Conflicto en tierras comunales “preocupa” a la Diócesis de Siuna

Ante el agravamiento del conflicto en tierras comunales en la Región Atlántica del Caribe Norte, las quince parroquias que conforman la Diócesis de Siuna, emitieron un pronunciamiento dirigido al Estado de Nicaragua, comunitarios y sociedad en general, para "dar a conocer lo que nos duele en este tema" y aportar "los principios que creemos que deben regirnos para abordar la situación”.

“Lo que nos duele y nos preocupa (es) la violencia, al extremo de pérdida de vidas humanas, que está generando el conflicto”, dice parte del pronunciamiento en referencia a los asesinatos de cuatro indígenas del territorio mayagna Sauní As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, ocurrido el 29 de enero.

En la masacre, dirigida por unos 80 colonos que intentaban desalojarlos de sus tierras, murieron Arly Samuel Gutiérrez, de 19 años y Juan Emilio Davis Gutiérrez, de 40 años, quienes fueron encontrados junto al río Kahlkah. También Cristino López Ortiz, de 24 años, y Amaro Rener Hernández, de 25.

Los religiosos expusieron que el avance de la frontera agrícola está afectando la vida de las comunidades y a la misma naturaleza, que “está siendo mirada como un medio de lucro”. También señalaron el incumplimiento e irrespeto de la ley, y el silencio y pasividad de las instituciones del Estado ante estas violaciones y al conflicto en tierras comunales que se ha generado.

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“Nos duele el debilitamiento de la capacidad de representación en las comunidades para abordar sus problemas y en concreto este tema de la tierra”, continúa el pronunciamiento, que remarca que los principios éticos y cristianos para el abordaje del problema de tierra gira en torno a seis puntos.

Por un lado, enfatizan en el respeto al derecho a la vida de todo ser humano, a la Constitución y las leyes de Nicaragua. Es fundamental respetar la Ley de Régimen de propiedad de los pueblos indígenas, a la madre tierra y sus recursos naturales, y la cosmovisión de los pueblos.

“Proponemos para enfrentar el problema (conflicto en tierras comunales) la creación de un foro, donde representantes de nuestras comunidades puedan debatir esta problemática con las principales instituciones relacionadas con este conflicto, para hacer propuestas concretas que ayuden a un abordaje integral y urgente de esta situación”, sugiere el pronunciamiento.

Los religiosos remarcaron que dicho documento tiene fundamentalmente el deseo de enfrentar el conflicto de tierras en la región para lograr consensuar caminos que “encuentren una solución justa, dialogada y pacífica”.

La respuesta de la dictadura ante el conflicto

Hasta ahora los autores de la masacre de la comunidad de Alal continúan libres y cometiendo crímenes en el territorio mayangna Sauní As. Lo que hizo el régimen de Daniel Ortega fue repartir “solidaridad, víveres y material deportivo” entre algunas de las víctimas. Acción que fue interpretada por comunitarios como una intención de sacar provecho político de la tragedia.

La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, reclamó que el régimen ha sido “cómplice” de las matanzas en las comunidades indígenas desde el año 2015, debido a que “no ha hecho nada” para sanear los territorios comunales y por el contrario intenta “minimizar” la invasión de los colonos en áreas protegidas.

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“El Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad para proceder a dilucidar los hechos de asesinatos y buscar a los desaparecidos, a fin de proteger a los indígenas en su territorio. Hoy ha quedado esto (la masacre de Alal) en total impunidad y la falta de acceso a la justicia (es evidente) porque no se ha castigado ni responsabilizado a ningunos de los autores materiales e intelectuales”, expresó Cunningham.

A criterio de la defensora de derechos humanos “el Gobierno ha apoyado de forma clientelar a los colonos” al evadir “su responsabilidad de investigar” los hechos y enjuiciar a los responsables. “Más bien han realizado algunas campañas de desinformación y que eso no va a contribuir a que las personas que vienen cometiendo estos hechos (delitos) tengan temor, porque no se ha hecho justicia y los colonos continúan con las mismas acciones violentas de comunidad en comunidad”, continuó.

Una semana después de la matanza “el Gobierno fue entregar una comidita y mochilitas, pero eso es una responsabilidad de las autoridades del Estado, pero no están haciendo ninguna acción concreta para proteger la vida y el territorio de las comunidades indígenas”, subrayó Cunningham.