19 de febrero 2020
AA
Share
El anuncio gubernamental de construir una planta para producir 300 megavatios de electricidad generados con gas natural licuado, a instalarse en Puerto Sandino a un costo de 700 millones de dólares, despierta suspicacias entre expertos del sector, que se preguntan quién financiará una obra de ese calado, dadas las sanciones internacionales que amenazan contagiar el proceso.
Salvador Mansell, titular del Ministerio de Energía y Minas, anunció que las empresas Disnorte y Dissur firmaron un contrato de venta de potencia firme y energía asociada (conocido en la industria como Power Purchase Agreement, o PPA) de 25 años de duración, con la estadounidense New Fortress Energy LLC (NFE).
Ambas empresas distribuidoras son, en el papel, propiedad del consorcio TSK – Melfosur Internacional (TMI), conformado en 2013 por dos medianas empresas del sector de electricidad, a las que no se les conocía músculo financiero ni experiencia para administrar una entidad como la que estaban comprando.
Hasta ahora, solo se sabe que uno de los dos accionistas principales dejó el país y rompió sus lazos con la distribuidora, sin que se sepa quién es el presidente, o el dueño de la empresa que controla ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa).
“No sé de dónde salió esa cifra” (los 700 millones de dólares), siendo que “la compañía no ha especificado el monto”, dijo a CONFIDENCIAL una fuente cercana a NFE, que pidió mantenerse en el anonimato, pues “no estoy autorizado a hablar en nombre de ellos”.
“Como proyecto, tecnológicamente es viable… ingenierilmente hablando es posible”, aseguró el abogado César Aróstegui, experto en legislación energética, cuya duda principal es si alguien estará interesado en invertir su capital en una plaza de tan alto riesgo como Nicaragua.
Otra promesa de megaproyecto
La oferta de la planta eléctrica a base de gas, llega después que Ortega ha incumplido al menos cinco promesas de megaproyectos, comenzando por el más caro de todos: el canal interoceánico, cuyo monto inicial estaba calculado en 40 000 millones de dólares, y después de un tiempo escaló a 50 000 millones.
El segundo es el de la refinería ‘El Supremo Sueño de Bolívar’, en la que estaba supuesto a invertirse un capital de 6620 millones de dólares. Otros son la central hidroeléctrica Tumarín cuyo costo pasó de los 800 millones iniciales a los 1100 en que estaba cuando finalmente se detuvo en 2016.
El cuarto, (por el monto en que estaba valorado), es el puerto de aguas profundas a construirse en Monkey Point (Caribe sur), valorado en 500 millones, que era a su vez, uno de tres puertos de aguas profundas que supuestamente construiría Albanisa, o los 346 millones para el satélite chino, anunciado en 2012 (con un costo inicial de 300 millones), para lanzarse en 2016.
Precio podría incidir en la tarifa
El ingeniero Fernando Bárcenas, consultor en temas de energía eléctrica, destaca el “altísimo riesgo” que asumirían los inversionistas, en especial después que la calificadora Moody's Investors Service, degradara la posición de Nicaragua, al pasarla de B2 con perspectiva estable, a B3 con perspectiva negativa.
La recesión en que vive Nicaragua desde que el producto interno bruto dejó de crecer en el segundo trimestre de 2018 -y que va camino de convertirse en una depresión económica este mismo año- hace dudar de la viabilidad de proyectos de esta envergadura, que generalmente tienen más sentido en economías estables y en crecimiento.
Aunque es muy pronto –y se sabe muy poco sobre los términos del contrato- para hacer algún cálculo acerca del impacto de la materialización de este acuerdo en la tarifa de electricidad del país, una fuente vinculada al sector energético dijo saber que el acuerdo incluye comprar el megavatio hora (MwH) en 110 dólares, versión que, de comprobarse, superaría los estándares de la industria.
Bárcenas dijo que en las condiciones actuales del mercado internacional de combustibles fósiles, el MwH generado con búnker se vende en 80 dólares; mientras que el de gas –cuya materia prima es más barata y estable- giraría alrededor de los 65 dólares, y el carbón a 45 dólares el Mwh.
Wes Edens, cofundador y codirector de New Fortress Energy, declaró en el acto de firma del contrato que “nuestra meta es traer energía limpia y más económica a los países que lo necesitan alrededor del mundo. El proyecto… nos va a permitir construir una planta para traer gas al país y también distribuir energía para otras compañías”, según reporta El 19 Digital.
