27 de febrero 2020
AA
Share
El anuncio de un megaproyecto de energía en Nicaragua, que presume la construcción de una planta que genere 300 megavatios de electricidad a partir de gas natural licuado, hecho a mediados de este mes por el Gobierno de Daniel Ortega, sirve de poco para convencer a la inversión extranjera de que es tiempo de volver a Nicaragua, según un análisis de la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist (EIU, por sus siglas en inglés),
Más allá de que haya quien 'compre' el discurso del régimen, desesperado por conseguir capital fresco que le ayude a 'oxigenar' sus finanzas, el proyecto en sí podría conllevar altos réditos políticos para el Gobierno de Daniel Ortega.
El 17 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, firmó un contrato con la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE), para un megaproyecto de energía, que consistiría en construir en Puerto Sandino una planta de 700 millones de dólares, e inaugurarla en el segundo semestre del próximo año, en plena campaña electoral.
Citando a NFE, la publicación señala que “la nueva planta estará en funcionamiento a finales de 2021”, y opina que tal vez no sea casual que ese lapso de tiempo coincida con “el momento de las elecciones generales de noviembre de 2021”, previstas para esa fecha según la Constitución Política.
Una fuente que trabaja con NFE dijo a CONFIDENCIAL que la empresa no sabe de dónde salió ese número, y que en este momento, tampoco se sabe en qué terreno van a construir. La fuente de hecho admitió que esto es un acuerdo, y que por ahora no hay proyecto alguno.
El ingeniero Fernando Bárcenas, consultor en temas de energía, dijo a CONFIDENCIAL que el precio aparentemente negociado (110 dólares por megavatio hora), es muy alto cuando se genera con gas.
También advirtió contra el descalabro que significará para todo el sistema interconectado nacional, que más del 50% de la energía que se consume anualmente, sea servida por una sola central.
¿Megaproyecto de energía es un guiño a Trump?
“Si la planta entra en funcionamiento según lo prometido, aumentará la capacidad de generación efectiva de Nicaragua (actualmente alrededor de 1200 MW) en un cuarto en un solo golpe, sin un aumento correspondiente de la demanda. Si esto ocurre, la planta podría desplazar la mayor parte de la generación térmica existente del país”, detalla la publicación.
Aparte de las objeciones técnicas, EIU destaca que “los beneficios políticos potenciales del plan son considerables”, porque, de ocurrir, “la inversión de NFE pondría al Gobierno de Ortega en sintonía con la política del Gobierno de los Estados Unidos, de promover las exportaciones de gas de esquisto”.
De paso “podría servir como seguro contra la imposición de nuevas sanciones financieras al sector energético de Nicaragua por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.
Adicionalmente, permitiría una ‘lavada de cara’ al régimen, toda vez que el país podría argumentar que aún tiene capacidad para “atraer inversiones extranjeras a gran escala a pesar de una crisis económica y política en curso”.
“Por último, después de una serie de megaproyectos fallidos en los últimos doce años, incluyendo un canal interoceánico, poner en línea una planta de generación de electricidad a finales de 2021 ayudaría a la estrategia de reelección de Ortega”, dice EIU.
El informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, muestra escepticismo sobre la posibilidad de que NFE represente un cambio en el interés de los inversionistas en Nicaragua, por “el entorno extremadamente pobre para hacer negocios, así como el alto costo de financiamiento, debido a la alta prima de riesgo de Nicaragua”.
Estos elementos continuarán “frenando el potencial de crecimiento del país. Aunque haremos revisiones moderadas al alza de nuestras previsiones de inversión extranjera directa, es poco probable que cambiemos nuestras perspectivas de crecimiento económico en 2020-24 de alguna manera significativa”, asevera.
