bloqueados todos los bienes de los afectados en Estados Unidos y tampoco pueden hacer negocios con ciudadanos estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con los sancionados también podrían alcanzados por estas. A la par, se les revocará la visa.
Juan Alberto Valle Valle
Según el Departamento del Tesoro, el comisionado mayor Juan Valle Valle fue sancionado por “ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional de Nicaragua, una entidad que en forma directa o a través de sus integrantes ha cometido graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.
Juan Alberto Valle Valle, jefe de Tránsito de la Policía Nacional. // Foto: Tomada de medios oficialistas
Valle es el responsable del asedio a los opositores en Managua. Como jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua, dirige personalmente los operativos policiales para asediar, intimidar e impedir cualquier intento de protesta cívica en la capital.
Luis Alberto Pérez Olivas
El comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas fue sancionado por su actuación al frente de la cárcel El Chipote, que —según Estados Unidos— es “una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018”.
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Luis Alberto Pérez Olivas, jede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). // Foto: Tomada de medios oficialistas
Agrega que existen “denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero”.
Justo Pastor Urbina
El Departamento de Tesoro también detalla que durante y después de las protestas cívicas de 2018, el comisionado general Justo Pastor Urbina ha sido señalado —por organizaciones nacionales de derechos humanos— de ser “corresponsable de la masacre” contra los manifestantes.
Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP). // Foto: Tomada de medios oficialistas
Además, lo señala de seguir “desempeñando un papel central en la represión en todo el país”, como jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
Emiten alerta a estadounidenses
La embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una alerta en la que indica que, por las próximas 72 horas, “el personal de la embajada de EE. UU. y los visitantes temporales requieren un permiso especial para viajar fuera de sus residencias y hoteles”. Esto como precaución ante el anuncio de sanciones contra la Policía nicaragüense.
Mensaje de seguridad para ciudadanos estadounidenses: https://t.co/y6GtcNhYVc
— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) March 5, 2020
“El personal de la embajada no tiene permitido viajar fuera de Managua durante este período. La embajada recuerda a los ciudadanos estadounidenses que las manifestaciones pueden ocurrir en Managua o en cualquier otro lugar de Nicaragua con poca o ninguna notificación”, indicó la oficina diplomática estadounidense.
¿Cuántos son los sancionados por Estados Unidos?
Desde que el 21 de diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, por corrupción, otra decena de funcionarios orteguistas y al menos seis entidades han pasado a engrosar una lista que sigue creciendo.
Roberto Rivas: El cómplice cuentavotos
El presidente del Consejo Supremo Electoral fue sancionado por fraude y corrupción. Ortega lo dejó sin funciones en febrero de 2018 y, en mayo, Rivas presentó su renuncia, después de 23 años como magistrado del CSE, y una carrera marcada por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito y los fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista.
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Francisco Díaz: El consuegro obediente
El cinco de julio de 2018, la lista de sancionados se amplió con otros tres incondicionales del régimen, comenzando con Francisco "Paco" Díaz, entonces jefe de facto de la Policía Nacional, por considerar que “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Ortega lo premió, confirmándolo como máximo jefe policial en agosto de 2018.
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Francisco “Chico” López: El tesorero
El vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y de Eniminas, tesorero del FSLN, y representante en Disnorte y Dissur, fue sancionado “por corrupción”. Cinco días después, fue obligado a renunciar en las dos empresas estatales, y en julio dejó las distribuidoras de electricidad. A finales del mismo mes, Ortega lo nombró ministro asesor para la producción y el comercio.
Fidel Moreno: El hombre de confianza
El secretario de la Alcaldía de Managua fue sancionado junto a Díaz y López. Señalado como responsable de dirigir “actos de violencia” en contra de los manifestantes. En agosto de ese mismo año tuvo que renunciar a la presidencia del equipo de fútbol Real Estelí, y en septiembre, debió traspasar su responsabilidad administrativa a la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.