Por su parte, Mansell dijo que la firma del contrato permitirá “darle estabilidad al sistema interconectado nacional, al incorporar la planta que construirá New Fortress de 300 megavatios a base de gas natural, siendo la primera en su tipo a instalarse en Nicaragua, y la más grande en la historia de nuestro país”, añadió el mismo medio.
Aún no hay proyecto
La fuente cercana a la empresa, que fue citada antes, dijo que, aunque desconoce cuál es el precio del proyecto en sí, sabe que no hay preocupación por la posibilidad de que un banco les cobre altos intereses, porque “esta es una compañía que cotiza en bolsa; que posee 3000 millones de dólares y el respaldo de varios capitales”.
Adicionalmente, recordó que New Fortress Energy “hizo el due diligence” (la debida inteligencia, o trabajo de investigación para saber quién es quién en su contraparte), “para saber primero con quién se reúnen”, lo que les da la certeza de saber que “no tenemos contratos ni negocios con ningún ente sancionado”.
Con respecto al tema de los seguros, recordó que el proyecto está en una fase muy inicial, y que en realidad “no hay proyecto. Lo que hay es un acuerdo, que es el paso clave para iniciar el proyecto, pero no se está construyendo nada aún”.
“NFE tiene que pasar por permisos, estudios, trámites, y cuando los tengan, se necesitará un año para construir la planta. No hay proyecto en sí hasta que se tengan todos los permisos, pero no estoy en posición de darte una buena aproximación de la fecha de inauguración”, dijo aceptando que es técnicamente posible que sea en el segundo semestre de 2021.
Es por eso que aún no saben a qué precio van a vender el megavatio; cuánto recibirán por la potencia instalada; cuál es el monto de la inversión; quién es el dueño del terreno en donde construirían; o si van a contratar o subcontratar a empresas constructoras nacionales, lo que le parece perfectamente posible, haciendo la salvedad que “NFE sí desarrolla la infraestructura”.
La fuente eludió referirse a la posibilidad de que NFE le venda el contrato a un tercero, lo que no es imposible, (a menos que esté expresamente prohibido en el acuerdo, o por medio de una ley), aunque sí hizo hincapié en que no conoce que la empresa haya hecho algo similar a eso.
NFE es una empresa de reciente fundación (2014), que cotiza en bolsa y es, de hecho, uno de los valores que integran el indicador Nasdaq. Maneja una veintena de operaciones de infraestructura y logística de gas natural (venta y transporte del gas, pero también generación de electricidad con esa fuente) en Estados Unidos, Angola, Puerto Rico, México y Jamaica.
Los planes para Nicaragua incluyen una operación de regasificación, y la construcción y operación por un cuarto de siglo, de la central eléctrica de gas en sí, además de facilidades para descargar el gas en un punto a cinco kilómetros de la costa, y un gasoducto de esa misma extensión para trasegar el producto.
Cuidado con las sanciones
La aplicación de sanciones a empresas, familiares y funcionarios del entorno de Daniel Ortega y su Gobierno, eleva el riesgo país y el de contagio, lo que generalmente aumenta las tasas a lo largo de todo el proceso: desde el costo del financiamiento, hasta las primas de los seguros a contratar.
Aróstegui opina que “el inversionista estadounidense tendría que estar muy claro de lo que está haciendo y tener mucha comunicación con su propio gobierno. Ahora, con la reclasificación que acaba de hacer Moody´s, tendría que ser muy aventurado plantearse una inversión de esa envergadura en Nicaragua”.
El abogado también se pregunta si existirán las condiciones necesarias para que esa inversión pueda ser asegurada, porque “todas las de esa naturaleza buscan pólizas de seguro que la garanticen. ¿Qué compañía de seguro asumirá ese riesgo, con el nivel de cuestionamiento internacional que tiene Nicaragua? ¿Cómo lo van a sortear, o a paliar?”.
“¿Quién asumiría una póliza de lo que se denomina riesgos políticos?”, cuestionó, en referencia a imponderables como la convertibilidad de la moneda, o la nacionalización.
“Generalmente, las aseguradoras son de origen estatal, como el Eximbank de Estados Unidos, que sería la aseguradora natural para una inversión de origen estadounidense… y si no es él, ¿quién va a ser?”, insistió.
Bárcenas coincide con él, al expresar que no cree que la banca estadounidense financie ese proyecto, por considerar que es susceptible a las sanciones de Washington.
“No sé si después van a buscar un Wang Jing que entre a especular”, advirtió recordando que “hay especuladores que conciben que, en momento de crisis y alto riesgo, pueden imponer precios a su antojo, para recuperar la inversión” lo más antes posible.
