2 de marzo 2020
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“Los disturbios sociales de abril del 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica”. Con esta aseveración, inicia el Fondo Monetario Internacional (FMI) su declaración al término de la misión de noviembre de 2019 sobre la Consulta del Artículo IV y lo reiteran en la declaración sobre la situación económica del país, aparecida en La Prensa el 26 de febrero recién pasado.
Para analizar el informe, recurro al análisis de Irene Agudelo, que tituló “Contramemorias”, y fue publicado por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centro América (INHCA) de la UCA en 2017, en el cual nos recuerda cómo se fue construyendo al enemigo contrarrevolucionario en el discurso oficial de la Nicaragua de los ochenta. Como dice Irene, “dar un nombre a un grupo social lleva a la diferenciación entre un nosotros y ellos, al reconocimiento y la diferencia. Mientras el enemigo está construido a partir de vilezas (crueldad, venganza, traición, etc.) el nosotros está edificado sobre virtudes (valentía, honestidad, generosidad, perdón)” (Agudelo, 2017 pg. 44).
En este caso, llamar disturbios sociales a lo que José Luis Rocha llama “el movimiento de rebelión que inició en abril de 2018” que luego devino en movimiento social o lo que FUNIDES denomina “la crisis política y socio económica más profunda de los últimos 30 años” y a lo que millones de nicaragüenses denominamos “la difícil situación que estamos viviendo”, es para decir lo menos, minimizar la profundidad de la crisis en que vivimos los y las nicaragüenses.
Un disturbio social es un acontecimiento rápido, que puede ser rápidamente sofocado. Ese es el sueño de los dictadores. Pero está bastante lejos de la realidad. La formación de la Coalición Nacional muestra que los “disturbios” ya están tomando la forma de un movimiento social. Otra evidencia, son las múltiples muestras de resistencia que vemos todos los días en las calles, y que, pese a la brutal represión, no han podido ser sofocadas. Basta recordar el asedio a los periodistas en Metrocentro el 25 de febrero. El público no dejó de acompañar a los periodistas todo el tiempo, pese al desproporcionado despliegue de fuerzas policiales y la violenta agresión que sufrieron.
Según el Fondo, son los “disturbios sociales y sus consecuencias” los que han causado una abrupta contracción económica, es decir, la culpa de la caída de la actividad económica recae en los disturbios y en ninguna parte se menciona la violenta respuesta del gobierno a estos disturbios. En síntesis, el Fondo repite el discurso del gobierno: son los golpistas los que rompieron la maravillosa fantasía color fucsia que vivíamos antes de 2018.
Pero sigamos analizando el informe del Fondo. Dice textualmente: “El PIB real disminuyó 3.8 por ciento en 2018 a causa de las disrupciones en la oferta generadas por los bloqueos de carreteras y afectaciones a la infraestructura, mientras un brusco debilitamiento de la confianza de los consumidores e inversionistas dio como resultado una salida de depósitos bancarios y una disminución de la inversión privada”.
En ningún momento se menciona que esas “disrupciones” fueron la respuesta ciudadana frente a la desmedida brutalidad con la que policías y paramilitares reprimieron a pequeños grupos de estudiantes y jubilados que protestaban contra las reformas a la ley de seguro social el 18 de abril de 2018 y cómo la protesta cívica se multiplicó rápidamente hasta convertirse en una protesta de alcance nacional que fue reprimida a sangre y fuego e hizo que solamente en el año 2018 se registraran por la CIDH más de 300 muertos, se encarcelara a más de 700 personas y casi 100,000 tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas.
El informe señala el brusco debilitamiento de la confianza de consumidores e inversionistas, pero no menciona por ninguna parte que esa desconfianza es el resultado de las negativas del gobierno a negociar en serio una salida a la crisis, al sistemático incumplimiento de acuerdos, al recrudecimiento de la violencia, los asesinatos, la militarización de las calles, la toma de fincas, los intentos por violar la información privada de los cuenta habientes y las amenazas a empresarios y a cualquiera a quien se le ocurra contradecir la paz de los sepulcros que nos han querido imponer en estos largos 22 meses de crisis.
Siguiendo con el informe del Fondo: “en 2019, se proyecta que la economía se contraiga en 5.7 por ciento. Dicha contracción se debe al deterioro de la confianza y a las sanciones internacionales, las cuales agravaron las restricciones de financiamiento y redujeron la inversión, el empleo, y los indicadores sociales”. Nuevamente para el Fondo los culpables son los otros. No menciona que en todos los países son los gobiernos los encargados de mantener y propiciar la confianza. Y aquí ya señalamos algunos de los hechos que fueron haciendo perder la confianza.
Pero también mencionan las sanciones internacionales. ¿Será que el hecho de que la vicepresidenta y los otros sancionados no pueden usar sus tarjetas de crédito o viajar a Estados Unidos y Europa restringe la inversión, el empleo y los indicadores sociales? Lo que restringe la inversión, el financiamiento y los indicadores sociales es, entre otros muchos elementos, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la falta de información económica veraz, la incapacidad del gobierno para negociar con los sectores descontentos de la población, la falta de seguridad que vive la ciudadanía, las amenazas al derecho de propiedad, de inversión, de justicia y un largo etcétera.