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Rosario Murillo: La heredera
El 27 de noviembre de 2018, las sanciones alcanzaron a la vicepresidenta y primera dama de Daniel Ortega, Rosario Murillo, por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos señaló a Murillo del “acceso e influencia” sobre la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, como órganos de represión en la masacre.
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Néstor Moncada Lau: El leal encubridor
Junto con Murillo, Estados Unidos incluyó en las listas de la OFAC a Néstor Moncada Lau, cercano colaborador de la pareja presidencial, asegurando que “ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo” y agregó: “En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual con un menor”.
Albanisa: "la caja grande"
El 29 de enero de 2019, se sancionó a Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A., (Pdvsa), prohibiendo realizar cualquier transacción con ella. Albanisa fue fundada en 2007 para controlar el petróleo de la cooperación venezolana, que ha dejado jugosas ganancias a personeros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Laureano Ortega y el Bancorp
El castigo financiero y reputacional recayó, el 17 de abril de 2019, sobre Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y el Banco Corporativo (BanCorp) “por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen”. Si bien Laureano sigue dedicado a sus actividades, el BanCorp decidió su cierre “voluntario” cinco días después.
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Gustavo Porras: el operador político
El 21 de junio de 2019, llegó el momento de sancionar al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, denominado “el operador político más importante del presidente Ortega”. Cuatro días después, le fue retirada la capacidad de administrar al primer poder del Estado. Su discurso, en el que aseguraba sentirse orgulloso por esas sanciones, inundó de memes las redes.
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Sonia Castro: la ministra de la represión
La ministra de Salud, Sonia Castro, cayó en desagracia luego de ser señalada por haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas. Fue destituida el 26 de julio de 2019, y nombrada asesora de la presidencia en temas de salud.
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Óscar Mojica: el ministro militar
La sanción el 21 de junio de 2019, al general en retiro Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, obligó en agosto pasado, a traspasar las funciones administrativas a la ahora secretaria general de esa institución, Rosa Argentina Guadamuz Castillo.
Orlando Castillo: el censurador de la pareja
El director del Telcor fue sancionado en la misma fecha que Porras, Castro y Mojica, por usar su autoridad para censurar a los medios de comunicación.
Lumberto Campbell: sanción al relevo del CSE
Este siete de noviembre, Lumberto Campbell se convirtió en el segundo presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) en ser sancionado en menos de dos años. En su caso, “por ser responsable de manipular las elecciones a favor de Daniel Ortega”.
Ramón Avellán: el rostro de la represión
El comisionado general y subdirector de la Policía Nacional se unió a la lista de sancionados que incluye a su jefe, el primer comisionado Francisco Díaz. No se espera que le afecte en su actividad diaria, por cuanto su función es más bien operativa, pero ha sido una de las sanciones más celebradas en redes sociales, en castigo por encabezar la sangrienta Operación Limpieza.
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Roberto López: el hombre del dinero
El presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social recibió la sanción por usar los recursos de la entidad “para premiar a los leales a Ortega y defraudar a los nicaragüenses”, lo que augura que pronto tendrá que ceder sus poderes de administración.
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Rafael Ortega Murillo: el primogénito de la familia
Las sanciones a Rafael Ortega Murillo, primogénito de la pareja presidencial, en diciembre de 2019, fueron “un duro golpe al poder económico” del régimen, siendo Ortega Murillo uno de quienes administró de manera discrecional la cooperación venezolana para patrocinar a la familia gobernante desde el 2007, con el retorno del FSLN a la presidencia. Fue el tercer miembro de la familia dictatorial sancionado por Estados Unidos.
DNP Petronic, El Goliat e Inversiones Zanzíbar
Junto con las sanciones a Rafael Ortega Murillo, el Departamento del Tesoro sancionó a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, señalándolas de “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”. Estados Unidos responsabilizó al primogénito de los gobernantes de utilizar DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