Para que todavía no dejemos de asombrarnos, viene lo mejor del informe mencionado: las recomendaciones, las que inician con la siguiente frase: “El principal desafío para el 2020 y en adelante, es mantener el curso para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”.
Me pregunto si por mantener el curso, se refieren en este informe a continuar la estabilidad macroeconómica a costa de continuar exprimiendo el jugo de los nicaragüenses cobrándonos más impuestos sin ninguna legalidad, basta recordar el IBI que nos acaban de aumentar con incrementos que alcanzan un 300 y hasta 400 por ciento. Pero no fue solo el IBI, la reforma fiscal de febrero de 2019 gravó productos de la canasta básica que no estaban gravados, con ello la reducción del poder de compra y los cambios en la forma de recaudación del IR aumentó la presión fiscal sobre las empresas. Además del aumento en las tasas del INSS que lo que ha hecho es aumentar la informalidad del empleo.
O bien por mantener el curso se refiere a continuar conteniendo el gasto público por la vía de reducir el presupuesto de educación, como se hizo con la ley ley No. 1007, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de noviembre de 2019, mediante la cual el presupuesto del MINED se redujo en 761.4 millones de córdobas, el equivalente a un 5% del presupuesto aprobado para 2020. Lo que explica que las capacitaciones a los docentes se redujeron a medio día para no tener que dar el modesto almuerzo que se daba antes. Y también explica que las aulas sigan en completo deterioro pues el presupuesto de inversiones fue el más afectado.
O será que por mantener el curso se refiere a continuar la represión para lo cual la Policía Nacional mediante la ley ya mencionada, recibió un aumento de 79 millones, con lo cual su presupuesto anual será incrementado en un 9%. E igualmente recibió su aumento el Ministerio de Gobernación, para construcción de nuevas cárceles. Estos aumentos son los que han permitido que la fuerza policial se haya incrementado y sumen hoy más de 17,000 efectivos, cuando hace pocos años no pasaban de 12,000.
O será que mantener el curso significa dar un aval al régimen de que todo está bien, y que siga adelante con sus mismas políticas. Resulta difícil que no hayan tomado nota quienes redactaron el informe del FMI de las innumerables violaciones a los derechos humanos que la CIDH y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos se han tomado el trabajo de documentar.
Continuando con las recomendaciones del FMI: “Las políticas para recuperar la confianza del sector privado, incluyendo una evaluación franca del impacto de las recientes medidas, son esenciales para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza. En el corto plazo, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos y eficiencia del marco legal para resolución de disputas, la protección de los derechos de propiedad, la protección al inversionista, registro de propiedad, y para resolver insolvencias podría mejorar significativamente la competitividad del país”.
No menciona el informe cual sería la evaluación franca del impacto de las recientes medidas. ¿A qué medidas se estará refiriendo? Y luego, ¿quién haría esa evaluación franca, que es planteada como esencial “para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza”? ¿Será que una evaluación franca tendrá la capacidad de compensar el incremento de la pobreza? Francamente, no tiene pies ni cabeza, es como creer que mis planes se van a cumplir solamente porque así lo deseo.
Las otras recomendaciones señaladas en el informe para el corto plazo podrían sonar muy bien para un país normal, en situación normal, pero no para un país en crisis, en el que el poder judicial ha demostrado cada vez más claramente de qué lado se inclina su balanza. No sabemos si ese poder judicial va a ser de ayuda en la resolución de disputas.
Por eso es que las palabras son importantes y si a la situación de profunda crisis que vive nuestro país la llaman eufemísticamente “los disturbios de abril de 2018” es fácil asumir que ya fueron sofocados sin tomar en cuenta que para recuperar la confianza son necesarias muchos otros elementos, como poder hacer uso de la libertad de expresión y de movilización, que no haya presos políticos, que no se encarcele y torture por portar una bandera azul y blanco, que se devuelvan los medios de comunicación injustamente confiscados, que puedan regresar de forma segura los miles de exiliados, que se deje de asediar las casas de activistas de derechos humanos y ex presos políticos. Que podamos elegir libremente a nuestras autoridades, con un tribunal electoral independiente del partido en el poder, con un poder judicial que imparta justicia para todos y todos, en definitiva, que podamos contar con instituciones que permitan asegurar la transparencia y justicia en la gestión pública. Para decirlo más claramente, que no vivamos en un estado policial, sino en un país en donde se respeten nuestros derechos y donde la ley nos cobije a todos y todas, lo que requiere la realización de elecciones justas, transparentes y observadas con nuevos árbitros y leyes, la devolución de los medios de comunicación confiscados, la liberación de los presos políticos y el fin del estado de sitio en el que vivimos.
